Mario Huamán Rivera
Como lo habíamos anunciado en anteriores columnas, el presidente, Ollanta Humala, confirmó delante del empresariado organizado en la Sociedad Nacional de Industrias su decisión de modificar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma que previene y sanciona a los empresarios que por negligencia provoquen accidentes o la muerte de sus trabajadores. Cabe mencionar que el Mandatario la promulgó en el 2011 y olvidando nuevamente sus compromisos con la ciudadanía, acaba de anunciar al país un nuevo retroceso político de su gobierno.
Humala coincide así con la propuesta legislativa del fujimorismo y hace eco a las iniciativas de su ministro de la Producción con la finalidad de dar mayores ventajas a los empresarios, desmontando las normas que brindan derechos mínimos y salvaguardas legales a los trabajadores frente al abuso y corrupción principalmente del sector privado. Solo en el gobierno de Ollanta Humala han muerto casi medio millar de trabajadores por accidentes laborales, en el sector formal. Con este anunció, el Presidente confirma que la impunidad se fortalecerá.
Es necesario precisar que desde la dación de la ley, los sindicatos empresariales han movido sus lobbies para neutralizarla y principalmente para anular el acápite que penaliza con cárcel a los empresarios infractores que causen muertes, accidentes y abandonen a las familias de las víctimas. La incapacidad del gobierno para afrontar la desaceleración económica, lo obliga a ceder ante la presión de los grupos de poder económico y dejar al libre albedrío a quienes lucran exponiendo la vida de los más pobres, como ocurría antes de promulgada la ley.
El Mandatario lejos de establecer políticas que protejan a la población y de plantear modificaciones al modelo económico para enfrentar la crisis, se resigna, al igual que García, y entrega más privilegios a los empresarios, poniendo en peligro miles de empleos y el acceso de los más pobres a los servicios públicos, como la salud, la educación y al trabajo con derechos.
Este anuncio forma parte de una serie de medidas para enfrentar la crisis, que no contemplan ningún cambio en la estructura laboral heredada del fujimorismo y el alanismo. Por el contrario, se continuará eliminando o restringiendo los derechos sociales, única medida que tienen los neoliberales para que el país no colapse económicamente y con el fin de salvaguardar sus beneficios, privilegios y ganancias, como ocurrió durante la recesión en la época del fujimorismo y el bajón del 2009.
Por estos motivos, la CGTP realizará las denuncias respectivas en los fueros correspondientes para evitar que este despropósito se concrete, como lo viene haciendo su delegación en la OIT donde se ha denunciado las acciones antilaborales que realiza el gobierno. En los próximos días se anunciaría la realización de nuevas medidas de protestas.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de Seguros Rímac, quienes se encuentran enfrentando una campaña de hostilización promovida por los funcionarios de la referida empresa.
La Primera, 13.06.2014
Artículos relacionados
Bolivia, Ecuador, Chile y Brasil superan al Perú en respeto a leyes laborales
Ministro de Trabajo busca azotar a los empleados estatales
