El Hospital de Oscorima
Jans Erik Cavero Cárdenas
El Presidente Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sueña con un hospital regional de categoría III.1 para la atención de todos los ayacuchanos. Este sueño, sin embargo, no será realidad en el corto plazo, sino que podría concretizarse a fines del 2013 o a inicios del 2014, último año de gestión regional. Si Oscorima es revocado antes, será el próximo presidente regional quien tendría el honor de inaugurar el gran nosocomio.
Contar con un hospital de calidad en Ayacucho es una necesidad impostergable para una región cuyos niveles de desnutrición crónica y mortalidad materna infantil son realmente alarmantes. Apostar por una infraestructura hospitalaria de impacto constituye una iniciativa que todos deberíamos saludar, pero hay que rechazar los discursos demagógicos que Oscorima vocifera cuando está frente a su periodismo servil.
¿Por qué la idea de un nuevo hospital en el corto plazo resulta pura demagogia del presidente regional? Porque una infraestructura de tamaña envergadura requiere procesos de selección que toman su tiempo, además de una serie de procedimientos y actividades que lamentablemente no son sumarios. Lo fundamental para llevar adelante un proyecto de inversión pública es el presupuesto. Sin recursos públicos no se puede ejecutar una obra.
Según el proyecto de presupuesto público 2012 sólo se ha destinado 44 millones de soles para el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital regional de Ayacucho. Pregunto a Oscorima: ¿de dónde se obtendrá el saldo para construir y equipar un nuevo hospital? De acuerdo a especialistas consultados, un hospital categoría III.1 requeriría unos 250 a 350 millones de soles aproximadamente. Si el presupuesto total asignado a la región es de 624 millones, ¿Cómo se financiará esta infraestructura en un 1 año?
Para que el sueño de Oscorima se haga realidad en el corto plazo existen 2 formas: Ejecutar la obra en 3 ó 4 años, de forma tal que el presupuesto asignado anualmente alcance para realizar el pago; o recurrir a una Asociación Público Privada, de forma tal que el privado desembolse el saldo que requiere la obra, a cambio de darle en concesión el hospital para que en 30 ó 40 años recupere la inversión. A pesar de estas salidas, existe una restricción racional: Lo máximo que Ayacucho puede tener es un hospital categoría II. Pretender un nosocomio categoría III.1 es como pretender un hotel 5 estrellas para Vinchos.
Al lado de la cuestión presupuestal y racional existe una cuestión meramente temporal. Si mañana el GRA toma la decisión de construir y equipar un nuevo hospital requiere un nuevo Expediente Técnico. Según algunos entendidos, la elaboración de un expediente técnico demandaría entre 7 y 9 meses como mínimo. Si a ello se suma el tiempo que demandaría el proceso de selección para dicha elaboración, más algunos meses para la revisión y corrección del expediente, estamos hablando de 1 año como mínimo. El proceso de licitación para la ejecución de la obra demora entre 1 y 2 meses, siempre que no existan impugnaciones; el plazo para la celebración del contrato, 1 mes; la ejecución misma, 1 año. En total, se requiere como mínimo 2 años para tener un hospital operativo, razón por la que el actual discurso presidencial sobre un hospital III.1 es pura demagogia y un engaño al pueblo.
Lo que Oscorima y sus funcionarios deben explicarle a la ciudadanía es el monto que está pidiendo el Consorcio Hospitalario en el arbitraje suscitado a raíz de la resolución contractual. La pretensión arbitral oscila entre 20 y 25 millones de soles. Si el GRA pierde el arbitraje quedará demostrado que incumplió sus obligaciones contractuales, debiendo pagarle al consorcio esta friolera cifra. ¿Quién será el perjudicado? El pueblo de Ayacucho, pues se trata de dinero público y no de los casinos y tragamonedas que Oscorima regenta.
Los directivos del consorcio están muy seguros de ganar el arbitraje. Para ello han contratado un estudio jurídico de nivel, encargado de defender la pretensión del consorcio. Los honorarios por este concepto ascenderían a un monto cercano al millón de soles. ¿Qué firma defenderá al GRA?, ¿los altos funcionarios del GRA han preparado una defensa contundente?, ¿se repetirá la experiencia funesta de Odebrecht?
Esperemos que el GRA gane el arbitraje, caso contrario los ayacuchanos pagaremos una deuda histórica por la que no hemos tenido responsabilidad alguna. ¿Y los funcionarios públicos? Los responsables por este lamentable desenlace deberán concurrir ante los tribunales y asumir con hidalguía la pena impuesta si son declarados culpables.
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