En el caso de Perú, la valiente batalla ante INDECOPI, realizada por el periodista Rafael Romero Vásquez desde el 2022, recién hoy, tras dos años y medio de un reclamo, primero, y de una denuncia administrativa, después, logró que se le imponga una multa de 6.9 UIT a la ultra poderosa Coca-Cola, pero solo bajo el cargo de no haber atendido un reclamo.
Lo cierto es que el Exp. 0553-2022/CC2, es tan o más grave que la falta de empatía de Coca-Cola para con sus trabajadores inmigrantes en EE.UU. (apresados en sus centros de labores para ser deportados) o como el clorato en exceso de su bebida bandera que obligó al retiro de esos productos desde su fábrica en Bélgica hasta en todas las tiendas de Europa.
Frente a esos casos internacionales, lo que ocurre en Perú merece fiscalización, sobre todo respecto de la actuación de la secretaría técnica, en manos del funcionario Cristian Tarazona Cerrón.
También con relación al papel desempeñado por los miembros de la Comisión de Protección al Consumidor y la resolución de la Sala del Tribunal Especializado, porque no han sido transparentes mostrando actos administrativos con deficiencias formales y sustantivas en contra de la salud y el derecho a la información.
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Esto es más grave cuando se trata de un problema de industria, diseño y fabricación con relación al sellado metálico que Coca-Cola y su socia Arca Continental Lindley, tienen en su bidón de Agua San Luis de 7 litros, pues al retirarse ese aditivo, deja residuos y partículas que pueden ser ingeridas por el consumidor, poniendo en riesgo su salud, peor si se trata de un consumidor adulto mayor o de un niño.
Antes de los escándalos internacionales de la gigantesca Coca-Cola, que acaban de producirse en Europa y EE. UU., desde esta columna dimos cuenta que esa transnacional tiene hace más de dos años y medio una denuncia en el INDECOPI (Exp. 0553-2022/CC2) porque uno de sus productos (el bidón de Agua San Luis de 7 litros) tiene un sellado metálico que al desprenderse, deja partículas y residuos en el pico del envase.
En todo esto, debido a que en Perú no existen entidades que defiendan seriamente al consumidor y cuando en nuestra sociedad todavía no existe mucha conciencia entre los ejecutivos para hacer honor de las buenas prácticas corporativas, de la ética empresarial y el “compliance”.
Tanto el directorio de Coca Cola Servicios del Perú S.A. y su gerencia general, desatendieron los justos y fundados reclamos de Romero, máxime cuando uno de sus familiares ingirió un residuo del sellado metálico del referido bidón de agua.
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INDECOPI, por disposición constitucional y por sus normas legales especiales, debería estar en el rumbo correcto del respeto y la defensa de los derechos del consumidor. Pero, señor presidente ejecutivo Alberto Villanueva, ¿esto es realmente así?
En efecto, hoy la mega industria Coca-Cola es noticia, no solo en Europa, por el retiro de parte de su producción, al contener clorato en exceso, sino en EE. UU. al facilitar el arresto de sus trabajadores latinos por parte de las autoridades migratorias bajo una orden ejecutiva de Donald Trump.
Si eso hubiera pasado en Europa o EE. UU., otro sería el cantar en este caso, pero estamos en Perú donde INDECOPI no realizó una instrucción administrativa seria, pasando por agua de malvas a la corporación denunciada y sin exigir que DIGESA, INCAL y PRODUCE actuasen a la altura de garantizar que los productos que se fabrican, sean realmente inocuos y no pongan en peligro la salud de 34 millones de peruanos.
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Finalmente, queda en manos del Organo Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Defensa del Consumidor, dar término, por completo, al histórico Exp. 0553-2022/CC2, que logró, por primera vez, una multa a Coca-Cola en nuestro país; y se espera que el directorio y la gerencia de Coca-Cola Servicios del Perú S.A., a la luz de la última resolución que emita el INDECOPI, cumpla con honor a lo que predican en el papel respecto del buen trato al cliente y sobre todo frente a la salud del consumidor.
INDECOPI está constreñida a hacer cumplir a Coca Cola. No son pocos los casos y sus consiguientes quejas y reclamos que señalan a la entidad como dirigida y manejada por allegados o amigos de las grandes empresas con saldos de impunidad realmente deplorables.
Los topos responsables de amenguar, anular o dificultar los justos reclamos que hace el público usuario ante deficiencias y malos productos, abundan y, sin la menor duda, están muy bien pagados. Las dietas resultan migas frente a los panetones dolarizados, sinecuras y viajes de premio a los cómplices contra los clientes.
¡Es hora de poner orden en casa y para eso se requiere de una reorganización radical de INDECOPI, sacando a los tibios y amiguísimos y para ubicar a verdaderos y justicieros representantes de los consumidores en papeles vigilantes de la calidad y la buena salud.
09.02.2025
hcmujica@gmail.com
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