Gas: Nacionalistas refutan punto por punto a ministerio de Energía y Minas


A raíz del intercambio de comunicados entre el Grupo Parlamentario Nacionalista (GPN- 24/06/10) y la respuesta publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM - 26/06/10) en el debate sobre la exportación del gas de Camisea, los representantes del grupo parlamentario decidieron dirigirse nuevamente a la Opinión Pública para refutar y desmentir punto por punto lo señalado por la cartera del sector.


“Es importante que el Gobierno haya sacado este comunicado porque permite a la ciudadanía sacar sus conclusiones. Nosotros sostenemos que el Gobierno miente para justificar la salida de este bien energético a Chile y México, sin abastecer el consumo interno y evitando fomentar la masificación en el uso del gas”, señaló Marisol Espinoza vocera de la bancada nacionalista.

En ese sentido, los nacionalistas aclaran Primero: Que “cuando el ministerio señala que el gas exportado por el Perú tiene un precio internacional y compite con productores como Trinidad y Tobago, Qatar, Argelia, Nigeria y Yemen”, olvida que en todos esos países el precio del gas es muy superior a los US$ 0.53 (por millar de pies cúbicos) que paga
Repsol a PERU LNG. Para colmo, teniendo ese precio, ese mismo volumen de gas se lo venden a los peruanos a US$ 3.21, es decir, “seis veces más caro”.

Segundo, los nacionalistas aclaran que cuando el Ministerio dice que “no se puede comparar el GLP con el gas natural”, confunde un “equivalente de precios” entre estos dos combustibles con una comparación entre los hidrocarburos. Es decir, los precios equivalentes no se dan asumiendo que son dos recursos iguales, sino que se nivelan en el precio.

“Un dato más, el LGN (líquido de gas natural) que se vende en el Perú en su mayor porcentaje como GLP (Gas Licuado de Petróleo), se obtiene del gas natural de Camisea; pero nos lo venden a un precio alto como si se obtuviera del petróleo importado, constituyéndose en un robo más a las amas de casa”, señaló la vocera.

En el tercer punto, la bancada hace un alto para referirse a la aseveración del MEM por el cual señala que “sí se está priorizando el gas barato para los peruanos y que hay 27 mil familias en Lima que ya cuentan con ese combustible, además que se tiene el Gasoducto Andino del Sur”.

“Lo que viene haciendo el Gobierno es priorizar la exportación a los precios más bajos en desmedro de un mercado interno masivamente desabastecido, al que además se le vende el gas entre 6 y 8 veces más caro que el de exportación. Con esa política, el gas no será de uso masivo. Y hablar de 27 mil familias luego de 6 años de operaciones comerciales, resulta más que irrisorio, frente a una población de casi 9 millones de habitantes sólo en Lima y Callao”, señala Marisol Espinoza.

Agrega que el Gobierno debe “pisar tierra” y recordar que Colombia, sin un proyecto como Camisea, tiene más de cinco millones 500 mil familias conectadas al gas natural. “Eso sí es masificación”, sentencia.

“En cuanto al Gasoducto Andino del Sur, no quisiéramos creer que con este lapsus, en su comunicado, el MEM pretenda sorprender a la población al señalar que ya se tiene esta infraestructura, cuando no es así. Recordemos que en la reciente reunión presidencial de Manaos (Brasil), ni siquiera se pudo poner este tema en la agenda, como tampoco del potencial gasífero del Lote 58 de Petrobras. Como peruanos, no nos alegramos de ello, sino que lo lamentamos” puntualizó.


Cuarto, el Ministerio señala que con los precios actuales, el “valor mínimo de valorización” del gas exportado es de US$ 0,63 por “millón” (no millar) de pies cúbicos, “pero que en realidad sería US$ 1,40 con el precio promedio de los últimos 10 años que es similar al precio que pagan nuestros generadores eléctricos”.

Esto es grave, señala Espinoza Cruz, ya que con este documento oficial del MEM, se confirmaría que la situación es aún peor de la que se señalaba. “En efecto, suponíamos que ese valor era de US$ 0,63 por mil pies cúbicos, y no por un millón, como confiesa el MEM. “Ahora nos enteramos que el precio al cual se está exportando nuestro gas sería inclusive “mil veces más barato para el extranjero”.

