José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP (Perú)
Un nueva Ley para los profesores del Perú se empieza a discutir a propuesta del gobierno del Presidente Ollanta Humala con la denominación Ley de Desarrollo Docente (LDD), que debe ser aprobado por el Parlamento para su promulgación, reglamentación y ejecución. La nueva norma reemplazaría a la denominada Ley del Profesorado (LP, 24029) de 1984, modificada por la Ley 25212 en 1990; también sustituiría a la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM, 29062) promulgada por el segundo gobierno aprista el 2007.
La Ley de 1984 y su modificación de 1990 fue, sobre todo, el fruto de una larga lucha del magisterio organizado en su sindicato, el SUTEP, increíblemente con la oposición de los senderistas que ahora dicen luchar para defenderla (hay que reiterar su eslogan de aquellos años: “la ley no se come”). Igual ocurre con los apristas, quienes consideraban que la LP les pertenecía, pero hoy la consideran indefendible, comprometidos, como están, con el programa neoliberal de su nuevo socio político, el fujimorismo con su impronta corrupta y todo.
La Ley 29062, en cambio, fue promulgada al margen de las opiniones del magisterio y su sindicato, producto de un largo proceso de imposición de la reforma educativa neoliberal, privatizadora de la educación y con una política de desregulación del trabajo docente para, en el mediano plazo, desligar las relaciones laborales de los maestros con el gobierno central. No es casual que los 55 mil docentes incorporados a la LCPM empiezan de cero, hablando de su tiempo de servicios, sin los derechos establecidos en la LP, sometidos a evaluaciones estandarizadas con nulo valor pedagógico.
No se sabe aún los contenidos que finalmente tendrá la nueva Ley, pues los apristas y fujimoristas, amén de otros sectores neoliberales del desacreditado Parlamento, están dispuestos a defender todo lo que contiene la LCPM, sin ninguna concesión a los derechos reivindicativos de los maestros. En tal escenario, preferimos establecer algunas cuestiones previas que permitan entender lo que hoy se propone desde el gobierno como nueva ley docente y qué posibilidades tienen los maestros para defender sus derechos como profesionales y trabajadores de la educación.
La cuestión del nombre de la Ley
Tengo la certeza de que los autores del Proyecto han querido distanciarse de las leyes que pretenden derogar y han elegido una denominación que contiene los dos aspectos que comprende ser maestro: el de agente principal de la educación, formador en las aulas y responsable principal del proceso enseñanza-aprendizaje; y el de sujeto de derechos como trabajador de la enseñanza. Según estos criterios la denominación (LDD) sería pertinente, pero observando que no se aleja de la concepción neoliberal que contiene la LCPM.
Y no es que en las dos leyes en cuestión falten los dos aspectos, pero en la LCPM, con el pretexto de la evaluación, prácticamente se elimina el aspecto de los derechos con un enfoque individualista de la tan mentada meritocracia en tanto “los mejores maestros” llegarían a los últimos niveles del escalafón, consecuentemente a percibir salarios “envidiables” para “los peores maestros”, con la consecuencia inevitable de que la mayoría de niños y adolescentes estarían condenados a tener maestros supuestamente ineficientes. En el fondo de este enfoque de la carrera docente está el objetivo de elitizarla para, (1) concentrar el gasto salarial en un grupo pequeño, ahorrando recursos fiscales; (2) dividir a los maestros para debilitar su organización sindical dando paso a un nuevo sindicato de magísteres y doctores en educación, requisitos para acceder a los niveles IV y V. Con esta visión, en el supuesto negado de que sea sincera, nunca se podría mejorar, por lo menos, el destartalado sistema educativo peruano,
pues con un grupo mayoritario de maestros mal pagados y considerados “comechados”, burros” e “ineficientes”, seguiríamos en la misma ruta de la crisis de la educación. Pero como todos los gobernantes del Perú actual, desde alcaldes hasta parlamentarios, magistrados del Poder Judicial, burócratas adecuadamente remunerados, empresarios, amén de empleados privados con cierta holgura salarial, no tienen el menor interés de defender la escuela pública, salvo como pose electoral, ni les interesa el destino de los maestros de esa “escuela de los pobres”, pues el ascenso social de sus vástagos está hoy en la educación privada que les seguirá asegurando formar parte del puñado de privilegiados.
