Por Herberth Cuba García
La nueva ministra y la agenda de salud
La nueva ministra de Salud ha entrado al Gabinete ministerial en un momento de aguda crisis política, debido a la confrontación entre el Gobierno y la Fiscalía de la Nación, y a la aparición de denuncias contra el propio presidente con relación al caso Lava Jato. Por si fuera poco, se ha sumado el aniego con aguas servidas del distrito de San Juan de Lurigancho y la denuncia de la oficina de transparencia y corrupción del Ministerio de Salud (Minsa), sobre el “incumplimiento” de la jornada laboral por parte de algunos médicos.
Además, la industria de alimentos procesados ha continuado con la campaña contra los octógonos del etiquetado de sus productos, que han llamado “prohibitivos”. La industria de medicamentos y el gremio de profesionales del rubro han exigido en modo público acceder a sus pedidos de no revisar la legislación vigente en torno a los medicamentos, a pesar de que existen vacíos que impiden crear un mercado competitivo. Los gremios de profesionales de la salud han continuado con la exigencia de solución de conflictos interprofesionales en relación con las competencias profesionales, que se han focalizado, por ejemplo, en torno “a las controversias con el gremio de obstetras”, con designaciones como las de los directores generales (a profesionales no médicos), como en el Hospital de Pedregal y en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) de la Dirección Regional de Salud de Arequipa.
La prensa ha puesto en evidencia los convenios de asociaciones público-privadas (APP) del Minsa, que han ocasionado debate. Otra vez se ha cuestionado el rol y los convenios del Seguro Integral de Salud (SIS), con las ejecutoras, debido a las nuevas exigencias y el cambio de rol, al margen de la realidad hospitalaria. Perdura aún el fantasma de las enormes deudas del SIS con los hospitales del lustro humalista. Otra vez se discute el rol de los Institutos Especializados de Salud, sobre todo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas frente a la rectoría del Minsa, y la titularidad de la membresía como Instituto de Salud del Niño, entre “Niño Breña” y “Niño San Borja”.
La simple enumeración a modo de ejemplo de algunos temas que forman parte de la agenda ministerial sirve para graficar el tamaño del reto que tiene la nueva ministra de Salud. Es obvio, que estos temas puntuales forman parte de las políticas nacionales, sectoriales, de los lineamientos y planes de su gestión, que la ministra aún no ha hecho de conocimiento público. Sin embargo, la progresiva conformación de su equipo de gestión publicada en el Diario Oficial El Peruano, permite avizorar algunos lineamientos de política debido a las biografías de los funcionarios designados, que asemejan más a un cambio de gobierno que sólo a un cambio de ministro dentro del mismo gobierno.
Ante los titubeos entre alerta sanitaria y emergencia sanitaria para la intervención del Minsa en el aniego de San Juan de Lurigancho y los reclamos airados de su población, el liderazgo del Minsa se ha puesto en entredicho.
Igual suerte ha tenido la intervención del Minsa ante la falta de legitimidad de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción para realizar el control de permanencia de los médicos y servidores en general en sus labores. La normativa no lo permite. El artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Minsa (DS 011-2017-SA), acota con precisión las funciones de esa oficina, y no tiene la función de realizar control de permanencia y menos aún, el seguimiento, la grabación subrepticia y la celada. No existe norma que avale esas prácticas y menos aún, que sean difundidas por el Minsa a la prensa, con el agravante que ni siquiera se verificó en modo adecuado la identidad de los supuestos infractores.
Llama sí la atención, que el Colegio Médico del Perú, institución que es la llamada a realizar la sanción ética de los infractores, hayan adelantado opinión a favor “de drásticas sanciones”, sin antes, recabar la información de las partes involucradas, incluyendo la base legal del Minsa que ha permitido ese tipo de acciones de control de permanencia de los servidores, es decir, realizar el debido proceso que exige una sociedad democrática.
A estas alturas, es necesario comprender que los indicadores sanitarios, que aún son malos, pero que han mejorado frente a la herencia del humalismo, deben tener el mayor énfasis. Rol clave en esa tarea la tiene el primer nivel de atención, a través de la conformación de las Redes Integradas de Salud (Ley 30885), el fortalecimiento de la función rectora del Minsa (Ley 30895) y el intercambio prestacional (Decreto Legislativo 1302). La sobrecarga de atención de los hospitales son la consecuencia, entre otros motivos, del mal funcionamiento del primer nivel de atención. Además, es necesario ajustar el funcionamiento del SIS al nuevo modelo y no al revés.
Urge el plan de trabajo y los lineamientos de gestión.
18 de enero del 2018
Asociación Médica Peruana
