Alfredo Palacios Dongo
La mayoría de extorsiones (95% según la Dirincri) —además muchos secuestros y crímenes por encargo— son perpetradas por presos desde los penales con celulares —que allí proliferan— pidiendo con amenazas a sus víctimas cupos o elevadas sumas de dinero. Según el Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Pérez Guadalupe, “es muy complicado evitar que sigan ingresando celulares y chips a los penales” porque a pesar de las requisas “a las semanas vuelven a aparecer por acción de la corrupción”, en parte por mafias integradas con personal del propio Inpe.
El tema de bloqueadores de celulares se presentó al entrar en funcionamiento el penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas el 2005, según las autoridades “inexpugnable” y contaba con seis de estos equipos —desconociéndose sus características— pero poco tiempo después fueron desconectados por el entonces director del penal, José Gamboa Mendoza, para permitir que delincuentes de alta peligrosidad realicen sus llamadas. Después de este corrupto acontecimiento nunca más se habló de bloqueadores, y poco tiempo después se detectaron decenas de celulares, y hasta los reos, con apoyo del personal Inpe, instalaban antenas para mejorar la señal.
En febrero de 2012 el sistema penitenciario fue declarado en emergencia para mejorar las condiciones de seguridad, pero lamentablemente nada cambió. En mayo del mismo año se promulgó la ley 29867 incluyendo penas privativas por ingresar celulares a penales, pero a pesar que entran miles, no hay ningún encarcelado. En marzo de 2013 el Inpe firmó un convenio con un procesado por tenencia ilegal de armas que iba a donar bloqueadores para el Penal El Milagro, en Trujillo, resultando ser un presunto negociado del alcalde de La Esperanza.
Bajo este panorama, a pesar de que desde hace ocho años era urgente la instalación de bloqueadores, actualmente no existe ninguno. Tampoco se cuenta a nivel nacional con sistemas electrónicos de control como escáner o detectores (de armas, drogas o celulares), videocámaras, sistemas de identificación por huellas digitales, registros computarizados de internos, etc.
A pesar de que los penales tienen directa relación con la inseguridad ciudadana —que se torna imparable—, la desidia para mejorar la seguridad y evitar la corrupción en los penales ha sido extrema, nada se ha avanzado, por el contrario, hemos retrocedido peligrosamente a niveles tan graves que los presos utilizan hasta señal de Wi Fi para planear y ejecutar sus actos criminales.
Expreso, Lima 08-03-2014
Artículos relacionados
Seguridad ciudadana y propuestas. Dos aspectos no contemplados.
Perú: Extorsión y amenaza desde los penales