Por Jorge Manco Zaconetti, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM
Desde el 2016 el Perú se debate en una grave crisis política que se ha agudizado con la elección del presidente Pedro Castillo en su enfrentamiento con la oposición en el Congreso de la República. Mientras esta crisis se desenvuelve de espaldas a las grandes mayorías que aspiran a mayores ingresos y fuentes de empleo, los resultados económicos son positivos, incluso según la agencia Boomberg, el Perú aparece como el país más estable de América Latina.
En algo que llamaríamos “fortaleza macroeconómica del modelo”, crecimiento inercial, disciplina fiscal y monetaria, baja inflación, fomento de las inversiones sobre todo privadas, que no están siendo lo suficientemente aprovechadas en razón de los extraordinarios precios de los minerales, las mayores posibilidades de inversión y los elevados márgenes de rentabilidad de la economía peruana.
Con la información última del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el PBI del país habría crecido en un 13.3%, superando la caída del 2020 que fue de -11.1%, con exportaciones que han batido un récord histórico cercanas a los US $ 64 mil millones de dólares, incluso superando a los niveles de antes de la pandemia que sumaban US$ 49 mil millones.
Debiera ser evidente que en esta recuperación de las exportaciones tienen mucho que ver los altos precios del oro, cobre, plata, zinc, plomo, estaño y molibdeno, productos mineros que explican un 63% del nivel de las exportaciones.
En verdad, la variación de los productos tradicionales exportados en 2021 con relación al 2020 ha sido superior en más de un 60%, e incluso a los años previos a la pandemia. Aprovechando las llamadas “ventajas comparativas” de la economía peruana, basadas en los menores costos de producción en comparación con terceros países.
Pero también han crecido en volumen y valor las exportaciones no tradicionales lideradas por los productos agropecuarios con exportaciones cercanas a los US$ 8,000 millones a pesar de los conflictos sociales que amenazaron el sector a fines de 2020. Incluso varios empresarios amenazaban con llevarse sus inversiones a Colombia y Ecuador, a pesar de la rentabilidad de sus negocios.
La rápida recuperación de los ingresos fiscales tributarios y no tributarios en 2021 ha permitido reducir el déficit fiscal de 8.7% del PBI en 2020 a menos de 2.7% el año pasado, lo cual constituye una buena señal, a pesar de las consecuencias de la crisis sanitaria, y la caída de los ingresos de las familias.
Incluso contra pronósticos pesimistas el tipo de cambio ha bajado a niveles de S/ 3.80 por dólar, lo cual manifiesta la importante entrada de capitales sobre todo mineros, ingreso de dólares a la economía peruana y, en especial, de la necesidad de soles por parte de las empresas para cumplir con los compromisos de la regularización del impuesto a la Renta en el mes de abril ante la Sunat.
A la fortaleza del sol frente al dólar, debemos señalar que la inflación de los niveles de precios de bienes y servicios en el país, tiene un componente 50% importado, a pesar de ello el IPC de 6.43% en 2021 es uno de los más bajos del continente, incluso menor a la inflación de la economía norteamericana.
Bloomberg dice
Incluso para sorpresa de los opositores a la política económica, el Perú en el índice de Estabilidad de los países de Latinoamérica y el Caribe, elaborado por el instituto Bloomberg, aparece superando a Chile, Colombia y Argentina como el más estable pese a la crisis política y los conflictos sociales.
Con una puntuación del 56.28 sobre 100 superamos a Chile que tiene 52.79 y Colombia que llega a los 42.05, pero estamos lejos de los países escandinavos como Dinamarca que tiene 95.66 o Suecia con 92.58, ni que decir de Suiza que lidera la encuesta con 96.87 puntos.
En verdad, mucho tiene que ver el escenario político para el futuro próximo. Mientras en Chile, país ejemplo de la aplicación del modelo Neoliberal y de las políticas de ajuste estructural, se debate en una grave crisis institucional, donde desde fines de 2019 multitudes de chilenos salían a protestar a las calles contra las profundas desigualdades económicas y sociales.
Expresión de ello es la nueva asamblea constituyente controlada por las fuerzas políticas de izquierda, progresistas y democráticas que ha de cambiar la Constitución chilena hija de la dictadura del general Pinochet.
Con la elección de un represente de la izquierda socialista como Gabriel Boric, las nuevas mayorías sociales y políticas se están expresando e impulsan proyectos como el que apunta a la estatización de la gran minería de cobre, con una mayor participación del Estado.
Debemos recordar que nuestro vecino del sur es el principal productor cuprífero del mundo con una producción promedio anual de 5.5 millones de toneladas, donde el Estado chileno a través de su empresa Codelco participa con cerca de 1.8 millones de toneladas.
Es decir, el resto de la minería de cobre es responsabilidad de grandes empresas transnacionales que estarán analizando el proyecto parlamentario presentado por la mayoría oficialista que apunta a la nacionalización de la gran minería de cobre.
Para el Perú, el segundo productor mundial de cobre, esta es una magnífica oportunidad para atraer las grandes inversiones mineras con un nuevo trato a los inversionistas, donde la participación del Estado sea mayor en la renta minera.
Si bien las nacionalizaciones y estatizaciones tienen una racionalidad económica y política, en la historia del Perú la participación del Estado en la minería fue una experiencia fallida, de altos costos, clientelismo político y corrupción. Donde el Perú no puede repetir la historia.
Hoy más que nunca se requiere el capital y la tecnología de los grandes inversionistas transnacionales para transformar los recursos mineros en riqueza que debe ser compartida con el Estado, los trabajadores, los gobiernos regionales y locales. Una explotación de los recursos naturales con la debida responsabilidad social, ambiental y tributaria.
IIMP
