Jorge Manco Zaconetti
El actual ministro de agricultura cuyo nombre pronto pasará al anonimato, y terminará en algún puesto del sector minero, en el último Perúmin 37.º llevado a cabo en Arequipa tuvo una afirmación de antología, pues decía que: “Entre un proyecto minero y uno de agricultura, la prioridad la tiene la inversión minera, pues el proyecto de agricultura puede esperar”.
En verdad, peor publicidad para el sector minero no puede existir. Si se trata del representante del sector agrario que tiene la responsabilidad de asegurar la autonomía alimentaria de 33 millones de peruanos, constituye una afirmación infeliz, perversa por no decir desgraciada.
Si se tiene presente que existen más de 2 millones de agricultores que producen los alimentos de la mesa popular, papas, cebollas, maíz, camote, limones etc. sin mayor apoyo estatal, se deben sentir despreciados, ofendidos por el ministro de agricultura del gabinete de la Sra. Boluarte. ¡Peor ministro no puede haber!
Como escribía don Alberto de la Quintana, patriarca de la minería peruana, hacedor de Cía. Minería Buenaventura en uno de sus últimos artículos publicados en el diario El Comercio: “La Minería debe sembrar agua”, pues es una actividad que se desarrolla en las cabeceras de cuencas, a más de 4,000 metros de altura, donde el “diablo perdió el poncho”, pero donde se forman las lagunas, nacen los ríos que bajan a la costa del Pacífico o que van la vertiente oriental.
La lección aprendida por este gran peruano y geólogo por excelencia que empezó el proyecto minero de Buenaventura comprando la unidad de Julcani, una vieja mina colonial ubicada en la provincia de Lircay en Huancavelica, y es el forjador del “Grupo Benavides” uno de los pocos grupos mineros peruanos, y que tuvo que empeñar hasta la camiseta, para aprovechar, para hacer realidad dicho proyecto que fue ofrecido en primer lugar a la Cerro de Pasco Corporation, la gran minera norteamericana que fue nacionalizada en 1973 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, para dar origen a la empresa estatal Centromín Perú, que se convirtió en una fuente de corrupción durante el primer gobierno de Alan García Pérez, para luego ser privatizada por partes durante el gobierno de la dictadura de Fujimori-Montesinos (1996/1997).
La Cerro de Pasco que operaba el Complejo Metalúrgico de La Oroya, con 9 unidades mineras, líneas férreas, centrales hidroeléctricas, terminal en el Callao, es decir operaba de forma verticalmente integrada, estaba interesada en proyectos de cobre en plena II Guerra Mundial y luego por la guerra de Corea (1952), por ello declinó en la propuesta de adquisición de la unidad minera Julcani, que era propiedad de una pareja de suizos, que tuvieron la generosidad de ofrecérsela a don Alberto Benavides en cómodas cuotas, pues era una mina con un gran potencial de plata y otros recursos mineros, donde había que realizar inversiones exploratorias.
Con la experiencia acumulada no debería existir con la tecnología actual oposición entre las actividades agrícolas y las inversiones mineras, en especial con la legislación actual. Sin embargo, las leyes ambientales en especial la ley del Medio Ambiente data de mediados de los años noventa del siglo pasado; y la creación del Ministerio de Medio Ambiente fue una condición del Congreso Norteamericano para la firma del tratado de Libre Comercio firmado entre el Perú con los Estados Unidos de Norteamérica (USA). Todo ello sucedió durante el II gobierno de Alan García (20006/2011) que tuvo la oportunidad y decisión de aprovechar la bonanza de los altos precios de los minerales, en gran parte explicados por la creciente demanda de la República Popular China que hacia el 2010 ya se había posicionado como el principal mercado para las exportaciones desde el Perú al “Resto de Mundo”.
Lamentablemente la creciente minería informal e ilegal sobre todo explicada por los altos precios del oro que en la semana que termina llegaron a los US $ 3,888 dólares la onza con tendencia creciente para superar los US $ 4,000 en diciembre próximo, según las proyecciones de bancos de inversión y consultoras de prestigio.
Si se tiene presente que el precio promedio según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) era en el 2021 de US $ 1,799 dólares la onza, en el 2023 se incrementó a los 2,388 dólares la onza. En tal sentido nadie le pregunta al presidente del BCRP Dr. Julio Velarde, ¿Cuántos cientos de millones de dólares ha dejado de percibir el Perú por no incrementar la participación del oro físico en las reservas monetarias?
Las mismas que desde hace varios años se mantienen en un poco más de 34.6 toneladas en el total de las Reservas Internacionales Netas (RIN); a nivel internacional los más importantes bancos de reserva de países que administran sus reservas preservando el interés nacional, han aumentado sus reservas de oro físico, y se deshacen de los bonos del gobierno nortemericano.
PRECIO SE DISPARA
Este estímulo perverso del precio internacional del oro se está extendiendo a lo largo y ancho del país, ya no solamente como minería informal, ilegal sino también con bandas criminales, donde el Estado y los ministerios responsables sea Energía y Minas, Economía y Finanzas en especial no tienen una estrategia de largo plazo, fuera de la persecución, seguimiento, penalización, sin mayor éxito pues no se resuelve el “nudo gordiano” de la pequeña y minería artesanal que todavía corresponden al ámbito de los gobiernos regionales.
En el libro de Acemoglu y Robinson ¿Por qué Fracasan los Países?, una de las condiciones para tener instituciones políticas y económicas inclusivas es el control territorial por parte del Estado, condición que no se cumple en nuestro país. Con el agravante que tenemos que solicitar la presencia de las fuerzas armadas de terceros países, en este caso de los Estados Unidos, en la supuesta lucha contra el narcotráfico.
Es tal el desprestigio de las fuerzas policiales y armadas en nuestro país, que en muchos casos son captados por los negocios ilícitos, en una economía ilegal que genera poder de compra en las provincias del interior empobrecidas. Antes era el negocio de la coca y su industrialización, hoja de coca, pasta básica y el producto refinado, la cocaína. Ahora es el oro informal e ilegal donde existe más de 350 plantas de beneficio donde se legaliza, se blanquea el origen ilícito del metal amarillo. Y el propio BCRP, MINEM y el Ministerio de la Producción identifican a más de 1,200 empresas de exportación de oro.
Al respecto poco se avanzado pues en un mundo globalizado, se tiene que aplicar una política de mercado, con estímulos para una real formalización.
En tal sentido debiera existir una política de Estado de largo plazo, y superar las limitaciones del DS 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobada en 1992 después del golpe de estado del 5 de abril. Con un marco promotor para la gran y mediana minería, con una serie de beneficios tributarios, que le son ajenos a la minería artesanal y pequeña minería, que se ha constituido en una fuente de trabajo para miles de peruanos, pero también de acumulación con una serie de empresas que participan en una cadena de valor, y que se aprovechan del “boom del oro”.
Sin embargo, ello significa la depredación y la contaminación ambiental de ríos, cochas, con débiles medidas ambientales, con un uso indiscriminado del mercurio, agregado a ello una violencia generalizada, como fue la explotación en la fiebre del oro en California en el siglo XIX. Es tan grave el problema que este año que termina más del 50 % del oro exportado será proveniente de las actividades informales, e ilegales, con la secuela que todo ello significa para el Perú.
Diario Uno, 04.10.2025
