Habría intereses detrás de la lentitud del Gobierno en incrementar la demanda interna de gas natural
La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) exigió al Gobierno otorgar incentivos para masificar el uso del Gas Natural Vehicular (GNV), pues el mercado de ese combustible se ha desacelerado.
Rocío Zorrilla, presidente de la AGESP, informó que ante esta inquietud han presentado un proyecto de ley al Congreso que declara de interés nacional el uso del GNV y establece incentivos para su masificación.
Manifestó que la AGESP se encuentra preocupada porque el mercado se ha desacelerado en los últimos dos años, se empezó con muy buen pie pero la falta de algunas políticas claras, sobre todo en el tema de incentivos para que el usuario decida utilizar este producto, que es abundante y más barato.
Instó difundir a conocer al público los beneficios del Gas Natural en transportes, industrias y domicilios. “Estamos promoviendo incentivos concretos para que el usuario decida apostar por un producto más limpio”, añadió.
Precisó que hay 209 estaciones que expenden GNV, pero actualmente la implementación de nuevos gasocentros se ha paralizado, tras el pico que registró en el 2008.
Cuando recién se inició el mercado de Gas Natural Vehicular las estaciones de servicio atendían en promedio a 1,500 vehículos por día. Hoy la venta de cada estación ha bajado de 400 mil metros cúbicos de GNV a 200 mil metros cúbicos en promedio, refirió.
“Lo que queremos es generar mayor demanda, lo principal para nosotros es incrementar el parque automotor que utiliza Gas Natural”, manifestó.
Habría intereses detrás de la lentitud del Gobierno en incrementar la demanda interna de gas natural
En el Perú el gas natural es un recurso que tiene sólo reservas probadas (dudosamente) para 20 años. Por maniobras de la corrupción y traición prochilena se permitió que la presunta exportación a México (a precio escandalosamente bajo) se convierta en desvío de las cargas de gas a Chile, país que busca gas barato.
En países como Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe se instaló cinco millones de conexiones domiciliarias. En cambio, durante el gobierno de Alan García no se llegó ni a la décima parte de ese número de conexiones en el Perú. Incluso este nuevo gobierno, que se autoproclama como el de la “gran transformación”, tiene como meta instalar un número de conexiones muy por debajo de las realizadas en Colombia, con el desincentivo del costo alto, que inclina a los usuarios a pensarlo dos veces antes de conectar su domicilio a una red de gas.
Con esta demanda interna empequeñecida, los grandes mafiosos tiene el gas libre para continuar perpetrando sus faenones.
