“El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria por operaciones sospechosas, con arreglo a Ley y para fines de inteligencia financiera, es una medida que impulsará la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y el terrorismo”, señaló Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).
En ese sentido, añadió que una medida como está facilitará a la autoridad competente contar con información completa. Lo cual se traduciría en informes más sólidos para el Ministerio Público y en la reducción de plazos de la investigación. “Todo lo cual originará mejores resultados en el proceso de investigación penal, así como el archivo de casos que parecen sospechosos cuando se analiza la información de un solo banco”, apuntó al tiempo de sostener que es fundamental que sea una norma que cumpla con las disposiciones legales existentes.
De esta manera, dijo, se mejoran las posibilidades de validar adecuadamente el perfil de ingresos de las personas reportadas y las autoridades podrán obtener información relevante para la lucha contra la corrupción.
Otro beneficio que resaltó el representante gremial es que se acortarían los plazos de procedimientos y así se impediría que los investigados tomen acciones que imposibiliten la eficaz y oportuna acción de la justicia contra ellos o su patrimonio.
No menos importante, dijo, es que se permite al Estado Peruano cumplir con estándares y compromisos internacionales, recomendaciones del Grupo de acción financiera internacional (GAFI) y convenciones multilaterales. Además, que permitirá cumplir con uno de los requisitos para el ingreso del Perú a la OCDE. De esta forma, dijo, se subsanaría una de las principales observaciones planteadas por el Grupo de acción financiera internacional para Sudamérica (GAFISUD) en la Evaluación Mutua realizada al Perú en el 2008 referentes a la falta de acceso de la UIF a secreto bancario y reserva tributaria. En ese sentido, Rivera recordó que la próxima evaluación a Perú se realizará en el 2017 y se centrará en criterios de evaluación más exigentes con enfoque en efectividad. “De no avanzar en este punto existe la posibilidad de ser incluido en listas de GAFI, con eventuales sanciones”, refirió.
Situación actual
Lamentablemente, vemos que hoy la UIF realiza sus funciones con información incompleta sobre las personas involucradas en un caso investigado. “Sólo se cuenta con información de la entidad que reporta una operación sospechosa y no de todas las entidades del sistema financiero, lo cual debe ser mejorado”, apuntó.
Otro problema que enfrenta está relacionado con el tema de los plazos. “Hay plazos muy largos en la investigación. El Ministerio Público tiene que levantar directamente las reservas y eso no dura menos de un año”, refirió
Además, a nivel internacional, no contar con esta función, entorpece la cooperación con otros países. “Hoy la UIF-Perú puede pedir a las otras UIF del mundo información cubierta con las citadas reservas; sin embargo, la UIF-Perú no puede brindar dicha información a sus homólogas en el exterior”, anotó Rivera.
Antecedentes
Cabe señalar que, en la Constitución peruana vigente se señala como un deber primordial del Estado la adopción de políticas, leyes y actos administrativos diversos destinados a combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas. En ese mismo sentido, se establece que el terrorismo es un tipo de delito expresamente sancionado por la Constitución (artículo 2º 24 literal f, entre otros). Esta clase de delitos constitucionalizados impone la obligación de una política estatal coherente con garantías. Es decir, es indispensable contar con una política estatal coherente que garantice una adecuada prevención e investigación, así como la imposición de severas sanciones criminales y administrativas.
1 comentario
Si actualmente lo abren en 6 mseses, ademas esa info enmano s d e qwuien estara? algun marca?’