Si con el nombre de la nueva Ley que se pretende aprobar muy pronto se logra alejarse de la visión neoliberal de la carrera pública magisterial, se podría contribuir, por lo menos en algo, a superar una parte del problema de la educación peruana, que no es, centralmente, el desempeño docente.
La cuestión del papel de los maestros en la crisis de la educación
Es decir, de la Ley que establece sus derechos y obligaciones. En los tiempos que corren desde la imposición de la reforma educativa neoliberal, hace ya 20 años, se ha vuelto un lugar común para “expertos” e ignorantes en teoría educativa que el culpable de la crisis de la educación en el Perú es el magisterio de la escuela pública. Este discurso se viene repitiendo y está en la base de toda la argumentación que propicia la evaluación estandarizada de los maestros para “seleccionar a los mejores”. El Banco Mundial ha promovido esta visión en todos los países latinoamericanos a partir de la desastrosa experiencia chilena que está exhibiendo hoy el fracaso de la reforma neoliberal, donde los únicos que no han fracasado son los dueños de la educación privada subvencionada por el Estado chileno, con altas tasas de ganancias y resultados de mayores desigualdades educativas, reforma que va atada al programa económico neoliberal de los “Chicago Boys”. Los reformadores y evaluadores neoliberales pueden sorprender con su mediocre teoría a los que desconocen los procesos de reforma que, bajo esos parámetros, se han producido en Colombia, Honduras, México, la Nicaragua bajo el neoliberalismo de los 90 del siglo XX, Bolivia de Sánchez de Lozada, etc., experiencias analizadas, con algún optimismo, por el profesor José Rivero en un libro singular escrito en aquella dácada.
Lo que están defendiendo apristas y fujimoristas es la idea de que no importa el salario de un maestro para que su trabajo sea eficiente ya que logrará ser mejor remunerado cuando haya demostrado ser “el mejor”; mientras tanto, unos 25 años en el mejor de los casos, que siga enseñando y dedicándose al mismo tiempo, para sobrevivir, a otras actividades: taxista, cantinero, profesor en escuelas privadas en uno de los turnos, jornalero en las plantaciones de la burguesía agraria de la costa, vendedor ambulante, ente otras actividades, de las cuales, entre las profesoras, sobresale la venta de los productos de UNIQUE, actividad que les demanda el precioso tiempo de no menos de 3 horas al día.
El papel del maestro en un sistema educativo es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no va más allá de las condiciones sociales que influyen en la escuela, sus propias condiciones de existencia material y espiritual. Su preparación profesional, su vocación forjada a lo largo de esa preparación y del ejercicio mismo de la docencia, su mística como forjador de nuevas generaciones: todo tiene sus límites si la sociedad, a través del Estado, desatiende sus necesidades materiales y espirituales. Para los neoliberales esta visión carece de valor, pues, para ellos, cuanto menos se gasta en la escuela pública más espacio se abre para la expansión de la educación privada. Los apristas se han convertido en los más entusiastas gestores de la visión neoliberal de la educación con el negocio redondo de la Universidad Privada San Martín de Porres bajo la rectoría del ingeniero industrial José Antonio Chang, donde regentan una “Escuela de Gobernabilidad” bajo la batuta del señor Alan García Pérez, cuyos dos gobiernos son objeto de sendos juicios por corrupción, con indicios y hasta pruebas, lo que significa que su “escuela” es un modelo de lo que no se debe hacer en educación ni en gobernabilidad.
La cuestión del papel del sindicato magisterial
La Resolución Relativa a los Maestros que la UNESCO aprobó el 5 de octubre de 1966 establece que los estados tienen la obligación de tener en cuenta las opiniones de los enseñantes o maestros sobre políticas educativas. El Perú es firmante de esa Resolución, que además establece la obligación de reconocer los derechos laborales y profesionales de los docentes, incluyendo el derecho a la sindicalización.
