Dos empresas mineras han despertado la indignación en el valle de Tambo ubicado en el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay en Arequipa: Southern Peru Copper Corporation y Aruntani SAC.
La primera mantiene un conflicto continuo con los ciudadanos y ciudadanas tambeñas desde hace 14 años debido a la imposición del proyecto Tía María, pese a la mala reputación que esta tiene en el valle, la cual le ha restado credibilidad a su oferta de desarrollo. Además de eso, desde entonces no han cesado los desaciertos como el expresado por uno de sus funcionarios cuando calificó de “terroristas antimineros” a las personas que estaban en contra del proyecto, en una radio limeña de alcance nacional. Tampoco ha disminuido la consuetudinaria altanería del presidente de Southern Peru Copper Corporation, Óscar González Rocha, quien dijo que //www.tiktok.com/@cuscoenportada/video/7284088038802590981">habría que cambiar de gobierno si el proyecto no estaba en su agenda; o recientemente el memorando dirigido a sus empleados para reiniciar sus labores el primero de julio, sin antes haber mediado una comunicación con la población, ni con las autoridades locales de Islay.
De todos los proyectos mineros a nivel nacional paralizados por diferentes conflictos, el proyecto Tía María es el de menor impacto económico, como lo afirmó el Premier en la primera entrevista que dio en televisión; sin embargo, es el más emblemático para la gestión de Boluarte, porque su puesta en marcha demostraría una supuesta capacidad del Ejecutivo para resolver con éxito los actuales conflictos socioambientales; pero sabemos que eso no es así. Y si bien para el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se trataría solo de un grupo “pequeño y disminuido” contrario a dicho proyecto, lo cierto es que con el reinicio de las protestas se demostró lo contrario. Otro hecho a tener en cuenta sobre la poca popularidad que tiene el proyecto en la población de Islay, es que durante estos años de conflicto sólo han sido electas autoridades locales con una posición contraria a la operación de Tía María. El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, otrora presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, ha pedido a la presidenta Dina Boluarte detener el reinicio de las operaciones con el fin de calmar las movilizaciones en el valle.
En marzo de este año Southern ofreció la construcción de una represa de 50 MMC (millones de metros cúbicos) en el valle de Tambo apenas inicie el proyecto, como una forma de ganarse la aprobación de la población. Pero debemos tener en cuenta que esta construcción es una promesa de larga data hecha desde el Gobierno Nacional por el déficit hídrico que sufre el valle y que sería de beneficio para las operaciones de la misma empresa. De esta forma ya no usarían agua de mar desalinizada, sino agua dulce. Esta propuesta de cambio aún no se habría aprobado en un nuevo estudio de impacto ambiental, según lo manifestado por un funcionario del Servicio Nacional de Certificación Ambiental.
La segunda empresa minera que ha alterado la tranquilidad de los tambeños ha sido Aruntani, responsable de la contaminación del río Coralaque en el distrito de Quinistaquillas, en Moquegua, la cual está en etapa de cierre, manteniendo aún ciertas labores. Esta descarga de desechos contaminantes ha sido intermitente desde el 2011 y sólo afectaba a la zona alta del norte de Moquegua; pero esta vez la contaminación ha sido tal que ha llegado hasta el valle de Tambo. Ante esto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está considerando formular una declaración de emergencia en Tambo y la emisión de un decreto de urgencia para el cierre definitivo de la empresa Aruntani.
El río Coralaque es tributario del río Tambo. Aunque la contaminación de este último es evidente, se está a la espera del informe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar si en sus aguas se halla presencia de metales dañinos para la salud de la población, que la usa para su consumo y labores agrícolas. SEDAPAR, la empresa encargada de la distribución del agua potable, cerró preventivamente las compuertas de captación para el río Tambo, aunque posteriormente las abrió, instalando una cuadrilla de monitoreo permanente. Los pobladores de Cocachacra desconfían y han optado por comprar agua embotellada. El Gobierno Regional de Arequipa está coordinando con el sector Salud para realizar una evaluación y plantear estrategias frente a posibles problemas que puedan presentarse, según manifestó la vicegobernadora Ana María Gutiérrez.
Ciertamente, la reciente contaminación del río Tambo opaca la campaña del MINEM para reactivar el proyecto Tía María en el valle de Tambo, sobre todo porque este hecho preocupante demuestra la falta de control del Ejecutivo sobre las operaciones mineras. El problema de la contaminación de Aruntani lleva años en Moquegua, por esta razón tiene incluso sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); sin embargo, la dejaron seguir operando. Tampoco hay que pasar por alto que la empresa ha continuado con sus operaciones con impunidad a pesar de tener otras denuncias de contaminación, como el caso de la Cuenca de Llallimayo en Puno, tema al que también nos hemos referido en este espacio.
Los conflictos socioambientales persistirán en el valle de Tambo y en el sur mientras no se construya confianza, no sólo desde las empresas mineras mediante la implementación de una adecuada política empresarial de respeto y transparencia con la ciudadanía; es imprescindible que el Gobierno cumpla con eficacia su rol fiscalizador frente al tema ambiental y pueda hacer viables los acuerdos que surgen en las mesas de diálogo, cuyo prestigio está por los suelos por su propia desidia.
desco Opina – Regional / 19 de julio del 2024
