Jans Erik Cavero Cárdenas*
La ola de crímenes desatada por la delincuencia común y organizada ha puesto en cuestionamiento la eficiencia del Gobierno en la gestión de la seguridad ciudadana. Según el Barómetro de las Américas, 2012, el Perú ocupa el primer lugar en percepción de inseguridad ciudadana, mientras que Lima es la segunda capital con mayor percepción de inseguridad, detrás de Ciudad México y por encima de capitales como Ciudad de Guatemala, Caracas, Puerto Príncipe, etc.
Ciertamente, el índice de percepción ciudadana no es igual al índice de criminalidad o delincuencia; sin embargo, el sentir social significa mucho para la gobernabilidad de un sistema político, por cuanto un gobierno se legitima, entre otras cosas, por la aceptación de su sociedad. El problema es que la seguridad ciudadana, al igual que el narcotráfico o la corrupción, es un fenómeno complejo de abordar, lo que no debe servir como pretexto para justificar la ineptitud o inacción de quienes están llamados a formular políticas públicas en seguridad interna.
Desde la década del 90, los partidos políticos, organizados o no, han ofertado propuestas programáticas para encarar la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado; sin embargo, llegados al poder, poco o nada han hecho para implementar proyectos o programas generadores de bienestar colectivo. Por esta razón, no me parece aceptable que ahora se rasguen las vestiduras quienes antes tuvieron la oportunidad de gestionar el orden interno del país y fracasaron contundentemente.
La gestión de la seguridad ciudadana le va mal a Ollanta, como le fue mal a García, Toledo, Fujimori. Día tras día, año tras año, la delincuencia continúa arrebatándole la vida a policías y civiles. Lo peor de todo, es que los actores políticos creen que la solución al problema es normativa, e insisten en la dación de leyes, decretos, normas, que en su mayoría son letra muerta porque no forman parte de una planificación efectiva y sostenible, sino que obedecen a meras coyunturas políticas.
Tengo la impresión de que el actual Director General de la Policía Nacional no está ni para dirigir el tránsito urbano, a pesar de su buena voluntad. Por tanto, debería ser removido inmediatamente. ¿Un civil no puede ser Director de la Policía? Las normas improvisadas y las políticas públicas inefectivas son tan nefastas como la existencia de funcionarios o servidores incompetentes dirigiendo entidades públicas que, en el marco de sus funciones, se encargan de la seguridad ciudadana.
Si bien la responsabilidad primordial le corresponde al Ministerio del Interior, resulta inaceptable que el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad se impute exclusivamente al ministro del sector, o a los organismos públicos que dependen de él. El Parlamento, los presidentes regionales, los alcaldes, el Ministerio de Economía y Finanzas, los jueces y fiscales, son también responsables. No obstante, mientras el Gobierno y el partido de gobierno insistan en portavoces inadecuados, la lucha contra la inseguridad devendrá en otro fracaso más.
En el Congreso, la Comisión de Defensa, Orden Interno, Lucha Contra las Drogas, es presidida por José Urquizo Maggia, quien ha demostrado ser manifiestamente incompetente en el tema. Después de fracasar al frente del Ministerio de la Producción, recordemos el conflicto social de los pescadores de Paita, fue premiado con el Ministerio de Defensa, y ¿qué hizo? Condecoró a Óscar Valdés y se auto condecoró con la Orden Militar Francisco Bolognesi en el Grado de Gran Cruz (http://www.youtube.com/watch?v=K_T_5YDg63A). Días después, fuera del ministerio, Urquizo fue designado Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha Contra las Drogas del Congreso, y ¿qué ha hecho desde ahí?, ¿cuál es su real aporte para combatir efectivamente la delincuencia?
Por el contrario, esta comisión ha pretendido, vía una moción, arrebatarle el tema de seguridad ciudadana a una comisión ad hoc, presidida antes por Reggiardo y ahora por José León. Claro que la Comisión de Seguridad Ciudadana tampoco ha sido funcional, pero esta disfuncionalidad no puede ser usada para atribuirse, en sede parlamentaria, la titularidad exclusiva de un tema tan complejo, sensible, estructural, y acaso electoralmente atractivo.
Los foros, los eventos, las conferencias, son actuaciones bastante simplistas que no resuelven el problema de fondo, aunque sí son efectivas para llenarse de popularidad política, socializar con diversos actores, tener presencia mediática, etc. Lo último que podría pasarnos es que se use este tema, socialmente imprescindible, como trampolín electoral, tal cual han sido utilizados, y a menudo se utilizan, el hambre, la pobreza, la desigualdad, la injustita, la democracia.
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