Si hay una organización que se ha preocupado permanentemente por el derecho a la educación pública gratuita e integral de todos los peruanos, de la igualdad de oportunidades para todos, de los derechos de los maestros como profesionales y como trabajadores, ha sido el sindicato, el SUTEP, fundado en 1972. Su crecimiento y consolidación como sindicato único se explica por esa consecuencia en la lucha, incluso unida a la resistencia contra todo tipo de dictaduras (uno de los ministros del segundo gobierno del ex Presidente Fernando Belaúnde Terry llegó a decir que durante la dictadura militar de 1968-1980 el SUTEP había salvado la dignidad nacional), mientras los grupos políticos que se unen hoy para combatir al sindicato y oponerse a participar en el proceso de evaluación de los maestros, se coludieron con esas dictaduras y, como es el caso del APRA, asumieron el programa neoliberal de una de las dictaduras más sucias de la historia republicana del Perú: el programa del fujimorismo.
Apristas y fujimoristas tienen doble razón para defender su sacrosanta LCPM, incluso para conservar el mismo nombre en la futura Ley. La principal, mantener los contendidos individualistas de la meritocracia y su evaluación estandarizada, elitistas, de la profesión docente. La segunda, políticamente necesaria para ellos, presionar y chantajear al gobernó para propiciar, por el lado del fujimorismo, medidas judiciales favorables a la mafia en cárcel, aprovechando la ventana abierta por el magistrado fujimorista Javier Villa Stein. Por el lado de los apristas, el chantaje para frenar la investigación que pesa sobre su segundo gobierno por corrupción, pero también por el juicio contra el grupo criminal Rodrigo Franco de su primer gobierno.
El intento actual de promulgar una nueva Ley Docente no se da al margen de la lucha del sindicato de maestros, el SUTEP. Sin su lucha contra ese engendro antipedagógico, antimagisterial y antisindical, la LCPM 2007, no estaríamos en esta etapa de nueva formulación. La persistencia de los sutepistas para traerla abajo no puede ser desconocida por nadie; y los apristas y fujimoristas, amén de todos los neoliberales que defienden la privatización de la educación y la situación de pauperización de los maestros de la escuela pública., lo saben perfectamente. El propio Presidente Humala tuvo que ofrecer restituir los derechos de los docentes para obtener el apoyo de ese sector de trabajadores estatales.
El sindicato, aún con la nefasta presencia del senderismo y su plan divisionista, y de un sector de maestros que siempre han demostrado su indiferencia, cuando no su oposición al SUTEP, seguirá cumpliendo su papel como factor de la lucha por sus derechos magisteriales y por una nueva educación en el Perú, sobre todo por defender la dignidad de los maestros, vistos por los poderosos y sus operadores como “maestritos” que solo tienen derecho a un salario de hambre, casi a ser mendigos y sujetos a las acusaciones más arbitrarias en materia educativa.
Si los “ilustres” legisladores logran aislar al SUTEP de los procesos de evaluación docente y, acaso también, hasta de las comisiones de trabajo administrativo, ello no será una decisión que perjudique principalmente al sindicato, sino a la propia educación, pues la plaga de la corrupción en los organismos intermedios del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales tendrá carta libre para mantenerse y acrecentarse. Me consta, como ex dirigente del SUTEP, que el sindicato ha tenido un rol de primer orden en la fiscalización de las evaluaciones, procesos administrativos y de contratos, incluso en las direcciones de escuela, lo que me recuerda que mi subrogación (al lado de otros maestros en Alto Amazonas, Loreto) de 1976 tuvo como motivo “castigarme” por denunciar irregularidades en un colegio, mientras que los juzgadores y cómplices fueron premiados con cargos de confianza.
