Con pose de heroína, la congresista fujimorista Patricia Juárez encabezó al grupo de congresistas que recibieron a los transportistas que ayer paralizaron sus actividades y marcharon exigiendo seguridad ante la ola de extorsión y asesinatos que los golpea. Los parlamentarios anunciaron que verán los proyectos de ley para tipificar el terrorismo urbano, sin embargo estos impresentables tienen hasta ahora lograron promulgar la ley, pese a que se presentaron los textos correspondientes desde hace un año y tres meses.

 

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Por el contrario, los legisladores han estado dando prioridad a leyes para favorecer a la delincuencia, como aquella que obstaculiza los allanamientos en espera de abogado de los delincuentes, por lo cual ya se cuentan criminales que escaparon en estas operaciones.

El presidente del Congreso Eduardo Salhuana Cavides, anunció que se someterá a debate y votación en el Pleno los 20 proyectos de ley sobre terrorismo urbano el próximo jueves 3 de octubre.

Añadió que a ello se suman 25 proyectos de ley referidos a seguridad ciudadana, cuyos dictámenes deberán ser evacuados entre el 15 y 20 de octubre por las comisiones de Defensa, Economía y Descentralización, para ser debatidos y aprobados en el Pleno temático del próximo 30 de octubre explicó Salhuana Cavides.

Señaló que “la situación es complicada” en el país por la inseguridad. “Todos sabemos lo que el Perú viene padeciendo hace algunos años. La criminalidad, la delincuencia común ha crecido de manera desmesurada y el Estado, lamentablemente, no ha tenido una respuesta eficaz y correcta”.

Sostuvo que es hora de corregir, de enmendar y tomar decisiones drásticas, pero concertadas, que involucren no solamente nuevas leyes, sino un marco normativo mucho más expeditivo, con sanciones quizás más gravosas en algunos delitos.

Recordó que desde un primer momento la Mesa Directiva que preside priorizó el tema de seguridad ciudadana la reactivación económica.

Indicó que desde su Despacho impulsó una mesa técnica en la cual participaron todos los sectores involucrados y, tras lo cual se identificaron cerca de 45 proyectos de ley presentados por congresistas, alcaldes, gobernadores regionales y por especialistas en la materia.

Al ser preguntado, sobre los anuncios del Ejecutivo de aplicar medidas más drásticas contra la delincuencia organizad, Salhuana Cavides respondió que, “incrementar las penas es correcto en algunos casos, pero, además de ello, tiene que ir acompañado de un Poder Judicial mucho más expeditivo y un Ministerio Público que tenga también las herramientas, el personal y la decisión. Necesitamos un sistema judicial, un sistema de Ministerio Público que funcione, que persiga y sancione como corresponde”, puntualizó.