La multinacional convenció, sin evidencias científicas, de que sus medicamentos tenían bajo riesgo de adicción. 218.000 personas han muerto en Estados Unidos en las dos últimas décadas por el consumo de los opiáceos
Johnson & Johnson, la multinacional especializada en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y cuidado personal, vuelve a estar inmersa en los tribunales. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, ha presentado una demanda contra ellos, acusándolos de ser actores potenciales en el uso desmedido de opioides de la industria farmacéutica y por formar parte de una campaña de marketing «engañosa».
«Los opioides han destruido a las familias de Washington, han sobrecargado nuestro sistema de atención médica y han provocado una epidemia de adicción que estamos luchando por contener», dijo Ferguson. «Johnson & Johnson debe responsabilizarse del daño causado», añadió.
Una campaña de marketing enfocada para convencer a todos
La demanda, que ha sido presentada en el Tribunal Superior del Condado de King, afirma que Johnson & Johnson, uno de los mayores proveedores de las materias primas utilizadas para producir analgésicos opiáceos, comercializó indebida y engañosamente el uso a largo plazo de estas sustancias en dosis altas. No solo eso, sino que lo hizo sin presentar documentación que avalara estas acciones e ignorando los riesgos del empleo de dichos medicamentos.
Ferguson también afirmó que la multinacional, junto con otras de sus empresas subsidiarias, ayudaron a crear y a alimentar la epidemia de opioides en el estado de Washington y en todo el país, al embarcarse en una campaña de marketing masiva engañosa. De acuerdo con el fiscal, este planeado movimiento de marketing convenció tanto al sector médico como al público de que sus medicamentos eran eficaces para tratar el dolor crónico y que, además, tenían niveles muy bajos de riesgo por adicción.
Además de utilizar ingredientes activos procesados para producir sus propios opiáceos, Johnson & Johnson vendió estas sustancias a otros fabricantes importantes para que pudieran utilizarlos en la fabricación de sus propios medicamentos. Esas compañías son, entre otras, Purdue Pharma y Teva. Los ingredientes finalmente sirvieron para que se desarrollaran productos como la oxicodona, la hidrocodona, el fentanilo o la naloxona.
La Guía 2016 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la prescripción de opioides para el dolor crónico ratificó que no existía ningún estudio científico y/o médico que avalara todas las afirmaciones que Johnson & Johnson se empeñaba en confirmar, especialmente aquellas enfocadas a la efectividad del tratamiento del dolor a largo plazo. Estos centros encontraron «evidencia extensa» de que las personas que usaban opiáceos en una duración superior a los tres meses tenían un riesgo sustancialmente mayor de trastorno por el uso de estos analgésicos.
Un proceso judicial de largo recorrido
En 2017, el fiscal general presentó una demanda contra la empresa Purdue Pharma y en marzo de 2019, otra contra los distribuidores más grandes de opioides recetados en el estado de Washington, cuyo juicio está programado para el mes de octubre. En ese estado se calcula que cerca de 218.000 personas han muerto en el país en las dos últimas décadas debido al consumo de derivados del opio y sus versiones sintéticas.
La adicción a medicamentos como el fentanilo o la oxicodona, recetados para calmar el dolor, ha causado una crisis de salud pública en el país, con más de 47.000 muertes en 2017.
Hasta el momento personas e instituciones que alegan que las compañías farmacéuticas ayudaron a fabricar una cultura de dependencia de esos medicamentos han presentado más de 2.000 demandas en diferentes cortes de Estados Unidos contra esas empresas.
RTVE 03.01.2020
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