Los neoliberales creen que aislando al SUTEP resolverán el problema de la enseñanza, o destruirán al sindicato. Pero su posición, además de ser antidemocrática, al quitar responsabilidad a los maestros de la marcha de la administración de la educación, no sustraerá al gremio la libertad de fiscalizar los procesos administrativos, sin necesidad de tener responsabilidad alguna en ellos. Por el sistema de corrupción imperante en el Perú, la decisión neoliberal sobre la no participación del SUTEP en la evaluación de los maestros tendrá efectos contraproducentes para los supuestos objetivos moralizadores de los apristas y fujimoristas, quienes, en el colmo de la ignorancia, dicen pretender evitar que “el gato sea el despensero”, como ellos lo han sido en el manejo del Estado.
Debe quedar claro que el SUTEP tiene todo el derecho de ser considerado como parte en los procesos administrativos y las comisiones correspondientes. Que el Estado no considere esa posibilidad es de su absoluta responsabilidad por las consecuencias que esa decisión traería.
La cuestión de los derechos docentes
Según la lectura del primer proyecto de la LDD hay un conjunto de derechos magisteriales recogidos de la LP, aun cuando no se fija bien el derecho a la estabilidad laboral, fundamental para los maestros y para todo trabajador, derecho tan venido a menos en el Perú neoliberal que vivimos, en aras de la “productividad” y la “competitividad”, cuando no de la “calidad del servicio”.
Los docentes de la escuela privada están fuera del alcance de la futura Ley, prueba de que esta no está lejos a de la concepción neoliberal de mantener la división del sistema educativo que prioriza la privatización de la enseñanza. Este enfoque es congruente con el origen social, político y educativo de los coautores de la Ley, desde el Presidente de la República cuyas hijas estudian en la escuela privada, hasta los propios conductores del Ministerio de Educación cuyas concepciones pedagógicas son afines a las del Consorcio de Educadores Católicos, promotores de gran parte de la educación privada. En un marco de concepciones privatizadoras de la educación cualquier reforma que pueda disminuir el peso de lo privado es, simplemente, imposible. Las buenas intenciones y hasta las expresiones de “compromiso con los pobres” carecen de importancia para dignificar a los maestros y crear las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de la función docente.
La cuestión del “qué hacer” frente a la nueva Ley
El hecho mismo de una nueva Ley Magisterial constituye una derrota política al proyecto aprista-fujimorista que buscó dividir a los maestros (“excelentes” / “mediocres”) y al sindicato creando una “elite” mejor remunerada por igual trabajo, hecho contrario al principio laboral universal de “igual remuneración por igual trabajo”, lo que solo puede variar con el tiempo se servicios y el acceso en la escala de carrera profesional.
Es evidente que la derrota fuji-aprista es, en gran parte, una victoria del SUTEP Y de la gran mayoría de los maestros que, con la sabiduría acumulada en 40 años de lucha por sus derechos, rechazaron la política magisterial de esencia neoliberal., pese a la exuberante propaganda desplegada por el gobierno aprista usando a supuestos maestros que coreaban las “bondades” de la LCPM en la TV y en las emisoras radiales. Es casi unánime el positivo criterio de la unificación del magisterio peruano en un solo sistema laboral, necesidad no solamente magisterial, sino educativa.
La nueva ley Magisterial rescata parte de los derechos establecidos en la LP, aunque sin ser especificadas en términos económicos y de financiación.
La presencia de la “meritocracia” como concepción fundamental es parte de la visón neoliberal del gobierno actual y de los coautores del Proyecto, lo que con toda seguridad será refrendada por los congresistas, pues gran parte de ellos son los mismos que dieron su aprobación a la LCPM del gobierno aprista; y casi todos carecen de la capacidad cultural suficiente como para discutir el problema de la educación nacional con criterios plausibles. La concepción meritocrática pretende ser llevada a toda la administración pública y será una fuente permanente de contradicciones entre los trabajadores y no necesariamente factor de eficiencia en el manejo del Estado.
El Proyecto de LDD mantiene el sistema de los contratos para el ejercicio de la docencia durante todo el año lectivo. Los contratos para cubrir licencias o para cubrir horas excedentes son razonables y siempre han existido; pero seguir manteniendo a miles de docentes en contratados no contribuye a mejorar el rendimiento docente ni dar continuidad al proceso enseñanza aprendizaje en las escuelas.
