Herbert Mujica Rojas
Los temas observados por el Contralor Edgar Alarcón son: 1) la adenda por el adelanto de la fecha de entrega del tramo 1A para junio pasado; 2) el sobrecosto que habría generado y que superaría los $170 millones; 3) el incumplimiento en la entrega de terrenos para el avance de la obra; 4) el no haber usado la tuneladora a partir de determinada fecha, lo que originó igualmente mayores costos; y, 5) la no aplicación de multas al concesionario por el incumplimiento de determinados puntos del contrato de concesión.
Anunció que el informe ya había sido remitido al Poder Judicial, sin pasar por la Fiscalía, porque así lo determinan las facultades de Contraloría. Sin embargo, contradictoriamente, dice también que se ha pasado para determinación de responsabilidades administrativas y civiles. Entonces, ¿por qué mencionar a la Fiscalía si no hay tema penal? Cuando en realidad sí debiera haberlo, porque ¿cómo entender tan cuantiosos perjuicios al Estado, sin responsabilidades penales de los funcionarios dolosamente involucrados?
Ante el tibio requerimiento de la prensa, el Contralor señaló que son 23 funcionarios a los que se les ha encontrado responsabilidad. No obstante, solamente mencionó 4 ó 5 cargos, todos de PROINVERSIÓN, sin especificar las fechas de ocurrencias, con lo cual todos los funcionarios de esa entidad que ocuparon esos cargos, deben sentirse actualmente involucrados.
Para quienes algo conocemos del funcionamiento del Estado, podemos dilucidar que las responsabilidades de los cinco temas expuestos por el Contralor, se distribuirían de la siguiente manera: en las observaciones 1, 2 y 3 tendrían que ver PROINVERSIÓN y el MTC; y, en las observaciones 4 y 5, las responsabilidades se encontrarían exclusivamente en OSITRAN.
Responsables en la nebulosa
El estilo no comprometido del Contralor, no permite que la ciudadanía conozca qué funcionarios, a los que paga con sus impuestos, se encuentran involucrados en estos importantes hallazgos de CGR, amparándose en su reserva por estar el expediente judicializado.
¿Pero no es que acaso temas mucho más candentes no son de total dominio público, conociéndose quiénes están como testigos y quiénes como acusados?, ¿es que no confía en el trabajo realizado y teme que el juzgado rechace el expediente? La ciudadanía exige conocer la relación de los 23 funcionarios y ex funcionarios involucrados en los hechos denunciados por el Contralor.
Nuevo cambio en OCI-OSITRAN
En este barullo que se ha armado por la difusión de temas por Contraloría, que algunos profesionales especializados, consideran un adelanto de opinión, llama la atención que en el primer y único cambio de Jefes de OCI llevados a cabo por la actual gestión, se haya sucedido, por tercera vez, el del OCI de OSITRAN, en los pocos más de cuatro años que tiene de gestión al frente la señorita Benavente. Caso único entre los reguladores. ¿Tendrá algo que ver en esto que Obed Chuquihuayta, todavía gerente general de OSITRAN, haya trabajado antes en la CGR?
¿O, tanto poder tiene Benavente que se suceden estos cambios cuando, según información obtenida, el reemplazado venía haciendo una correcta gestión auditora? ¿Eso es lo que incomoda?
Inacción censurable de CGR y OCI
¿Cómo se explica que la documentada denuncia presentada por Elisa Antonieta Castro Valderrama, contra determinados funcionarios de OSITRAN, respecto del “Servicio de consultoría para el diagnóstico, diseño e implementación para la modernización del modelo operativo de procesos en el OSITRAN”, de la que diéramos cuenta en días pasados, haya sido peloteada entre el nuevo jefe del OCI de esa institución y la Gerencia de Denuncias de CGR, sin que ninguno tome cartas en el asunto.
Este proceso de selección, finalmente, ha sido declarado Desierto el lunes pasado, pero no por acción de Contraloría ni del OCI, sino por la propia ineptitud de los funcionarios de OSITRAN, que efectúan una convocatoria sin un adecuado sondeo de mercado. Hecho que, no obstante, no enerva las responsabilidades incurridas en la denuncia comentada, siendo que además, el valor referencial terminó superando los S/.5 millones.
Pedidos ociosos
Entre estas medidas se encuentra la de ampliar la base de quienes tienen la obligación de presentar anualmente declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, hasta abarcar incluso a trabajadores que perciben una remuneración superior a 1 UIT (S/. 3950), es decir, casi cualquier funcionario de nuestro bondadoso Estado.
Sin embargo, esta aparente medida anticorrupción resultaría más aparatosa que efectiva, pues, según nuestras fuentes, desde que se expidieron las normas respectivas que disponen remitir un ejemplar de las mencionadas DJ a la Contraloría, esta entidad no hace un trabajo efectivo sobre ellas, más allá, de verificar la fecha de presentación y llevar el registro de las sanciones que aplican las entidades respecto a ese incumplimiento. Es decir, ¿alguna comparación respecto a notable crecimiento patrimonial? Pues, no.
Más bien, estas DJ sirven de insumo para labor que le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, actualmente bajo dependencia de la Superintendencia de Banca y Seguros, algo que debiera el actual gobierno, repensar.
Entonces, ¿a santo de qué pedir mucho mayor volumen de documentación e información si la Contraloría no se encuentra preparada para procesarla? ¡Dejemos de lado los aspavientos que no ayudan!
11.08.2016
