Claro que es necesario que se promulgue una nueva ley en la administración pública, que uniformice los regímenes laborales existentes y regule las relaciones laborales en base al derecho y que a su vez, impulse a los trabajadores a brindar, con esmero, servicios públicos a la ciudadanía de buena calidad. Esto quiere decir, que en la formulación de la nueva norma, se proceda con un seriedad y un claro enfoque de Trabajo Decente y no de manera unilateral e interesada.
El dialogo social con la participación de todos los involucrados en el tema es la clave, porque se tiene que garantizar; a todos los trabajadores del estado, seguridad en el empleo, sueldos justos, plena transparencia en el reclutamiento y en los procesos de desarrollo de personal, irrestricto respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva y de todos los derechos individuales y colectivos adquiridos, pleno acceso a la seguridad social; y a la ciudadanía, servicios de calidad.
En ese orden de ideas, y a la luz de los argumentos tendenciosos contra los trabajadores vertidos por el desorden que reina en la administración pública y utilizados por los gobernantes y ex-gobernantes del país, para justificar la aprobación del proyecto de ley del Servicio Civil, dicho sea de paso hecho por el ejecutivo y dictaminado por la comisión de presupuesto en el congreso, por los mismos personajes; corresponde preguntarse, si es verdad que los trabajadores y trabajadoras del estado, son los responsables de que las cosas estén como están, en la administración pública.
Evidentemente que la respuesta es no; porque ellos, no son los que se encargan de la organización del trabajo en las dependencias del estado, tampoco de la asignación de funciones al personal en las dependencias públicas y menos aún de la definición de las políticas de reclutamiento, de compensaciones y de desarrollo de personal; los encargados de todos esos temas son, nada más ni nada menos, que los gestores, técnicos y políticos, designados por el partido de gobierno de turno.
Ahora bien, si en las últimas décadas han gobernado el país, el belaundismo con el PPC y el aprismo en los 80, el fujimorismo en los 90, el toledismo, el aprismo y el humalismo en los 2000; no nos debe quedar duda, que son dichos partidos los reales responsables de la situación de caos en la que se encuentra la administración pública fruto de las políticas neoliberales de contratación desnaturalizada, de despidos arbitrarios y masivos y de desconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva, que han implementado, porque los gestores fueron nombrados por ellos.
En suma, si hay desprestigiados por ello y si de despedir a alguien se trata, porque los tramites en el estado demoran, los perfiles, los sueldos y las condiciones de trabajo de los trabajadores, no son los adecuados y la gestión es un caos; esos son, nada más ni nada menos, que los gestores y los partidos políticos, que han gobernado y los nombraron y no los trabajadores; lo mismo se puede decir de las políticas neoliberales, fracasadas; el voto, dirá su palabra en las próximas elecciones.
Lima 2 de Junio del 2013
JULIO CESAR BAZAN FIGUEROA
Presidente CUT PERU