El nuevo proyecto introduce el cuestionable criterio de medir la eficiencia docente según el resultado de los aprendizajes con mediciones que traspasan la evaluación de los maestros en el aula, cuya labor evaluadora quedará sencillamente desautorizada, aprendizajes que “deben producirse” al margen de las condiciones de existencia de los estudiantes, del estado físico de las escuelas y sus carencias pedagógicas que escapan a las posibilidades de los propios maestros. En este procedimiento también está la teoría productivista traída a la educación desde las empresas de la producción material.
En las condiciones actuales del magisterio peruano, principalmente del SUTEP, queda la posibilidad y necesidad de analizar adecuadamente los alcances de la futura LDD según el Proyecto de Ley entregado al Parlamento por el sindicato, que recoge y actualiza lo establecido en la LP, y exigir que la representación sindical sea tenida en cuenta. De ser negada esta posibilidad, el SUTEP tiene todo el derecho de expresarse públicamente y mantener su lucha reivindicativa. Por lo demás, la nueva Ley no reivindicará plenamente a los maestros peruanos, principalmente por los ingredientes neoliberales que mantiene. Considerarla un paso importante no puede hacer ocultar sus limitaciones. Esto lleva a preparar las fuerzas para seguir exigiendo las reivindicaciones no consideradas, incluyendo la lucha por un presupuesto adecuado para la educación, la consideración de los maestros de la educación privada y de los cesantes y jubilados, ambos sectores ausentes en la futura Ley.
Solo un análisis integral del Proyecto de LDD y de la Ley aprobada, con la evaluación de las posibilidades reales del sindicato, se podrá orientar a los maestros para proseguir la lucha por sus justas reivindicaciones y por la defensa de la educación pública gratuita, universal e integral, aspectos indesligables para los maestros.
Ex ministros, ex funcionarios de la burocracia administrativa del Ministerio de Educación y “expertos” que nunca se han opuesto a la reforma educativa neoliberal y su política magisterial, se esmeran hoy en ofrecer sus aportes, sus críticas y hasta su aprobación al contenido de la futura Ley. Nada hicieron por cambiar el armatoste neoliberal en educación, más bien se convirtieron en soportes burocráticos de lo hecho por el fujimorismo y de su prolongación programática actual.
El erróneo mensaje que hoy circula desde el gobierno, desde los “expertos” y desde los medios de comunicación es que con la nueva Ley Docente los maestros aseguran la superación de la crisis de la educación peruana. Mensaje confunde reforma educativa con nuevas condiciones de trabajo para los docentes. Una Ley Docente, más justa que sea, carece de la fuerza suficiente para transformar el sistema educativo en crisis. Esa transformación dependerá de una reforma educacional de fondo. Es la batalla más grande que deben dar los maestros.
La unidad de los maestros, ahora mejor condicionada en torno a un solo sistema laboral, es la tarea central organizativa, especialmente en el sector de los maestros jóvenes que, en las últimas dos décadas, han sido formados con criterios pedagógicos neoliberales e individualistas.
El escollo más difícil de salvar es la división construida por el senderismo con un movimiento centrífugo aprovechando las justas aspiraciones de un sector radicalizado de maestros del sur del país. En el fondo es un movimiento economicista utilizado por el senderismo para sus fines políticos: ensanchar su influencia para exigir la liberación de sus líderes, por un lado, y apoderarse de la dirección del SUTEP, por otro. En su movimiento huelguístico se une el anarquismo más irresponsable con el economicismo de las masas magisteriales descontentas que no ven el problema de conjunto. A los fujimoristas y a los apristas les favorece este movimiento, pues ellos también quisieran de todo se convierta en nebulosa para ocultar sus trapacerías. Como dijo Robespierre cuando deslindaba contra los “radicales” que pregonaban la guerra y los moderados girondinos que buscaban la salvación del Rey Luis XVI, “ambos polos se juntan”, en este caso los senderistas y los fuji-apristas para destruir el SUTEP.
