Por Gustavo Espinoza M. (*)
La detención de la ex parlamentaria nacionalista Nancy Obregón y el juicio incoado contra ella y 14 personas de su entorno, ha puesto en el centro del debate nacional un tema al mismo tiempo delicado y sugerente.
Delicado, porque nuestro país ocupa hoy el primer lugar de la región en lo que se refiere a la exportación de PBC y a su venta. Y sugerente porque la conexión de lo que hoy muchos consideran un “Narco Estado” con la política, no es un fenómeno nuevo ni una experiencia inédita. Aunque distintos voceros de la clase dominante pretendan negarlo, el fenómeno tiene raíces, e involucra a las más significativas estructuras de la vida nacional.
Los medios de comunicación han tomado con extremo entusiasmo el caso de Nancy Obregón y lo han explotado a su manera con un doble propósito: descalificar al gobierno de Humala pretendiendo presentarlo como “protector de narcos” y limpiar la ejecutoria de otras fuerzas realmente vinculadas al ilegal negocio de la coca desde antaño.
El comportamiento del cogollo alanista del APRA y el juego de la mafia, no han hecho sino confirmar ese derrotero. García lo ha puesto en evidencia porque sabe que está en juego su propio destino. Busca obsesivamente, por eso, eludir la el imperio de la ley u confirmar su impunidad. .
Para los grandes medios es importante sostener la tesis que Nancy Obregón está vinculada al Narcotráfico y al terrorismo. Pero más importante aún es subrayar que fue congresista del Nacionalismo en el periodo 2006-2011, que fue invitada por Humala para asumir esa función, y que contó con el apoyo del ex Presidente del Congreso, Daniel Abugattás quien “la protegió”.
Y para la Mafia en sus dos variantes, el hecho marca “la incursión del narcotráfico en la política” lo que coloca al Perú en una suerte de “país paria” en nuestro continente. Así lo han dicho, con el mayor desparpajo, Jorge del Castillo y Javier Velásquez —por la vertiente alanista— y Kenyi Fujimori por el lado de la dictadura neo nazi que envileció al país a partir de 1990.
Es posible que ellos hayan olvidado —porque sufren de amnesia política para ciertos efectos—, pero el Perú recuerda que la primera gran incursión del narcotráfico en la política se dio aquí en 1980, cuando pudo establecerse que Carlos Lanberg —el capo peruano del Narcotráfico— financió la campaña presidencial del APRA en 1980. En esos mismos años había adquirido “Villa Mercedes”, la casa en la que vivió y murió Haya de la Torre, ubicada en Ate Vitarte. Luego, ella sería “transferida” al APRA para albergar una suerte de “lugar emblemático” en el que se reúne la cúpula de ese partido en febrero y en agosto, para recordar el nacimiento y la muerte de su “Jefe”, el Duce aprista.
Claro que las cosas no quedaron detenidas en el tiempo. A su paso, la dirección del APRA estuvo vinculada también al “Clan” de los Sánchez Paredes y, más recientemente, el gobierno de García liberó a más de tres mil delincuentes condenados por delitos de narcotráfico gracias a la acción de la tristemente célebre “Comisión de Indultos”, liderada por Facundo Chinguel, hoy reo en cárcel.
No hace mucho, y cuando el tema no había crecido aún, Alan García sostuvo que él mismo había tenido participación directa en la concreción de esos indultos. Para atenuar su culpa —y compartirla en olor de santidad— aseguró que cada caso, lo había consultado con Dios, antes de suscribir las resoluciones concediendo la libertad a los condenados.
A eso ¿no se llama insertar el tema del narcotráfico en el corazón de la política peruana? ¿No se le considera parte de la historia de una “clase” política envilecida y en derrota? ¿No se le toma en cuenta como un factor decisivo en el proceso de descomposición de un Partido que, en su momento, se proclamó “revolucionario” y “antiimperialista” y de una Mafia que vivió a expensas de la ciudadanía y busca hoy afanosamente volver a hacerlo?
