Marcos Ibazeta Marino
Cuando en 1992 se creó el sistema privado de pensiones, las razones que se expusieron para considerarlo como una mejor alternativa al sistema estatal fueron fundamentalmente dos. La primera sostenía que el sistema estatal jamás podría producir una pensión de jubilación razonable porque se basaba en el principio de la solidaridad, es decir, del todo para uno y uno para todos, al ir los porcentajes del descuento de haberes respectivo, a un fondo común cuya alteración resultaba imposible porque los cálculos actuariales para establecer el monto de pensiones se basaba en toda la masa de dinero así acumulada.
La opción del sistema privado de pensiones era la salida del trabajador del sistema estatal, administrador del fondo común, para la apertura de un fondo individual que nada tenía que hacer con los volúmenes de dinero que cada fondo individual sumaría en un todo administrado ya no por el Estado sino por una AFP. De todo lo anterior surgía la segunda alternativa, relativa a la cuantificación de la pensión individual en base al fondo individual administrado por la AFP y no en función de un depósito colectivo.
Las AFP han venido haciendo grandes inversiones con reglas para reducir o eliminar riesgos de pérdidas, pero el resultado al cabo de 23 años es que las administradoras han ganado mucho dinero, sus ejecutivos están entre los mejores pagados del país aunque, paradójicamente, el monto de las pensiones individuales producto del manejo de nuestros fondos individuales sigue siendo una miseria, no diferenciándose mucho con las pensiones del sistema estatal.
Se infiere que, si cada uno tiene su fondo individual, una vez cumplidos los requisitos legales para la percepción de su pensión, descubre que el monto de esta es ridícula y que con el capital acumulado durante los años exigidos por ley le puede reportar mejores dividendos en actividades personales que cada quien desee desarrollar luego de su jubilación, no debería existir impedimento alguno para retirar todo su dinero.
Así lo han entendido en el Congreso y se ha aprobado una ley que autoriza ese retiro porque resulta razonable y justo; sin embargo, el Ejecutivo ha observado la ley sosteniendo que la economía del país se vería afectada. Ese argumento es insostenible porque entonces se estaría considerando el fondo individual como un fondo colectivo indisponible. La pobreza del jubilado no debe sustentar la riqueza de la AFP.
Expreso, 14.01.2016
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