El Congreso de la República no oculta su avidez por controlar al Poder Ejecutivo y de forma apresurada, exonerando la segunda votación, aprobó una interpretación de la cuestión de confianza, la cual es discutible, pues estaría excediendo sus atribuciones.
Con 74 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la propuesta de la Comisión de Constitución que propone una ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú.
La exoneración de segunda votación se aprobó con con 80 votos a favor, 40 votos en contra y ninguna abstención.
En su único artículo, plantea que la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos.
En sus disposiciones complementarias finales, indica que la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de la decisión. Los alcances de la presente ley no tienen consecuencias o impacto retroactivos y rigen a partir del día siguiente de su publicación.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), sustentó el dictamen en mayoría señalando que es necesario regular de mejor manera la cuestión de confianza en la Constitución Política, para que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República desarrollen sus funciones y atribuciones de manera coherente al texto Constitucional, sin tener que entrar en conflicto por la interpretación de la misma. Ello coadyuvará a mejorar las relaciones entre ambos poderes del Estado, que a su vez generará confianza la población y en el propio sistema democrático.
Por su parte, el parlamentario Edgard Reymundo Mercado (Juntos por el Perú) sustentó el dictamen en minoría, el cual propuso la no aprobación de la propuesta que modifica el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, sobre la cuestión de confianza por ser inconstitucional.
Durante el debate, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País y Acción Popular se mostraron a favor de la propuesta e indicaron que tienen el deber histórico de defender las competencias del Poder Legislativo. En tanto, las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú señalaron que la propuesta es inconstitucional y propusieron una nueva Constitución.
