Mientras que se había realizado anteriormente un avance para devolver los aportes al Fonavi de los trabajadores a quienes se descontó en sus planillas y se devolvió a todos los registrados contrastando con los archivos de diversos regímenes laborales, ahora la nueva Comisión ad hoc para la Devolución de los Aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) busca dilatar la devolución con el pretexto de mayor corroboración.
La solución inmediata está en manos del Estado
Si el Estado en su momento no verificó que los empleadores privados o estatales hayan cumplido con depositar los aportes, la falta es imputable al Estado, porque debió exigir el pago de dichas deudas y sancionar según las normas, pero no recopiló la información ni sancionó a los deudores y esa omisión no puede ser imputable a los fonavistas ni tiene por qué perjudicarlos.
Usar registros existentes
Una base de datos bastante confiable, aunque no perfecta ni completa, es la de los jubilados de empresas privadas y estatales, pues para aprobar su jubilación se verificó por lo menos que se haya cumplido con el pago de los aportes a la Seguridad Social y otros fondos de jubilación.
Es decir, todo jubilado debe ser declarado apto. En cuanto a los trabajadores activos, si el empleador cumplió con pagar los aportes a la Seguridad Social, debe presumirse que ese empleador pagó el Fonavi.
Es cruel la actitud de dicha Comisión, pues muchas empresas que tuvieron trabajadores en planillas ya no existen y en cuanto a las omisiones de depósito de los aportes de los empleadores estatales, es el Estado el que debe responder por ello.
No se debe dilatar más la devolución porque muchos de los aportantes son personas de avanzada edad que necesitan dicho dinero. Otros, debido a la indolencia de sucesivos gobiernos, murieron esperando y ahora son sus deudos los que deberán cobrar y para ello, sin embargo, hasta ahora la Secrataría Técnica del Fonavi, después que se eliminaron los procedimientos de registro para herederos, hasta ahora no publica los nuevos requisitos y trámites para ello, lo cual es necesario porque se dio una alternativa de registro fuera de notaría para evitar los gastos, que se llevaban buena parte del dinero por cobrar.
En su más reciente sesión de esta semana, la comisión abordó el problema de la falta de respuesta de los empleadores ante la solicitud de información sobre los aportes hechos al Fonavi, porque, según la comisión, es información vital con la que se espera formular el cálculo de los montos individuales para emitir los certificados de aportes.
La Secretaría Técnica señala que muchos de los empleadores, en especial del sector privado, hasta el momento no han dado una respuesta al requerimiento. “Es necesario hacer que esa información fluya, a fin de poder agilizar el proceso y este se pueda concluir en breve plazo”, comentó Luis Luzuriaga, presidente de la Comisión ad hoc, citado por Exitosa.
Representantes de los fonavistas en la referida comisión, indicaron que en la misma situación se encuentra el Estado como principal deudor al Fonavi, por lo que instaron a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a agilizar este trámite ante entidades como las empresas prestadoras de servicios y financieros.
La Secretaría Técnica indica que sólo el 17% de las empresas consultadas, dieron respuesta a su solicitud; un 4% respondió que sí tenían información y que la enviarían en una vez que recopilen todos los documentos, y más del 28% no responde.
En la reunión también trataron sobre la reglamentación de la seis distintas modalidades de pago, como el pago en efectivo, en terrenos urbanizados de interés social, a través de viviendas de interés social, pagos compensatorios de deudas, así como también con pago en bonos y finalmente la devolución que se encuentra dirigida a pagar compensaciones tributarias de cada aportante. “Hay salidas y muy factibles, las que esperemos se puedan aplicar”, dijeron los dirigentes.
Luis Luzuriaga, dijo que el sistema para determinar las aportaciones ya está precisado en la ley que permite la devolución, pero es necesario que el grupo de trabajo lo apruebe y alcance la necesaria reglamentación.