Y es que no fue solamente el APRA el que estuvo metido en este mugriento negocio de la droga. No hay que olvidar que aun en los años sesenta del siglo pasado, la droga salía del país en buques de la Armada; y que en bajo el Fujimorato, los envíos de droga se hacían en el avión presidencial, como se denunció en ese momento y pudo establecerse de modo indubitable después.
De esa etapa vinieron nexos que luego generaron vínculos nunca investigados con Keiko Fujimori y el financiamiento de su campaña presidencial el 2011 —la empresa Hayduk y otras—; y con otras, de las que es accionista privilegiado Kenyi Fujimori, quien recientemente fue descalificado por incapaz de decir la verdad, en un programa de la TV peruana.
Veamos, entonces, las cosas con un poco de calma: Nancy Obregón fue durante muchos años dirigente de los cocaleros, es decir, de los agricultores que cultivan la coca en diversos valles de nuestro país. La hoja de coca, no es droga, y cultivarla, no constituye delito. Es posible sin embargo que, viviendo un largo tiempo en el precario lindero entre el cultivo de la coca y su conversión en PBC a través de laboratorios clandestinos, haya mantenido relación con comerciantes inescrupulosos vinculados al negocio de la droga. Eso, hay que investigarlo objetivamente y —de confirmarse— sancionarlo. Ese, como todos los delitos, es responsabilidad individual, y compromete a quien lo comete.
En los citados casos del APRA y el fujimorismo, esa “responsabilidad individual” alcanzó al difunto Villanueva del Campo y a García, a Alberto Fujimori y a Keiko y a Kenyi, los cachorros del “chinito de la yuca”. Pero en el caso de la Obregón, el tema la compromete a ella y podría incluir —quizá— a algunos de los 14 encausados en su juicio. Pero no tiene más alcance.
Si hoy los medios buscan “comprometer” al Partido Nacionalista y más precisamente al Presidente Humala, eso tiene otra connotación: se explica por el obsesivo afán de debilitar al gobierno para actuar —después— con las manos libres.
A ese mismo propósito se orienta la ofensiva de prensa descargada contra el mandatario peruano en las últimas semanas. Repetir hacia el cansancio monsergas de “Ollanta traidor”, “Ollanta asesino”; quemar fotos del Presidente y prender fuego a ataúdes con su nombre; no responde a los propósitos de una legítima demanda ciudadana; sino a un odio irracional acumulado, a una exaltada pasión, o —más probablemente— al interés especifico por aislar y derrotar a un mandatario que, en su momento, hizo morder el polvo de la derrota a la derecha más reaccionaria.
A ese mismo odio responde la campaña contra Nadine Heredia y más puntualmente contra los ministros que “osan” fungir de voceros del régimen, como Jiménez Mayor, o los titulares de Defensa y de la Mujer
Ese odio, se genera de esa circunstancia —junio del 2011—. Y tiene su base en dicha experiencia política, casi inédita en la vida nacional, en la que un pueblo alzado contra la dominación tradicional, buscó un camino liberador. El que hoy, éste no se haya concretado, constituye una experiencia de masas y una lección para todos: nos ayudará a comprender algo que Carlos Marx dijera hace más de doscientos años: “Solo el pueblo, salva al pueblo”.
No son reyes, ni zares, ni ricos, los que podrán salvar la sociedad de nuestro tiempo. Y la revolución social —esa por la que luchamos siempre— se producirá no cuando sobre ella mande nuestra ira, o nuestra impaciencia; sino cuando tomen conciencia de ella millones de personas y se apresten a resolver los problemas que agobien a millones de personas. Porque más allá de voluntades individuales y heroicas, la Revolución fue siempre —y será siempre— un fenómeno de masas, o simplemente no será.
Cuando la derecha dispara todos sus fuegos contra Ollanta Humala no lo hace para defender al pueblo. Lo hace para cautelar sus intereses, y proteger sus privilegios. Por eso, hay que tener cuidado y recordar una verdad confirmada por la historia: cuando se coincide con la derecha; la que se beneficia, es la derecha.
Política y Narcotráfico en el escenario peruano, se dan la mano entonces. No hay que olvidarlo.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. / http://nuestrabandera.lamula.pe
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