Por Jans Cavero Cárdenas*
El Informe de Investigación sobre el Caso FORSUR, aprobado por el Congreso de la República, desnuda una extraña coincidencia: Detectó indicios de responsabilidad en un consorcio y una empresa, vinculados al rubro de infraestructuras.
Con motivo de la reconstrucción del sur, el Gobierno Regional de Ica presentó ante FORSUR el Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Ica”. La elaboración del expediente técnico se adjudicó al consorcio ATA-KUKOVA por 1’340,702; la ejecución de la obra, a COSAPI por 76 millones; y, la supervisión de la obra, a la empresa ATA por 5 millones y medio, integrante del consorcio que previamente elaboró el expediente técnico.
El Informe de Investigación FORSUR alude al Consorcio ATA – KUKOVA, postor en procesos de selección para la elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras; y a COSAPI, empresa ejecutora de obras. El informe concluye: “El expediente técnico fue elaborado deficientemente, lo que originó la aprobación de 7 adicionales de obra, incrementando el presupuesto contratado hasta por S/. 11’355,889.69”. De este modo se generó un perjuicio económico, siendo presuntos responsables el Consorcio ATA-KUKOVA, Julio Céspedes Mogollón -consultor supervisor de la elaboración del expediente técnico-, e Iván La Rosa Tong, ex Director de Infraestructura del MINSA.
En cuanto a la ejecución de obra, también se habría generado perjuicio económico al Estado, pues se le otorgó a COSAPI 499 días de ampliación de plazo, generando mayores gastos generales. La obra presupuestada en 76 millones se disparó a 97. Finalmente, y acaso lo más criminal: Se ejecutó la obra sin contar con la factibilidad de suministro de agua potable. ¿Se imaginan un hospital sin agua y alcantarillado? Por esta situación tendrían responsabilidad civil, penal y administrativa, todos los funcionarios que no repararon estas observaciones, y ciertamente COSAPI.
Como estamos en el país de la impunidad y la amnesia colectiva, no se efectivizarán las responsabilidades. ¿Quién se metería con semejantes monstruos de la construcción? La OSCE – por el sólo mérito del informe aprobado por el Parlamento – debería inhabilitar a estas empresas por un tiempo razonable, o imponer sanciones pecuniarias. Paradójicamente, estas empresas, solas o en consorcio, ganan licitaciones en diversas regiones. ¿Es esto coherente?
El Gobierno Regional de Ayacucho ha sido acaso el más incauto. ATA – KUKOVA se adjudicó la elaboración del expediente técnico del Proyecto Acari Bella Unión, por más de S/ 2 millones; ATA -consorciada con otra empresa- se adjudicó por S/ 3 millones y medio la elaboración del expediente técnico del Proyecto de Construcción del Sistema de Irrigación Caracha; KUKOVA, en consorcio, se adjudicó la consultoría de obra, estudio de factibilidad y expediente técnico del soñado hospital regional III-1, por S/ 8 millones.
