Recientemente, IDL-Reporteros publicó un informe en el que destaca: “Como está dicho, el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht ayudó al empresario Miguel Atala -cercano tanto a Alan García como a Luis Nava- a abrir, en octubre de 2007, una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), ‘a través de una compañía offshore creada poco antes en Panamá, llamada AmmarinInvestment Inc.’. Se trataba de ‘la típica empresa de gaveta panameña, con testaferros como directores, que cedieron, mediante oportunos poderes, todo el control. Primero solo a Miguel Atala y después añadieron también a su hijo Samir’”.

 

Alan Gracia NAva

“El Instituto de Defensa Legal (IDL) envió una carta a Edison Lanza, responsable de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para poner en conocimiento del grave atropello a la libertad de expresión que representa la sentencia emitida en contra del periodista Pedro Salinas”, informó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.

Comisión encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, logró un acuerdo con los representantes de las comunidades de Cotabambas. Se oficializará la institucionalización de mesas técnicas en esta provincia apurimeña.

Después de cinco horas de diálogo, la comisión del Ejecutivo, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y los representantes de las más de 55 comunidades de Cotabambas firmaron un acta deacuerdo con la finalidad de impulsar los proyectos dedesarrollo de dicha provincia apurimeña.

 

Jefe de Estado afirmó que el Gobierno impulsa la aprobación del marco legal de la Norma XVI o “ley antielusiva”.
Indicó que el Ejecutivo es firme en el combate de la corrupción, además de emitir normas en materia tributaria, para que la empresa privada aporte lo que corresponde.

El Perú debe contar con una ley antielusiva para evitar que las grandes empresas dejen de contribuir al país, afirmó esta noche el presidente Martín Vizcarra, quien, asimismo, demandó al Congreso mantener la vigencia de la norma que permite al Estado cobrar las deudas tributarias en litigio por 11 mil millones de soles.