Jans Erik Cavero Cárdenas*
La gestión hospitalaria en el Perú comprende 3 niveles de atención, cada uno con un nivel de complejidad y una categoría de establecimiento determinado. El Hospital Miguel Ángel Llerena de Ayacucho es de categoría 2.II y pertenece al segundo nivel de atención. Ciertamente, después de la demolición criminal que padeció su infraestructura, sin haberse implementado un adecuado plan de contingencias, dicho nosocomio parece algo menos que una posta médica.
Demolido el único hospital regional, Oscorima creó en su imaginario la construcción de un nuevo hospital de categoría III-1, sin tener idea sobre las implicancias técnicas y/o presupuestales de lo que significa un centro hospitalario de alta complejidad. Al presidente no le informaron que el costo de un hospital III-1, incluido el equipamiento, sobrepasa los S/. 300 millones; tampoco le dijeron que ese monto equivale a todo el presupuesto anual de la región para obras. Menos aún le transmitieron que un proyecto de tal envergadura supondrá gastos de operación y mantenimiento que difícilmente serían asumidos con recursos propios.
Lo que sí le dijeron vehementemente es que para evadir controles y normas sobre contrataciones e inversión pública era necesario celebrar un convenio con la OIM, dándole por encargo las licitaciones más importantes de la región. Oscorima se convenció, sus funcionarios convencieron al Consejo Regional, y hoy la OIM, cuya inmunidad le impide ser auditada por la Contraloría General, ha licitado obras y proyectos en Ayacucho por casi 500 millones de soles. A la OIM le importa un bledo sus procesos de selección seriamente cuestionados en Lima con Castañeda Lossio, ESSALUD, y otros gobiernos regionales como Cusco o Ancash.
La OIM se encargó de la Licitación 004-GRA/OIM-2013 para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Llerena”, adjudicándose la Buena Pro el Consorcio Hospitalario Ayacucho por el monto de S/. 363.137 millones. Según el Contrato 013-2014-GRA-SEDE CENTRAL, en 630 días se ejecutará la obra. Sin embargo, los procedimientos y las normas que rigen los sistemas de inversión y contrataciones públicas habrían sido ignorados. Veamos:
1. ¿Estamos ante 2 hospitales o uno solo? El gerente del gobierno refirió que se trata de 2 proyectos diferentes, uno referido al mejoramiento del Hospital Miguel Ángel Llerena, y otro a la construcción de un hospital III-1 cuya denominación se desconoce. Si esto es así, ¿por qué la licitación se refiere al Miguel Ángel Llerena, pero el presupuesto corresponde al hospital III-1? En realidad estamos ante un Mariscal Llerena precario y disminuido, sin un proyecto de mejoramiento, y ante un hospital III-1 que sólo existe en el imaginario de Oscorima, útil para su propósito reeleccionista.
2. Nadie conoce el expediente técnico del III-1 porque el gobierno regional, la OIM, y el contratista, lo tienen bajo 4 llaves. Si el expediente contiene deficiencias técnicas, será responsabilidad de la gestión Oscorima; si el expediente es un calco de expedientes referidos a infraestructura hospitalaria de otras regiones, serán responsables el gobierno y la empresa encargada de su elaboración. ¿Por qué no se cuelga el expediente en la Web del GRA para que tenga acceso cualquier ciudadano?
3. La licitación se desarrolló sólo en 28 días, desde la convocatoria hasta la adjudicación de la Buena Pro. Bastante sugerente la prisa para un proceso que comprometía más de 350 millones de soles. Más sugerente aún es el hecho de que solo se haya presentado un postor. Me pregunto, ¿una licitación millonaria no se supone atractiva para empresas constructoras?, ¿por qué Graña y Montero o Cosapi no se presentaron? La respuesta es simple: O el proceso estaba dirigido hacia un único postor; o el valor referencial estaba por debajo del precio de mercado; o la existencia de vicios e irregularidades terminaron por desmotivar toda participación.
4. No hay certificación presupuestal para la construcción y equipamiento de un hospital III-1. El Presupuesto Público 2014 da cuenta de una transferencia de 73 millones de soles, es decir 1/5 del valor total licitado. ¿De dónde se sacarán los recursos para el saldo pendiente?, ¿los prestará o donará Oscorima?, ¿Humala se convencerá y ordenará a Castilla desembolsar un crédito suplementario? Pero además existe un tema delicado: Los 73 millones, según el MEF, es para el mejoramiento del Mariscal Llerena y no para un hospital III-1. Si este dinero se utiliza en una obra distinta a la presupuestada, sin las modificaciones de partidas, habrá malversación.
5. El MINSA debería aprobar y dar el visto bueno al estudio de factibilidad del proyecto de inversión. Según el gobierno regional, este visto bueno no sería indispensable; según mi opinión, es clave que el MINSA se pronuncie sobre la viabilidad del hospital III-1 porque será el gobierno nacional quien asuma, a posteriori, los gastos de operación y mantenimiento de un nosocomio de alta complejidad. Estamos hablando de un hospital de Tercer Nivel de Atención y de 7mo Nivel de Complejidad que va a contar con todas las especialidades médicas. Finalmente, estamos hablando de un hospital que hace trasplante de órganos y cirugía de cabeza y cuello.
5. El Consorcio Hospitalario está compuesto por las empresas ICCGSA e INCOT. La primera no tiene experiencia en ejecución de infraestructura hospitalaria, mientras que la segunda no ha ejecutado un centro hospitalario de categoría. En efecto, lNCOT tiene un récord de ejecución de obras -vinculado a hospitales- equivalente a 64 millones, a través de 3 procesos convocados por ESSALUD, de los cuales uno fue por exoneración (48 millones), otro fue una menor cuantía por 52 mil soles, y el último fue un proceso realizado por alguien conocido. ¿Quién? La OIM, que en el año 2007 le otorgó la elaboración del estudio definitivo y la ejecución de la Nueva Clínica Geriátrica San Isidro Labrador, por el monto de 15.5 millones de soles.
ICCGSA sí tiene un récord de más de 1,600 millones de soles en obras, sin embargo, se trata de obras de infraestructura vial (carreteras) y no de infraestructura hospitalaria. ICCGSA, por ejemplo, está encargada de la carretera Huancayo – Izcuchaca – Ayacucho; Quinua – San Francisco (tramo Km, 25 al 78.5); y el 2012 se adjudicó por 38 millones el mantenimiento periódico de caminos departamentales, a cargo de la Dirección Regional de Transportes de Ayacucho.
Finalmente, pregunto a la OIM: ¿verificó la capacidad máxima de contratación de las empresas consorciadas?, ¿consideró la experiencia técnica en infraestructura hospitalaria?, ¿puso énfasis en la capacidad libre de contratación de las empresas? En fin, hay mucho pan por rebanar, y quizá por ello Ollanta Humala, esta vez bien asesorado, no se manchó las manos poniendo la primera piedra de un hospital que sólo existe en el imaginario de Oscorima y sus acólitos, y en cuyo proceso de inversión y contratación habría irregularidades y vicios insalvables.
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