Por María José Atienzar*
¿Por qué dicen Ayuda cuando deben decir Deuda? Los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) suponen una perversión de la propia ayuda al desarrollo. Las organizaciones sociales denuncian desde hace mucho tiempo que dentro de los FAD se maquillen como Ayuda Oficial al Desarrollo unos créditos que generan deuda ilegítima en los países empobrecidos, y además responden a intereses comerciales de las empresas españolas.
La piedra angular para reformar la política de cooperación española es la profunda transformación de estos fondos. Tal vez sería mejor su desaparición. El FAD se creó en los años 70 para favorecer la internacionalización de las empresas españolas con créditos a países pobres y para la financiación de operaciones de ayuda humanitaria.
El Consejo de Ministros español acaba de aprobar la tramitación de las leyes de creación de dos nuevos instrumentos que vendrán a sustituir el antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Con los anteproyectos de ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización (FIEM), el Gobierno trata de responder a una vieja demanda de la sociedad civil.
En sus 30 años de historia, la ambigua definición del FAD ha permitido que se hayan financiado hasta gastos militares, tal como destaca el Observatorio de la Deuda. Son fondos que funcionan como un cajón de sastre en el que puede caber la condonación de la deuda a Bolivia, las ayudas a sistemas de vigilancia de autopistas en China, la reconstrucción de pequeños puentes en Filipinas o las medicinas para atender pandemias en África. No se desarrollan mecanismos de control, evaluación ni rendición de cuentas para impedir que estos fondos públicos se destinen a proyectos con impactos negativos sobre los derechos humanos, el medioambiente o el desarrollo humano y sostenible en los países del Sur.
La campaña ¿Quién debe a Quién? considera que las reformas legales del Gobierno español en materia de ayuda al desarrollo no impedirán que las grandes empresas sigan beneficiándose a costa de los derechos humanos y el medio ambiente de los países del Sur.
“Es evidente entrever la mano del sector empresarial español en el texto de los dos anteproyectos. La propuesta del nuevo FIEM parece responder plenamente a las necesidades de la Cámara de Comercio, el Club de Exportadores e Inversores y la Asociación de Marcas Renombradas que, en época de crisis, buscan todavía más apoyo del Estado para ampliar sus mercados internacionales”, según afirma Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción.
Aunque el FAD lleva siendo cuestionado mucho tiempo, la gota que colmó el vaso fue la polémica generada en torno a la financiación de la obra de Miquel Barceló en el Palacio de Naciones Unidas. Salió a la luz que el Gobierno había costeado con 500.000 euros del FAD parte de la obra, dinero que iba dirigido “en teoría” a los más necesitados.
La Coordinadora de ONGD de España constata que los créditos FAD siguen sin destinarse a la lucha contra la pobreza. “El gobierno tiene ante sí una primera oportunidad de demostrar que el compromiso hecho explícito con la lucha contra la pobreza es real y lo suficientemente fuerte para superar su primera gran prueba de fuego: las restricciones presupuestarias”. El Gobierno se comprometió a destinar en el año 2008 el 0,5% del PIB a la Cooperación Española. Actualmente, todavía estamos lejos del 0,7% necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Esta crisis global está afectando con especial dureza a los países del Sur, que necesitan más que nunca una solución al problema del endeudamiento. Por eso, no es deseable generar una nueva deuda desorbitada y un mayor empobrecimiento de los países del Sur para que las empresas españolas salgan de la crisis.
* Periodista
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