Quinto, el Gobierno a través del MEM, señala que el precio del gas exportado desde Bolivia a Argentina y Brasil es de US$ 6, 99 y US$ 5, 60 respectivamente, y no de US$ 7,8 y US$ 5,7 como señalan los nacionalistas. Sin embargo y pese a no advertir que son valores muy similares, es grave que el MEM haya consultado referencias obsoletas del año 2009 y no de junio 2010 como las que aparecen en el pronunciamiento de la Bancada Nacionalista. Lo medular no está en ese pequeño diferencial de céntimos, sino en la “comparación” de los precios bolivianos con los peruanos.

Sexto, señala que cuando los nacionalistas denuncian que el precio del gas de exportación comprado a menos de US$1 y vendido al precio internacional por Repsol, significará ganancias de 15 mil millones de dólares, estos cálculos se han efectuado utilizando criterios y precios distorsionados.

“El MEM, obsesionado en la exportación, parece no haber advertido que en el punto 5 de su propio comunicado, señala que el precio de venta del gas de exportación es de US$ 0,63. ¿Acaso dicha cifra no representa un valor inferior a $1? De otro lado, si admitiésemos la valorización promedio del MEM de US$ 1, 40 (“boca de pozo”), implicaría un precio de realización promedio Henry Hub de US$ 6,50 que para un volumen de 4.2 TCF, por regla de tres simple, “obtendríamos utilidades aún más extraordinarias que las señaladas”, refuta.

Séptimo, se señala que el pueblo peruano tiene reservas suficientes para no importar gas natural en los próximos 20 años. Sin embargo, aún admitiendo esa premisa del MEM, resulta inadmisible que un gobierno tenga 20 años como horizonte máximo de suministro gasífero para su población. Mientras que hoy algunos funcionarios celebran que las escasas reservas de gas se exporten a precios irrisorios.

Octavo, el Ministerio señala que los contratos de exportación fueron acordados por el presidente Alejandro Toledo y que, gracias a los acuerdos alcanzados el 2009, la exportación en los primeros 5 años se hará exclusivamente del lote 56 y no del 88 que tiene un precio determinado.

“Le recordamos al MEM que en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias 2009 se ofreció sancionar a los responsables del régimen anterior por este hecho, y que este gobierno impediría la exportación si previamente no se garantizaba el abastecimiento del mercado interno. ¿Qué puede decir ahora el Presidente?”, preguntó.

“La producción del gas del lote 56 se mezcla con el gas de lote 88 al reinyectarse en el mismo reservorio (corroborado por la cláusula 4 numeral 4.8 literal (b) del contrato Perú LNG y Consorcio Camisea), por consiguiente ya se exporta el gas de lote 88, además la producción del lote 56 no alcanzará los 620 millones de pies cúbicos por día, que el Gobierno pretende exportar”.

“Debemos recordar que la exportación “exprimirá” el “47 %” de las reservas probadas del gas barato de Camisea”, manifestó Marisol Espinoza.

Noveno, el MEM reitera que “el consumo interno de gas natural está garantizado y que la certificación de reservas ha sido realizada por la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc.” Aquí hay que recordarle al MEM que ellos mismos ya han reconocido un “déficit” de 58 millones de pies cúbicos en la última subasta de gas cuyas bases se vendieron a US$ 10,000.00. Sin contar con la demanda de las 10 empresas que se retiraron por la falta de gas.

Las necesidades insatisfechas de sólo las 21 empresas que se presentaron a la subasta (a inicios del presente año) superan los “700 millones de pies cúbicos”, (corroborado además por la certificadora Gaffney a diciembre de 2008) Por tanto, no es cierto que el mercado interno esté garantizado, y menos aún cuando centrales térmicas como la última inaugurada en Chilca, estén paralizadas por falta de gas.

Las subastas se realizan precisamente por la escasez de gas. Y respecto a la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc*/./*, incrementar en 27 % las reservas de gas en un trabajo de escritorio de menos de 2 meses, con el único argumento de forzar la vida del yacimiento en hipotéticos 60 años, resulta poco menos que una tomadura de pelo, frente a las cifras de otra consultora contratada por el propio Consorcio, y que trabajó más de dos años no sólo en gabinete, sino en el campo, auditando instalaciones de producción, registros eléctricos, data petrofísica, etc.