La ministra de Economía María Antonieta Alva, quien más parece lobbista en favor de las grandes empresas, antes que ministra, impulsora de la ley de reprogramación de deudas, una vez más habría favorecido a las grandes empresas, en este caso bancos, en perjuicio del público usuario de los servicios financieros.
Todavía no se ha publicado el texto de la norma aprobada el viernes último en el Congreso tras la exposición de la ministra, por lo que no se puede afirmar al 100% lo que señalen, pero de lo expuesto se deduce que las reprogramaciones tendrán la misma dinámica abusiva que hasta ahora existe, como ya lo habíamos señalado en un artículo previo.
Modalidad de abuso respaldada por la SBS
Los bancos, en lugar de programar de forma equitativa, los pagos de cuotas de créditos otorgados a los clientes, es decir, de cobrar la misma cantidad mensual por pago del capital prestado y los intereses (por ejemplo, 350 de capital y 70 cada mes), cobran durante los primeros meses un monto mayor por intereses que el propio capital, como se ve en el ejemplo, de un crédito de S/ 24,000 en 48 meses, de Interbank. Es una modalidad que todos los bancos emplean con el aval de la Superitendencia de Banca y Seguros (SBS), que más se porta como empleada de los bancos que como organismo independiente capaz de normar con equidad.
Esta es la forma normal en que el Interbank y la mayor parte de bancos cobran las cuotas:
Entonces, cuando un cliente pide reprogramar su pago, realizan el corte al mes en que se quedó y resultará que el cliente pagó poco de su capital y casi todo el importe de los intereses.
En el ejemplo, si un cliente se quedó a la mitad del crédito al 26.39%, habrá pagado, en lugar de 50% de los intereses, el 70.76% de los S/ 12,341.25 que tendrá que abonar por concepto sólo de intereses por el total del préstamo, y de este modo también considerarán que amortizó menos su crédito.
Al reprogramar considerarán el capital que queda por pagar como un crédito nuevo, como explicó la ministra. Entonces los 70.76% de intereses que pagó el cliente los perderá como cómputo del total de intereses pagados, como están haciendo los bancos en las reprogramaciones. Y el banco, en lugar de considerar que pagó el 50% de su capital, como debería ser, considerará que el cliente pagó sólo el 38.35% y debe 61.16% del préstamo.
Dicen que le hacen un gran favor al cliente reduciendo el pago de intereses en 25% pero será más pérdida que con los intereses anteriores. En el mismo ejemplo, con una reducción del 25%, el cliente pagará más de lo que inicialmente debería pagar:
De 24,000 en lugar de considerar que amortizó S/ 12,000, considerarán que sólo pagó S/ 9,323.09, y con los intereses reducidos en 25% para el saldo por pagar, tendrá que pagar S/ 7,546.67 adicionales por intereses:
Ya pagó el 70.76% de intereses: 8,732.50
Intereses adicionales con la reprogramación: 7,546.67
Total 16,279.17
Queda demostrado que sin reprogramación, con su tasa de interés anterior, sin reducción, habría pagado S/ 12,341.25 de intereses al terminar de pagar su última cuota, pero si se acoge a la reprogramación con 25% de descuento, el banco ganará más todavía al cobrarle en total S/ 16,279.17. Usura aumentada. Un abuso que el Estado se estaría permitiendo avalar.
Lo que el Congreso debe hacer es:
1) prohibir esa forma de cobrar los intereses, que además son usureros,
2) establecer que las cuotas mensuales por pago de capital e intereses sean iguales cada mes, tanto del pago del capital como de los intereses,
3) disponer que si los bancos habían programado de la forma leonina, que corrijan al esquema equitativo mes a mes.
No se puede permitir que los bancos, que no fueron afectados con la suspensión de actividades a causa de la pandemia, reciban una ganancia abusiva en perjuicio de los golpeados clientes que se ven en dificultadas para honrar sus deudas.
Aval del Estado
Para redondear la faena, o faenón, debido a que el Estado garantizará estas reprogramaciones, los bancos ya no se ocuparían de desplegar sus equipos de abogados para realizar largos procesos judiciales, sino que cobrarán la garantía al Estado en caso de incumplimiento. Negociazo asegurado.
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