Carlos Miguélez Monroy*
Con las protestas en las calles de Brasil contra la Copa del Mundo en su apogeo, Joseph Blatter, presidente de la FIFA, anunció en marzo que la elección de sedes mundialistas tomará en cuenta los derechos humanos. Blatter matizó, sin embargo, que este criterio tendrá vigencia del mundial de 2026 en adelante, pues los de 2018 y 2022 ya están asignados respectivamente a Rusia y a Qatar. Ambos han sido cuestionados en los últimos años por temas relacionados con los derechos humanos. En Rusia, hay leyes que criminalizan las “manifestaciones públicas” de homosexualidad mientras, en Qatar, las condiciones de trabajo, los derechos de la mujer y de libertad de expresión preocupan a los defensores de los derechos humanos.
Iniciado este mundial, han perdido fuerza las protestas en “el país más futbolero del mundo” por el despilfarro y porque el gobierno antepuso el cumplimiento de las exigencias de la FIFA al bienestar general. La oposición de muchas personas que se consideran amantes del deporte rompe con el prejuicio de que el pan y circo mueven a las masas.
Federico Mayor Zaragoza, que se refiere al siglo XXI como al siglo de la gente, sostiene hay una ruptura respecto al siglo anterior en la forma de entender los derechos humanos. Algunas de las mayores atrocidades las cometieron los propios Estados o con su complicidad. El sistema internacional y de derechos humanos que surgió tras la Segunda Guerra Mundial dio al estado la principal responsabilidad de respetar y hacer respetar, proteger y promover los derechos humanos.
Desde hace años, proliferan nuevos actores que escapan al control de los gobiernos. La actividad de ciertas empresas influye en las condiciones de trabajo, en el acceso a la vivienda y a derechos básicos como el agua y el derecho a la protesta.
La ONU acaba de aprobar una resolución que establece la creación de un grupo de trabajo de cara a establecer normas vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus actividades. Se trata de un paso más firme que los dados en 2005 con el Pacto Global para empresas multinacionales con el fin de que adoptaran ciertos principios.
Sin embargo, se trataba principios “voluntarios” que, al final, no podían reclamarse ante los tribunales en caso de violaciones de derechos humanos en las que se vieran implicadas empresas. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respaldó los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, fruto de investigaciones y de consultas con representantes de gobiernos, empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, y personalidades expertas en la materia.
De acuerdo con esos Principios Rectores, la protección, el respeto y las reparaciones que emanan de los derechos humanos descansan en tres pilares: la obligación del Estado de proteger de abusos, incluidas las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; un mayor acceso a la reparación por parte de las víctimas.
A la hora de elegir sedes para los mundiales, recae en el estado la responsabilidad de presentar una candidatura cuando el cumplimiento de sus compromisos con la FIFA no implique abusos y violaciones de derechos humanos. En Brasil, miles de personas desahuciadas se han echado a las calles por lo que consideran realojos e indemnizaciones que atentan contra su dignidad. Las condiciones de trabajo en el sector de la construcción de infraestructuras y los sueldos también han servido de gasolina para unos movimientos sociales. Además, exigen mejoras en el sistema público de transporte, sanidad y educación. En los gobiernos recae la responsabilidad de regular en esas materias y en hacer cumplir sus obligaciones a cada parte implicada.
En cuanto al papel de las empresas, la FIFA tiene una responsabilidad subsidiaria en materia de derechos humanos a la hora de organizar un mundial; con las condiciones laborales de las empresas a las que subcontrata para la construcción, con cuestiones relacionadas con la seguridad, con principios que rigen los asuntos de la publicidad, con políticas de proveedores en lo que se refiere a producción de balones y de ropa deportiva, etc.
La gente parecía dormida por el opio del fútbol, pero han dado prioridad a sus derechos y los exigen ante el responsable directo de hacerlos respetar: el estado.
*Periodista y coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
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