por Walter Seminario Mogollón; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Una sociedad que poco se preocupa por los derechos sociales de los médicos que atienden los servicios de salud de la población, da la impresión que está enferma de insensibilidad o sencillamente el civismo de sus diversos sectores late con pulsaciones de tan débil intensidad que revela la fragilidad de nuestro sistema comunitario.
Como sociedad organizada, tenemos una Constitución política, sancionada en 1993, con una serie de disposiciones, que sin embargo, las autoridades y responsables de hacerla cumplir, omiten realizarlo. La desidia, incompetencia, ignorancia y no es del caso pensar, cálculo político, son probablemente los factores que intervienen en el mantenimiento de esta situación que desalienta a la población y desmotiva a jóvenes que estudian esta larga profesión o a los médicos ya graduados que aprecian como la injusticia contamina su vocación de auténticos servidores públicos.
No es posible que los médicos peruanos hayan iniciado una huelga médica que persigue reivindicar derechos económicos y sociales y trabajar de acuerdo a las condiciones de dignidad que su servicio social demanda y el Estado peruano sea incapaz de resolver desatendiendo deberes primordiales que la ley principal del país le fija.
Basta leer el artículo 4 de la Constitución que establece que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono.” ¿Es acaso que la persona debe encontrase en situación de emergencia para ser atendido en los servicios de ESSALUD, por la prestación que espera, al contribuir desde que ingresa a trabajar y sufrir los descuentos que la ley ha dispuesto?
¿Cómo puede tolerarse la declaración del principal funcionario del sistema de ESSALUD que sostiene que las cuentas que él administra “se hallan en azul”. Eso indica, no que sea un buen administrador sino alguien que no prioriza la salud, ni la calidad del servicio, ni se fija en el rendimiento de médicos, enfermeras y trabajadores en general. Lo que interesa es que las cuentas se hallen en azul.
Pero lo que produce grave alarma es la absoluta desconsideración de un Consejo de Ministros que juramenta dirigir y gestionar los servicios públicos en los portafolios que se les asigna, señalándole el tercer inciso del artículo 125 la atribución de “Deliberar sobre asuntos de interés público”, pero tal deliberación no los encuentra a ellos como espectadores de la problemática nacional sino como actores y agentes principales en la búsqueda de soluciones que afligen a nuestros trabajadores, más aún cuando éstos tienen como empleador al Estado mismo.
No escapa a nuestra llamada de atención al Congreso de la República cuyas comisiones dejan correr los días y la opinión pública carece de la información hasta dónde llegan sus tareas de control político respecto de lo que las autoridades del Ejecutivo efectúan para resolver este importante problema.
¿Las instituciones que agrupan a profesionales de otros quehaceres sociales, económicos y culturales no forman parte del tejido colectivo que cincela la conciencia social y toman posición frente a este conflicto? ¿Es que el bienestar general se reduce a los beneficios que pueden lograr los miembros de un específico gremio? ¿Es acaso que los vínculos de solidaridad de las instituciones no se extienden siquiera a promover un llamamiento a la autoridad para que se interesen en resolver los problemas de otro grupo social?
La dignidad del médico peruano está siendo lesionada, por eso, invocando el derecho de expresión, me veo en el deber de protestar por el maltrato que los émulos de Daniel Alcides Carrión vienen sufriendo y que las instituciones resignen sus responsabilidades en hacer que nuestra Nación mantenga el orgullo de ser una comunidad solidaria, libre y luchadora por la justicia social.
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