Por Guillermo Olivera Díaz
El fiscal de la Nación, igual el presidente de una corte superior de justicia, que, sutil o toscamente, aparta a fiscales o jueces inferiores del sonado caso penal que investigan, simple y llanamente es un delincuente más, asociado a la red criminal favorecida. Por esa manida vía, frecuente en Lima, está sustrayendo de la persecución penal al real investigado y copartícipes. Consuma el delito de encubrimiento personal agravado (Art. 404.°, Código Penal).
El caso de la región Ancash resulta indignante y emblemático. Fueron destituidos, sin ser oídos, cuatro (4) fiscales provinciales; a un quinto se lo apartó-suspendió del caso; todos fueron ipso facto reemplazados por otros seguramente genuflexos y, de remate, denunciados penalmente. ¿Quién o quiénes pidieron por escrito en su favor tamaña “proeza” fiscal, pedido-denuncia que no constituye prueba alguna, ni fue objeto de investigación por el entonces fiscal de la nación?
Entérense de los pormenores fácticos de esta oprobiosa y punzante situación, en el artículo de la Revista Ideele: “Los fiscales de César Alvarez”. Yo era demasiado ingenuo, crédulo, en sólo “los jueces de Alan García”, cuando fiscales y jueces, por igual, son necesarios para la impunidad, sustrayendo al infractor de la persecución penal.
Roles diferentes en pos del mismo objetivo, por precio, sin duda. Empero, la coima no es un ingrediente del tipo penal Encubrimiento Personal; ergo, no hay que probarla. A continuación el informado artículo de Ideele.
Los fiscales de César Alvarez (por Revista Ideele)
“César Álvarez ha caído y, junto con él, toda una red del crimen organizado en la región Ancash. Lo sorprendente es que esta organización criminal, de acuerdo al procurador anticorrupción Cristian Salas, algunos medios de prensa (La República y el Comercio) y determinados periodistas (resaltan los trabajos de Ricardo Uceda y Daniel Yovera) se encontraría compuesta no solo por sicarios sino por funcionarios públicos de las más altas esferas del aparato estatal; a saber: Congreso de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial y Ministerio Público. En el presente artículo nos ocuparemos de éste último al haber tenido un rol protagónico —negativo— en el presente caso.
El Ministerio Público, al ser el órgano constitucionalmente encargado de la persecución del delito y de la criminalidad organizada, tiene como fundamental principio de trabajo la objetividad; esto es, en palabras de Oré Guardia, que sus requerimientos y conclusiones deben ajustarse a las pruebas y al derecho vigente, resulte ello contrario o favorable al imputado. No es un acusador a ultranza: sus requerimientos estarán orientados por lo que en derecho corresponda, pues sólo así cumplirá con el imperativo de ejercer sus funciones en defensa de la legalidad.
Si esto es así, ¿cómo se explica que los fiscales anticorrupción que en julio de 2011 encontraron serios indicios de corrupción en la gestión del ex Presidente Regional César Álvarez por el ya conocido caso “la centralita”, cumpliendo a cabalidad con dicho principio y contrariamente a toda lógica, hayan sido destituidos de sus cargos por el entonces fiscal de la nación (sí, con minúsculas) José Peláez Bardales?
Sucede que la puñalada no vino por detrás sino por delante y sin ningún desparpajo. El propio Fiscal Superior Decano, Dante Farro Murillo, motivado por las presiones de Heriberto Benítez y el propio César Álvarez, remitió a Peláez el Informe N.º 005-2011-MP-PJFS-SANTA, de fecha 15 de julio del 2011, por el cual daba cuenta del supuesto allanamiento irregular (pese a que existía una resolución judicial que lo autorizaba) por parte de los fiscales César Jiménez Rodríguez, Francisco Estrada Rodríguez, Miguel Ángel Vilca Zavala y Cristian Aceijas Silva, en el inmueble donde operaba la famosa “centralita”.
El resultado de dicho informe es conocido. Los cuatro fiscales anticorrupción fueron separados del Ministerio Público y, nuevamente, los actos de corrupción del Gobi.erno Regional de Ancash quedarían paralizados e impunes. ¿Por qué decimos esto último? En la misma resolución (N.º 1324-2011-MP-FN) que destituyen de sus cargos a estos fiscales, designan en su reemplazo a Martín Pedro Garay Mercado, fiscal que la poca prensa opuesta al gobierno regional de Ancash, le puso el sobrenombre de “fiscal archivador”, puesto que las denuncias por corrupción que tuvo a su cargo o las archivaba o retardaba en su pronunciamiento.
