Por César Lévano
La violencia de las masas se expresó ayer en Lima y en muchas ciudades. Fue suscitada por decisiones autoritarias del Congreso y del Poder Ejecutivo. La prueba es que los protagonistas de los choques fueron los trabajadores estatales, los directamente afectados por una ley que los amenaza y que el presidente Ollanta Humala se apresuró a promulgar sin haberla estudiado.
El proyecto de esa ley, aprobado por el Congreso, fue enviado a Palacio el martes 2 de julio a las 5:30 de la tarde. Antes de medianoche ya estaba firmada por el presidente de la República y por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Sin duda que han tenido apenas para leerlo. Pero sabían que el contenido había sido inspirado por Luis Castilla, ministro de Economía.
El texto fue publicado ayer jueves 4, en El Peruano.
Ayer, La República dio a conocer una entrevista con la ministra de Trabajo, Nancy Laos, cuyo currículo la muestra como abogada de grandes empresas y hostil a los trabajadores. En el diálogo, la entrevistadora, Rocío Maldonado, le hace notar que la ley establece que si un trabajador desaprueba la segunda evaluación se va.
La ministra respondió:
“-Sí, así es, se va. No es lógico que el Estado albergue funcionarios ineficientes”. Ahí está la clave del dispositivo, que entrega a ministerios, municipios, gobiernos regionales y dependencias públicas de toda índole la posibilidad de lanzar a la calle a quien le parezca.
Es una amenaza real para 1’200.000 empleados públicos. Un consuelo de tontos es dejar los despidos en manos de “las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces” (artículo 26).
La frase final: “o las que hagan sus veces” introduce la arbitrariedad. Se puede prever que en caso de protesta o de denuncia por abusos o corrupción ese órgano vagamente definido puede ejercer el abuso del poder que el Ejecutivo comparte.
Dispositivos como ese confirman la prisa en la elaboración de la ley, una prisa probablemente dispuesta por la ministra del sector. Son producto de un Estado ineficiente, de lo que Jorge Basadre llamó el Estado empírico, que acompaña al abismo social.
La falta de diálogo, la sordera frente a las críticas, no conducen a la paz social. La violencia de ayer lo demuestra, y debiera obligar a la reflexión y la rectificación a los jerarcas del Ejecutivo.
Debe recordarse que las manifestaciones de ayer habían sido inicialmente definidas por la CGTP y otros organismos populares como jornada nacional de lucha para protestar contra la política social del régimen.
Profesores y estudiantes reclaman un debate más amplio del proyecto de Ley Universitaria. Hay allí mucha materia prima para el debate.
La Primera, 05.07.2013
