por Guillermo Olivera Díaz; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Entérese lo dicho, en La Primera de hoy, por el actual Decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Carlos Herrera Descalzi: ¡que el Tribunal Constitucional (TC) tenía conocimiento que el Decano CIP peticionario del 2011-2012, Juan Fernán Muñoz Rodríguez, tenía su mandato vencido! y que sobre eso había una controversia judicializada, pese a lo cual el TC no le exigió poderes con facultades actuales y específicas sobre una petición monstruosa, temeraria y con mala fe procesal que favorecía a terceros (los bancos tenedores de bonos) y no al CIP, al cual hoy este lío le causa más bien serios dolores de cabeza.
Lea estas declaraciones: “varios ingenieros me han dicho que esta sería una de las razones por las que prorrogó su mandato y es más, el Tribunal conocía de este hecho, porque hubo una controversia entre él y quien había sido decano del CIP de Lima, el ingeniero Luis Mejía y el tema se ventiló en el Tribunal, o sea el Tribunal sabía que en el año 2011 había un problema sobre la legitimidad de las dirigencias”.
Por lo tanto, hay fundadas razones para concluir que el TC y el CIP actuaron en pareja, pero la adjetivada como criminal, lo cual explica el doloso ocultamiento que hizo el TC de la solicitud temeraria de Muñoz Rodríguez desde el 5-10-2011 hasta el 16-7-2013 en que se resuelve.
En ella, no sé quién fue el íncubo y quién el súcubo; o si acaso actuaron en concierto igualitario de voluntades, cuyo iter criminis se debe desmenuzar, ante el Congreso de la República en la denuncia constitucional que se ha presentado contra los jueces del TC.
El tema es gravísimo, pues vía el delito concertado de los inescrupulosos personajes de dos instituciones se pretendería saquear de las arcas fiscales nada menos que una suma superior quizá a los 4,500 millones de dólares, por los cuestionados bonos de la reforma agraria, cuyo pago el TC lo ordena que se haga dolarizado y con el plus de intereses con tasa de los bonos del Tesoro Americano, o sea, intereses extranjeros, pero ordenados desde el Perú.
Realmente, esto no tiene nombre, salvo el de Delincuencia de Cuello y Corbata, esa de marca mayor, de la DBA de siempre o de los altos burócratas del crimen que sí paga.
Finalmente, ¿dupla criminal o trío criminal entre CIP, TC y tenedores de bonos?
Si el solo CIP y el TC hubieran concertado para lo peor contra el Perú, en materia de bonos agrarios, estaríamos ante una clara pareja criminal.
Pero, como ambos organismos, por sí solos, no tenían interés en cobrar bonos, porque no los tenían, sino terceros, los reales tenedores de esos jugosos títulos, entonces, se colige, que el CIP y el TC fueron instrumentos conniventes de los tenedores de los millonarios bonos, éstos, en calidad de inductores, por lo cual estamos ante un verdadero trío criminal.
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