por Luis Alberto Salgado T.
La repartija de puestos, de espaldas al pueblo y en contra del país, que pretendían hacer partidos políticos en el Congreso (gobiernista Gana Perú de O. Humala, Perú Posible de A. Toledo, Fuerza Popular de los Fujimori y PPC de L. Flores), para designar a los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), al titular de la Defensoría del Pueblo (DP) y a los del Banco Central de Reserva (BCR), ha fracasado estrepitosa y vergonzosamente. La componenda por intereses subalternos, como en su momento lo hizo en el Congreso pasado la mayoría del PAP de A. García en complicidad con el fujimorismo (ambos de ultraderecha), ha sido justa y severamente rechazada con una inicial reacción popular en las calles que revigoriza a nuestra sociedad y demuestra la capacidad de respuesta digna de sectores importantes de la ciudadanía.
Por cuestión elemental de decencia, todos - sin excepción -, los involucrados en ese proceso fallido deben retirarse definitivamente y no volver a participar. Esto no es cuestión menor ni accesoria. Aquí no se trata sólo de Rolando Sousa, Pilar Freitas, Cayo Galindo o Víctor Mayorga sino de todos los demás que aceptaron interesadamente participar a sabiendas de lo que ocurría y han reaccionado oportunistamente rasgándose vestiduras sólo al ver la respuesta popular en las calles. Esto, en cuanto a la forma sucia y antidemocrática en que se produjeron dichas designaciones, mas existen cuestiones graves de fondo en todos esos “favorecidos” que indican - más allá de antecedentes académicos o profesionales - un condicionamiento o sometimiento político al poder ejecutivo o a poderes fácticos que violan el principio de imparcialidad y autonomía que en una democracia real debe signar la gestión de los miembros del TC, de la DP o del mismo BCR.
Y si esto no se respeta estaremos entonces aceptando una democracia con instituciones de pantomima o morisqueta que son una burla y ofenden la dignidad del Perú…si permitimos que así sea.
Dos aspectos centrales a tener presente que determinan el grave impasse generado por la mediocridad y corrupción de la clase política comenzando por el gobierno mismo:
- El carácter promiscuo y antidemocrático de las llamadas negociaciones - que fueron finalmente negociados - que respondían a los intereses personales de líderes absolutamente desacreditados ante el país (Toledo y Fujimori) o debilitados por su carácter reaccionario y antipopular (Humala y Flores). A. García (tan desacreditado y antipopular como los anteriores), aunque quiso, no pudo negociar, dada su ridícula representación congresal. Esta negociación promiscua, determinó que fueran mayormente personas no idóneas y descalificadas para desempeñar las funciones constitucionales, en perjuicio agravado para la democracia y el país. Y es que los “líderes políticos” mencionados sólo responden a sus ambiciones y vanidad personales y a los intereses de grupos poderosos detrás de ellos.
Es por la razón anterior que estos días hemos presenciado una verdadera debacle de liderazgos. Porque esos “líderes” no tienen al país ni a los pueblos del Perú como su prioridad. Buscan cómplices o incondicionales políticos que los sirvan en el TC, la DP o el mismo BCR. La mayoría de ellos son autócratas ensimismados con el poder. Esto es incuestionable y los sectores democráticos que han sido los primeros en salir a protestar lo intuyen muy bien…y por ello el hartazgo y la salida a las calles, como en el 2000 que cayó A. Fujimori.
- El otro aspecto grave, y con ribetes de escándalo ridículo en algunos casos, es la reacción de esos líderes descubiertos en la flagrancia de sus negociados. El señor Ollanta Humala declara como si no hubiera sabido nada ni tenido intervención alguna. K. Fujimori, luego de exigir a un impresentable en el TC y transar, “exige” pleno extraordinario. Los señores Toledo y Flores se lamentan luego de impulsar sin remordimientos, y el señor A. García pone cara de yo no fui y pretende convertirse en catón moralizador, como si todos los peruanos fuéramos un conjunto de débiles mentales.
Crecimiento económico sesgado con desigualdad acrecentada, deterioro institucional y corrupción: incubando la crisis definitiva
Todo lo anterior confirma la grave crisis ética, política y de conflictividad que vive el país, que se agravará con la crisis económica internacional que se avecina - junto con los índices delincuenciales y de seguridad pública existentes -, lo cual nos lleva a tener serias dudas sobre si Ollanta Humala culminará su período presidencial. Pero, a la vez, nos lleva a reafirmar la necesidad de construir una verdadera alternativa nacional de gobierno de izquierda verdaderamente democrático, que tenga credibilidad ante esos pueblos traicionados por los demagogos de la “tecnología y el trabajo”, “del cambio responsable” o de “la gran transformación y honestidad”.
Difícil camino para las nuevas fuerzas políticas que insurgen ganar esa confianza popular, dado el presente y el pasado de deslealtades y deshonra de la palabra comprometida. Pero camino absolutamente inevitable en el cual seguir. En ese camino está el Partido del Pueblo
