Kepashiato: el que viene atrás, que arree
Por Humberto Campodónico
El acuerdo de construir una planta de fraccionamiento en la localidad de Kepashiato —localidad que es atravesada por el ducto de líquidos de Camisea a Lima— ha vuelto a poner sobre el tapete, de un lado, la improvisación de la política gubernamental y, de otro, ha reabierto la discusión sobre la actividad empresarial del Estado.
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El acuerdo de construir una planta de fraccionamiento en la localidad de Kepashiato —localidad que es atravesada por el ducto de líquidos de Camisea a Lima— ha vuelto a poner sobre el tapete, de un lado, la improvisación de la política gubernamental y, de otro, ha reabierto la discusión sobre la actividad empresarial del Estado.
Lo primero. El gobierno y el Ministro de Energía y Minas estaban completamente opuestos a la construcción de una planta de fraccionamiento de los líquidos de gas natural en la zona. Pero, ojo, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem había estudiado la posibilidad de construir dicha planta.
No solo eso. Elaboró estudios acerca de su viabilidad, los mismos que fueron presentados en la VII Reunión Bimestral de Trabajo entre representantes del Estado, las comunidades del Bajo Urubamba y las empresas del consorcio Camisea, el 15 de junio del 2006.
En un Memorando informativo (1), la directora de Asuntos Ambientales y Energéticos del MEM dice: “Se ha visto la posibilidad de que en el Bajo Urubamba se produzca GLP para que de allí se distribuya a toda la zona y bajar los costos. Se manifestó que el monto de las inversiones es manejable”.
Continúa diciendo que se ha coordinado con Pluspetrol y que el Gobierno Regional debe mejorar las vías para que se pueda distribuir la producción.
Pero el gobierno “meció” a la población durante 4 años y no se hizo nada, lo que provocó innumerables quejas que desembocaron en la huelga de este mes. Lo que sucede es que en Lima nada se sabe de esta “larga película” porque aquí solo se ven los “cinco minutos finales”, cuando la población, harta de las “mecidas”, decide protestar. Es ahí donde los “periodistas” limeños se quejan porque “les van a cortar la luz” o porque se “está violando el principio de autoridad”.
Ante la fuerza de la protesta el gobierno cede y aquello que antes le parecía “malo”, ahora se vuelve viable. ¿De verdad? ¿O acaso se trata de otra “mecida” para terminar con la huelga de hoy y dejarle la papa caliente al próximo gobierno? Juzgue el lector.
El otro tema es la propuesta de que el gobierno regional, la municipalidad y el gobierno central financien la planta de fraccionamiento. La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, acaba de decir que eso “tiene que estudiarse” y que, en todo caso, la inversión debe hacerla una empresa privada.
Ciertamente, el proyecto debe contar con estudios de factibilidad, lo que incluye medios de transporte adecuados para distribuir la producción al mercado regional (en esto se ha avanzado, pues se han construido carreteras en la zona).
Pero el meollo del asunto es que, según la ministra, el Estado no debe realizar esa actividad empresarial, porque está prohibido por el Art. 60 de la Constitución de 1993.
Hemos recordado varias veces que esa prohibición no figura en la Constitución de ningún país de la Región ni, tampoco, en EE. UU. y la Unión Europea. Ese dogma neoliberal trasnochado nos impide tener empresas públicas, pero las de otros países florecen en el Perú (Sonatrach de Argelia en Camisea, Petrobrás de Brasil y SAPET de China en Talara, Shougang de China en Marcona y ENAP de Chile en los grifos de Primax —aliada con el Grupo Romero— entre otras).
Para terminar, el gobierno, de un lado, no escucha las reivindicaciones de la población —ni las recomendaciones de sus propios técnicos— hasta que la población sale a protestar a las calles. Y, de otro, no tiene una política energética de largo plazo la misma que, entre otros factores, puede y debe considerar la actividad empresarial del Estado para cumplir con esos objetivos.
El resultado es la agudización de los conflictos sociales, las discrepancias intra-gubernamentales y —es lo más probable— que continúen las “mecidas”. En otras palabras, “el gobierno que viene atrás, que arree”.
(1) http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/bimestrales/7_Reunion_Bimensual.pdf
No solo eso. Elaboró estudios acerca de su viabilidad, los mismos que fueron presentados en la VII Reunión Bimestral de Trabajo entre representantes del Estado, las comunidades del Bajo Urubamba y las empresas del consorcio Camisea, el 15 de junio del 2006.
En un Memorando informativo (1), la directora de Asuntos Ambientales y Energéticos del MEM dice: “Se ha visto la posibilidad de que en el Bajo Urubamba se produzca GLP para que de allí se distribuya a toda la zona y bajar los costos. Se manifestó que el monto de las inversiones es manejable”.
Continúa diciendo que se ha coordinado con Pluspetrol y que el Gobierno Regional debe mejorar las vías para que se pueda distribuir la producción.
Pero el gobierno “meció” a la población durante 4 años y no se hizo nada, lo que provocó innumerables quejas que desembocaron en la huelga de este mes. Lo que sucede es que en Lima nada se sabe de esta “larga película” porque aquí solo se ven los “cinco minutos finales”, cuando la población, harta de las “mecidas”, decide protestar. Es ahí donde los “periodistas” limeños se quejan porque “les van a cortar la luz” o porque se “está violando el principio de autoridad”.
Ante la fuerza de la protesta el gobierno cede y aquello que antes le parecía “malo”, ahora se vuelve viable. ¿De verdad? ¿O acaso se trata de otra “mecida” para terminar con la huelga de hoy y dejarle la papa caliente al próximo gobierno? Juzgue el lector.
El otro tema es la propuesta de que el gobierno regional, la municipalidad y el gobierno central financien la planta de fraccionamiento. La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, acaba de decir que eso “tiene que estudiarse” y que, en todo caso, la inversión debe hacerla una empresa privada.
Ciertamente, el proyecto debe contar con estudios de factibilidad, lo que incluye medios de transporte adecuados para distribuir la producción al mercado regional (en esto se ha avanzado, pues se han construido carreteras en la zona).
Pero el meollo del asunto es que, según la ministra, el Estado no debe realizar esa actividad empresarial, porque está prohibido por el Art. 60 de la Constitución de 1993.
Hemos recordado varias veces que esa prohibición no figura en la Constitución de ningún país de la Región ni, tampoco, en EE. UU. y la Unión Europea. Ese dogma neoliberal trasnochado nos impide tener empresas públicas, pero las de otros países florecen en el Perú (Sonatrach de Argelia en Camisea, Petrobrás de Brasil y SAPET de China en Talara, Shougang de China en Marcona y ENAP de Chile en los grifos de Primax —aliada con el Grupo Romero— entre otras).
Para terminar, el gobierno, de un lado, no escucha las reivindicaciones de la población —ni las recomendaciones de sus propios técnicos— hasta que la población sale a protestar a las calles. Y, de otro, no tiene una política energética de largo plazo la misma que, entre otros factores, puede y debe considerar la actividad empresarial del Estado para cumplir con esos objetivos.
El resultado es la agudización de los conflictos sociales, las discrepancias intra-gubernamentales y —es lo más probable— que continúen las “mecidas”. En otras palabras, “el gobierno que viene atrás, que arree”.
(1) http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/bimestrales/7_Reunion_Bimensual.pdf
