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Entre gallos y medianoche, a vísperas de Navidad, el gobierno promulgó el decreto de urgencia 121-2009 del 23 de diciembre de 2009, que pretende anular la posibilidad de ejecución del megapuerto San Lorenzo y poner la isla en manos de intereses chilenos, sin importarle la seguridad ni el desarrollo nacionales.
Mucho se habla de las pandillas juveniles, de la falta de empleo, sin embargo el gobierno pretende echar por tierra el proyecto más grande en la historia de América Latina, totalmente financiado (el Estado peruano no necesita aportar ni un sol), que daría empleo directo e indirecto a más de un millón de chalacos y peruanos (ver Megapuerto: alta traición al futuro del Perú. y www.megapuerto.net).
Empresas inmobiliarias estarían interesadas en hacer negocios en la estratégica isla San Lorenzo para desnaturalizar el proyecto del Megapuerto San Lorenzo, Callao, lo que le impediría ser el centro de transferencia central (HUB) para el comercio marítimo internacional, lo cual le restaría posibilidades al Perú y favorecería a Chile.
San Lorenzo cuenta con una privilegiada e irreemplazable posición geoestratégica, por lo que las maniobras del gobierno aprista pretenderían repetir el caso del aeródromo de Collique, que pasó a manos de una empresa chilena, sin importar que es el último bastión de la reserva aérea, pues impide la formación de pilotos civiles.
El caso de la isla San Lorenzo es mucho más grave, pues los negocios chilenos proporcionarían divisas al armamentismo chileno y anularía la competencia del Perú al megapuerto de Mejillones, Chile.
El organismo responsable es Proinversión, apunta a la RS RS-057-2009-EF del 3 de junio del 2009, que al parecer ratifica y amplía la RS-062-1999-PE DEL 28 de abril de 1999, que disponía la inversión privada internacional en la ejecución del macroproyecto del megapuerto y el corredor interoceánico, proyecto impulsado por el capitán de navío en retiro Lizandro Paredes Infante, primer Presidente del Comité especial de la Copri, hoy Proinversión, en abril de 1999, cuyos proyectos de factibilidad han costado millones a los contribuyentes.
La RS RS-057-2009-EF y el decreto de urgencia 121-2009 del 23 de diciembre de 2009, pretenden burlar la RS-062-1999-PE, para abrir paso a negocios inmobiliarios insignificantes, para bloquear la posibilidad de ejecución del megapuerto, importante no sólo en lo económico, sino para la defensa nacional, con lo cual sólo ganaría Chile, pues no habría competencia para su megapuerto de Mejillones, que entrará en funcionamiento el 2012.
El decreto de urgencia del gobierno aprista es un retroceso suicida, no sólo por aumentar los negocios de las inmobiliarias chilenas aumentando la asimetría de inversiones entre ambos países, hecho que replica nefastas experiencias con el gas y nuestros recursos energéticos.
En armonía con las necesidades presentes y futuras de nuestro país, una asociación técnica de empresas peruanas con inversionistas privados internacionales presentaron desde el 2004 un plan de desarrollo integral para el inicio de obras del megapuerto en la isla San Lorenzo, que contará con una inversión de más de 12 mil millones de dólares, sin que sea necesario que el Estado peruano invierta un sol. Sólo se espera la decisión política para derogar la RS-057-2009-EF y que disponga el inicio de las obras, señaló Lizandro Paredes.
Este macroproyecto no se opone al muelle sur, norte y centro del Callao ni a ningún terminal marítimo ni aéreo del Perú. Por el contrario, atraerá más movimiento de carga y pasajeros. No sólo eso, sino que cuenta con el visto bueno de organismos de la ONU, del BID, del gobierno peruano (RS-062-1999-PE, del MTC, oficio N.º 187-2005-MTC/2 DEL 04/02/05, además tiene una autógrafa de Ley 038/2006-CR, aprobada por el Congreso de la República el 21 de julio de 2006).
Llama pues la atención la grotesca obstaculización del proyecto, pues el expediente técnico ingresó a la Región Callao en julio de 2007 y fue aprobado el 1.º de agosto de 2007, hecho que fue conocido por la prensa.
La isla San Lorenzo no se puede vender por ser un bien de uso público, según la ley de recursos hídricos, N.º 29338, artículo 6.º, entre otras normas, por lo que es inalienable e imprescriptible, según manda la Constitución.
Ante estos faenones, los capitanes de navío en retiro Lizandro Paredes y Marcos Bravo han demandado ante la Corte Superior de Justicia de Lima con un recurso de acción popular, admitido el 7 de setiembre de 2009, por lo que esperan que la democracia funcione y se ponga coto a la codicia que pretende frenar el desarrollo del país y favorecer a Chile.
