La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final de la denuncia acumulada contra la suspendida fiscal de la nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela, el cual propone sancionarla con inhabilitación por un período de 10 años en el ejercicio de la función fiscal.
El informe recibió las denuncias de los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi. El argumento señala que Espinoza realizóó una denuncia constitucional contra 11 legisladores que integraron la Comisión de Defensa Nacional de 2021 a 2022, la cual había autorizado la percepción simultánea de remuneración y pensión para jubilados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
A Espinoza Valenzuela se le acusa de infringir los artículos 40, 45, 93 y 139, incisos 3 y 5 de la Constitución. También la acusan de presuntamente haber perpetrado los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal. También se incluyó la infracción de los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución.
El informe fue elaborado por el parlamentario Elvis Vergara, alegando que la evaluación legal del caso se fundamentó en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y garantizó el derecho de defensa de la denunciada. Por consiguiente, se desestimó la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Espinoza, por haberse determinado que no existían fallas que invalidaran el proceso.
El documento propuso el archivo de los puntos relacionados con los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tras constatar que no había pruebas suficientes para justificar una acusación penal. De igual modo, se recomendó archivar las denuncias referentes a la presunta transgresión de los artículos 158 y 159, inciso 2 de la Constitución, en lo concerniente a las obligaciones del Fiscal de la Nación.
El dictamen final plantea acusar a Delia Espinoza por infracción constitucional prevista en los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5, porque aducenr que su actuación menoscabó principios esenciales del servicio público y afectó atribuciones propias del Poder Legislativo.
Al acusarla el informe propone una sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier puesto fiscal. La medida fue aprobada por mayoría en la sesión de la Subcomisión, la cual fue presidida por el congresista Jorge Montoya, vicepresidente de este grupo de trabajo.
Parte importente de la acusación se refiere a la forma en que la fiscal actuó al denunciar a los parlamentarios. Alegan que Espinoza no consideró la naturaleza de los actos funcionales de los congresistas y el impacto que tendría su denuncia.
En la sesión de la subcomisión se dispuso remitir el informe a la Comisión Permanente para proseguir el trámite reglamentario.
