Tras las expresiones del ministro de Economía Luis Castilla, quien admitió que el Gobierno evalúa “técnica y rigurosamente” la compra de los activos de la empresa Repsol, el congresista Juan Carlos Eguren (Alianza Por El Gran Cambio/PPC), propuso que dicha evaluación esté a cargo de una consultora internacional o un prestigioso banco de inversión.
“Lo óptimo sería que la evaluación técnica y rigurosa anunciada por el ministro Castilla la realice una entidad totalmente ajena al Gobierno como el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas y Petroperú, que podrían sucumbir ante las presiones políticas de las altas esferas gubernamentales, particularmente la pareja presidencial”, expresó el legislador.
Sostuvo que resulta “sumamente preocupante” la confirmación de la compra de Repsol porque iría contra el Acuerdo Nacional, los planes multianuales de inversión y las leyes de presupuesto, que establecen claramente las prioridades del gasto público.
En tal sentido, detalló que los recursos deben estar orientados a la ejecución de obras para dotar de agua a más de 10 millones de peruanos que carecen de este servicio; electrificación (más de tres millones de pobladores no cuentan con energía eléctrica); infraestructura vial y construcción y equipamiento de colegios, hospitales, postas médicas y el financiamiento de programas sociales.
“No tiene sentido que mientras no se cierre la brecha social se pretenda usar recursos del Estado para que el Gobierno se involucre en una aventura que pondría en riesgo miles de millones de dólares que bien podrían servir para atender a los sectores menos favorecidos. Es irracional, irresponsable e inhumano”, enfatizó el también segundo vicepresidente del Congreso.
Tras sostener que el negocio de hidrocarburos es altamente riesgoso dada la fluctuación de los precios internacionales, Eguren advirtió que en caso de concretarse la compra de Repsol, el Estado tendría que invertir más de mil millones de dólares en la modernización de la refinería de La Pampilla, adicionalmente asumiría una deuda financiera de más de 400 millones de dólares.
Finalmente, el legislador reiteró que en caso el Gobierno haga la transacción con Repsol, esta será inconstitucional porque no tiene respaldo jurídico ni técnico e insistió en que si ello sucede se presentarán las denuncias constitucionales contra los ministros que avalen, con su firma en el contrato, “este despropósito”.