Pero el tema no quedó ahí. Si Peláez se encargaba de expulsar fiscales incómodos a la gestión de Álvarez, Carlos Ramos Heredia tenía la misión de denunciarlos penalmente, y así sucedió con los cuatro ex fiscales anticorrupción que de denunciantes terminaron en la condición de denunciados.
Ahora bien, Ramos Heredia nuevamente cobraría protagonismo por el caso del también fiscal anticorrupción Checa Matos, quien, recogiendo la denuncia del abogado Gilmer Asís, decidió ordenar la intervención de una camioneta de propiedad de gobierno regional donde presuntamente se llevaba dinero el cual sería utilizado para el ilegal pago de acciones de proselitismo político a favor de la gestión de Álvarez. Lo cierto es que, al igual que en “la centralita”, en la dichosa camioneta no se encontró nada; sin embargo, por dicho accionar, el entonces Fiscal Supremo de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, Ramos Heredia, decidió, a través de la Resolución N.º 495-2012-MPFN-F. SUPRA.C.I., disponer la medida de abstención en el ejercicio de la función fiscal en contra de José Checa Matos, sanción que equivaldría separarlo de la titularidad de la investigación y de la propia institución a la cual pertenece.
No se ha comentado mucho sobre esta resolución de carácter sancionatorio, pero de ella se puede desprender —claramente— la parcialidad, falta de objetividad e inexistente motivación en su redacción. La intención era clara: sacar del camino al Fiscal José Checa Matos y se quiso hacerlo a la mala. Al igual que en la denuncia que plantea Ramos Heredia por el caso “la centralita” en contra de los cuatro fiscales, esta resolución se sustenta únicamente en la denuncia de parte realizada por César Álvarez y las publicaciones de los diarios “Expresión” y “Diario ya”, medios de comunicación cuestionados por su línea editorial a favor del cuestionado funcionario regional.
Si Peláez se encargaba de expulsar fiscales incómodos a la gestión de Álvarez, Carlos Ramos Heredia tenía la misión de denunciarlos penalmente.
El artículo 56.º del Reglamento de Control Interno que regula esta medida refiere ésta es de naturaleza excepcional, que solo se adopta en situaciones de suma gravedad, y que solo se dispone en aquellos casos que la infracción funcional esté suficientemente acreditada con medios probatorios idóneos, y que además haga prever que la sanción a imponerse será la destitución. Por su parte, el artículo 57º la resolución que dispone la medida de abstención será debidamente motivada. Son estos requisitos o presupuestos legales que la resolución emitida por Ramos Heredia no posee.
La norma es clara, la supuesta irregularidad cometida debe ser de tal gravedad que, posterior a la sanción de abstención —que es la excepción y no la regla—, viene la de destitución. Por tanto, la intencionalidad quedó evidenciada, razón por la cual en segunda instancia esta sanción fue revocada gracias a los votos de Pablo Sánchez y Gladys Echaiz. Sin embargo, aquel Fiscal Supremo que ayer emitió una decisión en contra de la lucha contra la corrupción, hoy, siendo Fiscal de la Nación, en su juramento al cargo promete confrontarla. La pregunta cae por su propio peso: ¿qué garantías o grado de credibilidad puede ofrecer alguien que desde un puesto clave en el Ministerio Público pide la destitución de fiscales anticorrupción y no lo respalda en su trabajo?
Ha quedado demostrado, por tanto, que tanto Carlos Ramos Heredia como José Peláez Bardales, han jugado un papel muy importante en el caso Áncash. Lastimosamente, no del lado correcto sino tomando partido de un grupo que hoy es perseguido por la justicia. Lo único que ha cambiado en las innumerables denuncias por corrupción en contra de César Álvarez y de su manejo del Gobierno Regional de Ancash, es que éstas han sido puestas a la luz pública nacional, razón por la cual hoy, a diferencia de ayer, cuentan con el respaldo estatal. Sin embargo, aquellos que, desde sus altos cargos, apoyaron —en alguna medida— con sus acciones este ambiente de impunidad en la lucha contra la corrupción en dicha región también deben responder”.
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http://www.voltairenet.org/article184107.html?var_mode=recalcul
5-6-2014
