César Lévano
Nuestro diario dio a conocer ayer el planteamiento del abogado Guillermo Olivera, quien recuerda que el Tribunal Constitucional no puede resolver el caso de los bonos de la deuda agraria, pues el 15 de marzo de 2011 prescribió el plazo pertinente. De acuerdo a esto, el Tribunal no solo no puede actuar, sino que al intentarlo está violando la ley.
El artículo 2001 del Código Civil, consagrado a los plazos de prescripción, precisa en su primer parágrafo que a los diez años prescriben “la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad de acto jurídico”.
El abogado Olivera pide que su denuncia sea derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y que, cumplido el trámite reglamentario, el pleno congresal se pronuncie y permita inhabilitar a los miembros del Tribunal para toda función pública durante diez años y que se les denuncie por ocultamiento de documentos y por falsedad genérica.
Hay más de un aspecto vergonzoso en el caso. En primer lugar el hecho de que el afanoso presidente del Tribunal, Óscar Urviola Hani, trabajara 22 años como apoderado y gerente del Banco de Crédito, uno de los que compraron bonos a precio de regalo y quieren cobrar ahora miles de millones de dólares al Estado por esos papeles.
Fácil es deducir que Urviola mantiene vínculos amistosos con las altas esferas del Banco de Crédito.
Una pregunta surge aquí: ¿Urviola fue colocado en ese puesto para abogar por los banqueros o aboga por los banqueros solo por su buen corazón?
Otra faceta turbia es la desaparición de la solicitud que el Colegio de Ingenieros dirigió al Tribunal pidiendo el pago a los banqueros nacionales y extranjeros que poseen los bonos. Ese documento no se ha transmitido al Congreso, que es el demandado. Ocultamiento patente y sospechoso.
Otro abogado, Carlo Magno Salcedo, profesor de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha indicado que las sentencias estimatorias, como el fallo del propio Tribunal Constitucional de otra etapa (marzo de 2001) se ejecutan con la publicación de su texto en El Peruano.
Lo que ahora cabe, dice el doctor Salcedo, es que los dueños de los bonos exijan al Poder Ejecutivo su pago en efectivo. Si el Ejecutivo no cumple, pueden acudir a procesos civiles.
Bueno es recordar lo planteado por Reynaldo Trinidad, director de la revista especializada Agronoticias: que el Estado pague sin intereses a los dueños originales de los bonos, no a los especuladores inescrupulosos que quieren acogotar al país.
Los miembros del Tribunal, en defensa de su honor y de la majestad de la magistratura, deberían abstenerse, y preparar sus maletas.
Fuente
La Primera, 16-07-2013
