Pese a las deudas con la Sunat, servicio con tecnología atrasada y explotación laboral
Se avizoraba la decisión del Gobierno de continuar el faenón con Telefónica, en lugar de convocar a licitación para encontrar mejores empresas, desde el momento en que esta empresa española anunció que entregaría dinero a la Primera Dama con el pretexto de ayudarla a cumplir con su trabajo de “inclusión" social. No hace falta ser muy inteligentes para saber lo que eso significa.
De modo que no sorprende que ahora el Gobierno del presidente Ollanta Humala haya prorrogado el contrato de telefonía móvil por nada menos que 18 años y 10 meses.
Por alguna extraña aceitada el Gobierno decidió no tomar en cuenta las deudas que Telefónica mantiene con la Sunat, el pésimo servicio obsoleto, la explotación de trabajadores que perciben remuneraciones irrisorias, las cobranzas de cantidades obtenidas de cálculos oscuros con las cuales suelen martirizar a los usuarios, ni los engorrosos trámites de esta empresa, que hacen perder el tiempo a la gente tanto los trámites presenciales como los realizados por teléfono.
El Gobierno niega de esta manera un mejor servicio a los peruanos que sufren por el atraso que trae España en telefonía e internet, pues con una licitación se pudo haber convocado a empresas de países desarrollados que ofrecen calidad.
En una burla más al Perú, como si de un logro se tratase y no de una componenda más contra los usuarios, el titular del ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Paredes, informó que la empresa Telefónica decidió aceptar las condiciones “impuestas” por el gobierno para la renovación de sus contratos de telefonía móvil. Como si el regalo que acaban de entregar a Telefónica fuese una “imposición”.
Así Telefónica engulle tres contratos: por las bandas de 800 y 1.900 megahertz para Lima y Callao, que vencieron en mayo y junio de 2011; y por la banda de 800 megahertz para el resto del país, que terminó en febrero de 2012.
El Organismo Regulador de la Inversión en Telecomunicaciones, Osiptel, recomendó al gobierno que si renovaba los contratos, no lo hiciera por un nuevo plazo de 20 años, sino por un plazo menor debido a las sanciones que había tenido la empresa a lo largo de la primera concesión y con una metodología dada por el MTC, Osiptel obtuvo un resultado de 18 años 10 meses.
Paredes dijo que la valorización de las nuevas inversiones exigidas por el Perú tienen un valor de US$1.184 millones (S/.3.020 millones), que son más del triple de lo que obtuvo la gestión anterior cuando estuvo a punto de renovar las concesiones para Lima y Callao, cuyos beneficios ascendían a US$150 millones, haciendo una extrapolación a todo el país, serían US$375 millones.
Indicó que la empresa no pagará aparte, una especie de canon, por el uso del espacio radioeléctrico, que es en sí lo que se gana con la concesión. Esto podría haber significado otros US$300 millones a Telefónica.
El pretexto de la "inclusión" social
Para maquillar el faenón, el Gobierno se escuda en la inversión en zonas rurales que no son rentables, como si una empresa de telefonía nacional no estuviese obligada a cubrir todo el país. "Lo que hoy hemos obtenido de parte de la empresa está focalizado en zonas rurales, que no habrían tenido acceso a telefonía e internet por iniciativa de la empresa, porque no es rentable, y solo a través de mecanismos como el que hoy estamos concretando es posible llevar a estas zonas telefonía móvil e Internet", dijo.
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