Raúl Eduardo Mauro Machuca, Profesor de Pregrado en la Facultad de Economía de la UNIA pocos meses de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, el MEF comunicó al país la novedad de una emisión de miles de millones de dólares en bonos públicos de muy largo plazo como si fuera una gran noticia a celebrar. De un solo golpe, el país ha incrementado el peso de la deuda pública de 28% a 35% para el cierre de 2020, hipotecando el futuro del país para las próximas cuatro generaciones. Una historia que no parece muy diferente al endeudamiento que contrajo el Perú en 1821, para financiar los gastos de guerra, del cual entró en default a los pocos años de emitida dicha deuda.
Pero la actual decisión de endeudamiento, en realidad, se ha tomado luego de evaluar lo precaria que es la situación de gobernabilidad del país como para atreverse a lanzar, por ejemplo, una reforma tributaria radical y progresiva. No se piensa ni por asomo aplicar impuestos especiales a los ricos, ni tampoco se piensa eliminar las sendas exoneraciones tributarias que se cargan anualmente al país por recursos no pagados al erario público. Véase a propósito de ello, el quinteto de proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo al Congreso para su aprobación urgente, ordenando mantener el estatus quo del no pago de impuestos de ciertos sectores privilegiados. Lo cierto es que la deuda tarde o temprano se va a tener que pagar con impuestos, y en un país que renuncia a reformar su inequitativo esquema tributario, la deuda lo terminarán pagando los más pobres y sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.
La urgencia por enfrentar la crisis sanitaria y económica originada por el COVID-19, ha hecho que la administración Sagasti decidiera colocar el 22 de noviembre último, 4 mil millones de dólares en bonos, de los cuales, mil millones de dólares vencerán el 2032, 2 mil millones adicionales vencerán el 2060, y unos mil millones de dólares más que vencerán en julio de 2121.
La noticia causó desazón entre la opinión pública especializada. Siempre va a parecer bueno que te presten plata porque supuestamente sabes llevar las cuentas financieras correctamente, pero algo huele mal en la tercera cuadra del jirón Junín cuando te dicen sonriendo y sin tapujos que la deuda, no es cualquier deuda, es una deuda centenaria que la pagarán las cuatro generaciones siguientes de peruanos.
Las noticias negativas por esta decisión no tardaron en aparecer. El 15 de diciembre, sólo Bloomberg daba cuenta de la renuncia del “maestro de deuda” José Olivares —quien defendió la operación de endeudamiento— sin mayor comentario por parte del MEF, algo que causó no pocas suspicacias entre los medios locales. Ese mismo día, la agencia Fitch Ratings rebajó las perspectivas de la economía peruana hacia “negativas” como resultado de la baja capacidad de cohesión del Congreso y el Ejecutivo, lo que, en su opinión, limitaría severamente la capacidad de reforma del siguiente gobierno en las dimensiones fiscal, económica, política y de productividad.
Pero el problema central según Fitch no radica en que el nivel de deuda pública ascienda a 37.6% a fin de año, ya que se mantiene por debajo del umbral de peligro que ellos consideran en 52.7%. El problema se centra más bien en que la recaudación pública es precaria lo que más temprano que tarde puede conducir a una situación de incapacidad de pago, situación que el Perú ya ha vivido 8 veces desde 1821. De acuerdo con Fitch una ratio razonable de los intereses sobre la recaudación debería ubicarse por debajo de 7.4%, y Perú está en 8.7%.
Independientemente de qué candidato asuma la Presidencia el 28 de julio, el país debería agendar una reforma tributaria radical y progresiva, sino el peso de la deuda nos obligará a hacerlo tarde o temprano a un costo mucho más alto para el país.
