Por Ghiovani Hinojosa*
Bajo el título: Jueces delivery, la revista Hildebrandt en sus trece, en su edición del 11-4-2014 y con la autoría del correcto periodista Ghiovani Hinojosa, dio cuenta del sospechoso accionar de tres jueces: María del Carmen Gallardo, Oswaldo Ordóñez y José Wilfredo Díaz, quienes habrían producido resolución favoreciendo a nueve empresas de Lima logrando que se impida la importación de pesticidas genéricos cuyo costo, en promedio, es 400% más barato que los de marca. Según fuentes fidedignas no sería la única inconducta de los susodichos y las averiguaciones y pesquisas siguen su curso y daremos cuenta de ellas en breve. (hmr)
El Poder Judicial no tiene remedio. Sus últimas víctimas han sido los agroexportadores: tres jueces han prohibido la importación de pesticidas genéricos, beneficiando así a un grupo de poderosas farmacéuticas que venden agroquímicos patentados a precios exorbitantes. Una vez más, el Poder Judicial le ha sacado la vuelta al Estado evacuando una acción de amparo como aquellas que permitieron que el país se llenara de combis viejas. Los tres jueces que rubricaron el documento a favor de las transnacionales farmacéuticas son Oswaldo Ordóñez Alcántara, José Díaz Vallejos y María del Carmen Gallardo Neyra, de la Séptima Sala Civil de Lima.
“El mes que viene empieza nuestra próxima campaña y tenemos que comprar los pesticidas. Estamos con la soga al cuello. Si la prohibición de importar pesticidas genéricos persiste, tendríamos que subir los precios de nuestros espárragos y vamos a perder compradores.”, dice Mario Zamorano, director ejecutivo del Instituto Peruano del Espárrago, uno de los principales gremios agroexportadores del país.
Esta historia comenzó en 1998 cuando los países de la Comunidad Andina de Naciones impusieron una serie de requisitos para la importación de pesticidas que hicieron imposible que los agricultores, grandes y chiquitos, pudieran adquirir agroquímicos genéricos en el extranjero. Por ello el año 2000 el Perú publicó un decreto supremo que, sacándole la vuelta a la CAN, simplificaba el trámite de importación de pesticidas. A lo largo de 12 años el decreto fue varias veces renovado por los sucesivos gobiernos facilitando a los agroexportadores el abastecimiento de genéricos en el mercado internacional. Y aunque durante todos estos años las farmacéuticas con patentes de pesticidas se quejaron en instancias nacionales e internacionales, no tuvieron mayor éxito hasta que, en el 2012, encontraron a una terna de jueces a su medida. Fue, como ya dijimos, en la Séptima Sala Civil de Lima. Un año más tarde y después de algunas idas y venidas legales, el 11 de junio del 2013, los doctores Oswaldo Ordóñez, José Díaz y María del Carmen Gallardo ordenaron con su medida cautelar la suspensión del Decreto Supremo que permitía la entrada de genéricos al país.
“Si la importación de genéricos sigue prohibida, nuestro sistema de producción se distorsionará”, dice, en su oficina en Lima, Sergio del Castillo, gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú, un gremio que cultiva 7.000 hectáreas del territorio nacional. Sus asociados se dedican a la producción de naranjas, mandarinas y limones que, además de abastecer el mercado nacional, se exporta a Asia y Europa. Del Castillo explica que, hasta que el Poder Judicial decretó la prohibición, la asociación importaba plaguicidas genéricos de India, China, Brasil, España y Argentina, para luego venderlos a los agremiados a precios razonables. “Si las cosas siguen así, esto va a ocasionar una subida de precios de los cítricos en el mercado local”, anuncia Del Castillo.
“Con la prohibición de importar genéricos nuestros asociados más pobres se han visto obligados a comprar pesticidas de marca y han perdido mucho dinero”, dice Arturo Medina, gerente general de la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú. Su gremio exportó el año pasado 105 toneladas de este producto a Estados Unidos, España, Inglaterra y Alemania. Este año, con la nueva medida judicial, las proyecciones son de pronóstico reservado. “La mitad de nuestros asociados son agricultores con terrenos de menos de 50 hectáreas –continúa Medina–. Ahora que no podemos importar genéricos, ellos están comprando agroquímicos en las tiendas, pagando el doble o el triple del precio. Su utilidad es cada vez menor”, añade Medina.
“Nosotros ya habíamos cerrado el trato con una empresa china para importar el mes que viene un contenedor completo con plaguicidas genéricos. Ahora estamos en nada”, explica Ángel Gamarra, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Mangos. Los mangueros iban a traer 22 toneladas de tres pesticidas: un herbicida (glifosato), un fungicida (thiabendazole) y un regulador de crecimiento (paclobrutazol). Sin este cargamento, Gamarra reconoce que le resulta imposible competir con el agro europeo y estadounidense, ambos con millonarias subvenciones estatales.
Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, lo dice sin ambages: “Si el café peruano es un producto de exportación exitoso es en parte porque nuestros costos de producción son bajos y ofrecemos precios competitivos en el exterior. Ahora que ya no se puede importar insumos genéricos el negocio de algunos productores está en riesgo. El tema de fondo acá es el oligopolio de pesticidas en el país”.
La diferencia de precios entre los pesticidas importados por los agroexportadores y los que venden las farmacéuticas con patente, es abismal. Pongamos ejemplos de genéricos. El genérico de la amabectina, (plaguicida contra arácnidos, polillas y gusanos) que los agroexportadores venden entre sus asociados a 15 dólares el litro, los laboratorios con patente lo venden a 40 dólares el litro. Y el buprofezin, un insecticida prescrito para la mosca blanca, los agricultores asociados a cualquier grupo agroexportador lo consiguen a 5,4 dólares el kilo, mientras que en las tiendas la misma cantidad cuesta 46 dólares. La diferencia, en este último caso, es de 752%.
Detrás de la denuncia contra el Estado peruano están las transnacionales farmacéuticas Bayer S.A., Basf Peruana S.A., Dow Perú S.A. y Syngenta Crop Protección S.A.; y Farmagro S.A., Farmex S.A., San Miguel Industrial S.A., Tecnología Química y Comercio S.A. y Servicios y Formulaciones Industriales S.A.. Estas últimas cuentan con capitales peruanos.
En el gobierno reconocen su incapacidad para enfrentar el problema. “Estamos congelados judicialmente”, reconoce el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites. “Hemos apelado la decisión del Poder Judicial y esperamos que se resuelva lo antes posible. A la vez, estamos convocando a los miembros de la CAN para redactar una nueva norma que permita que los miembros apliquemos libremente la Decisión 436”. Cuando le preguntamos por qué no se ha tomado esta medida mucho antes, el ministro se va por la tangente: “En junio del año pasado los ministros de Agricultura de los países de la Comunidad Andina nos reunimos en Lima y decidimos hacer las gestiones necesarias por suspender los efectos de la 436”. Una vez más todo se quedó en reuniones, compromisos y la foto de rigor. Por algo Chile hace rato rompió con la Comunidad Andina de Naciones a pesar de tener en su territorio un pedazo de la Cordillera de los Andes más grande que el Perú.
“La norma es absurda porque exige requisitos para la importación de genéricos que nadie puede cumplir. Nos exigen, por ejemplo, las pruebas toxicológicas que se realizaron con ciertos animales en ciertos países en cierto año cuando se desarrolló cierta patente. Ese es un documento que sólo lo tiene el laboratorio que desarrolló el producto. Parece una norma creada para que un laboratorio determinado lo pueda cumplir”, dice Mario Zamorano.
El pequeño agricultor, incapaz de asociarse para importar contenedores con plaguicidas genéricos, compra los agroquímicos al menudeo y a precios excesivos. “Los plaguicidas me cuestan un ojo de la cara”, dice, por ejemplo, el agricultor pisqueño Julio Sánchez Arias, quien siembra tomate, pimiento y ají amarillo en un terreno de 15 hectáreas. “El 60% de mis costos de producción son en los plaguicidas. Gasto cerca de 2.700 soles mensuales en comprar sustancias químicas que combaten la mosca blanca y otras plagas que afectan mis cultivos”, añade. Es la realidad del minifundista local, condenado a la extinción ante la incapacidad de los sucesivos gobiernos de crear políticas agrarias de largo plazo.
“Nosotros sólo queremos salvar la campaña agrícola de este año”, dice Sergio del Castillo, del gremio de productores cítricos. Y añade: “Le pedimos al gobierno que proponga de una vez por todas en la CAN la derogatoria de la Decisión 436. Así, el oligopolio de las empresas farmacéuticas se quedaría sin techo y ya no tendría sentido la prohibición judicial que pesa sobre nosotros”. El letargo ministerial (ese sí marca Perú) ha puesto en peligro al único sector empresarial exitoso que en los últimos años ha demostrado que podemos exportar algo más que piedras: en el 2013 el sector agroexportador sumó 4.427 millones de dólares, 0.8% más que el 2012.
Un Estado incapaz y un Poder Judicial siempre listo para firmar resoluciones a favor de los grandotes. ¡En esta ocasión la bomba reventará en el campo!
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11-4-2014
