El Ejecutivo, después de haber cambiado a cuatro ministros de Defensa e Interior en un año, y con los actuales ministros de estos sectores a días de haber asumido el cargo, sorprendentemente ahora ha solicitado al Congreso otro pedido de facultades –el cuarto en un año–, en este caso, para efectuar una “amplia” reestructuración de las FF.AA. y la Policía Nacional, modificando las estructuras orgánicas de sus ministerios, creando nuevos organismos y cargos, y cambiando el régimen remunerativo y pensionario de su personal.
Al respecto, recordemos que desde hace más de dos décadas, las reformas o restructuraciones integrales de las FF.AA. –cuatro en dicho período–, solo han estado dirigidas hacia aspectos de carácter organizativo, cambios de normas y reglamentos, así como de control administrativo y logístico, pero nunca, hacia el logro de una seguridad nacional real y efectiva mediante la estructuración de una política de defensa, la cual no existe en nuestro país, por lo que cada gobierno –como en este caso–, pretende asumir la política de seguridad y defensa nacional que mejor le parece.
Cualquier reforma o reestructuración de las FF.AA. debería efectuarse a través de una política de defensa configurada sobre la base de las amenazas y nuestros objetivos nacionales y estrategias de desarrollo, para el establecimiento de una concepción estratégica que canalice un plan de modernización y recuperación del material para revertir la deplorable situación de nuestras unidades, y alcanzar un grado de operatividad y disuasión para poder cumplir el mandato constitucional de garantizar la seguridad de la Nación mediante el sistema de Defensa Nacional (art. 163).
Del mismo modo, con el pretexto de tratarse de un “asunto urgente y prioritario”, el gobierno pretende ejecutar, a puertas cerradas y en secreto, una oscura y arbitraria restructuración salarial y pensionaria del personal de las FF.AA. y la Policía, la cual ha sido elaborada por el ministro de Economía, sin conocimiento ni opinión de los institutos, y con la que se intentaría, de manera inconstitucional, eliminar la pensión renovable y los derechos adquiridos de sus pensionistas, viudas, discapacitados y deudos.
Bajo este panorama, la seguridad y defensa del país es un asunto de importancia suprema por tratarse de intereses nacionales, integrales y permanentes, de soberanía, integridad del territorio y del patrimonio de la Nación, por tal motivo, cualquier reestructuración que pretenda efectuarse, debería ser tratada y debatida de forma reflexiva, clara y transparente, y no a puerta cerrada y en secreto, como pretende ejecutarla este gobierno.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de agosto de 2012
