El faenón de Petro-tech

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El vicepresidente de Ecopetrol, Nelson Navarrete, y Moonkyu Suh, vicepresidente de KNOC, cerraron la operación por US$ 900 millones, con lo cual pasan a controlar la concesión de 11 lotes (uno de producción y 10 de exploración), que constituyen una de las superficies de exploración y explotación en el mar más grandes de América del Sur.

La compra también comprende la planta de Procesadora de Gas Pariñas, que produce gas licuado de petróleo con los líquidos que Petro-Tech obtiene en el lote Z-2B, ubicado en Piura. Petro-Tech controla unas 83 plataformas de producción en el lote Z-2B, que produce 12,000 barriles de petróleo por día, que se duplicará en tres años, con una inversión de US$ 250 millones.

Aquí hay algo aberrante

La corrupción se puede producir en formas más lesivas para el Estado en las normas legales que regulan las actividades económicas que en la ejecución de los fondos del gobierno según las normas ya estanlecidas. Esto es, por ejemplo, mediante coima se puede obtener una ley que permita tales y cuales condiciones de explotación minera y un trato tributario preferencial, lo cual se legaliza plasmando la norma legal respectiva. La Contraloría y ninguna otra institución pueden intervenir cuando la ley está dada.

En estos casos son millones que el Estado deja de percibir, lo cual puede ser mucho más perjudicial que la acción que un corrupto pueda cometer en un ministerio en la ejecución de su presupuesto, donde sí pueden intervenir instituciones como la Contraloría.

La lotización del Perú

Si una empresa postula a un concurso para explotar algún recurso se convierte en concesionaria, no en propietaria de la explotación. Entonces, resulta una aberración que cuando decida dejar su empresa venda directamente la concesión a un tercero, cuando el otorgamiento de concesiones con o sin actividad iniciada debería ser prerrogativa únicamente del Estado.

Este juego se presta a que los corruptos de turno puedan convocar a concursos amañados donde lleguen postores “golondrinos”, es decir, pseudoempresarios que sólo buscan una oportunidad temporal de conseguir concesiones baratas —coima por medio— para iniciar la actividad, pero con la intención de vender después la explotación a un tercero obteniendo con ello jugosas ganancias a costa de lo que no les pertenece, que son yacimientos donde el Estado es propietario.

¿Cuál sería la forma correcta y ética?

Las normas legales deberían establecer con suma claridad que, puesto que los terrenos y el subsuelo pertenecen al Estado, la concesionaria sólo es propietaria de las instalaciones físicas de su empresa explotadora.

Por tanto, si la empresa desea dejar la concesión, ésta debería regresar al Estado, quien convocaría a una nueva licitación y ganaría millones con ello. La empresa sólo tendría derecho a vender el costo de la infraestructura, no la concesión, porque no le pertenece. Que la empresa tenga derecho a vender la concesión de hecho es una grave aberración legal que puede permitir muchos “faenones”. En el caso de Petrotech, incluso han tenido el aval del Estado para realizar el traspaso.

Estamos ante un marco legal que favorece a la corrupción y a mafias que pueden buscar a las altas esferas del poder con afanes puramente especulativos, cuando el Estado debería promover la inversión seria y de primer nivel. Se necesita un ajuste legal urgente que impida la perpetuación de estas graves prácticas, pues son violatorias de la Constitución, que en su Artículo 54.º establece: “El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre”.

De modo que a ninguna empresa privada se le puede permitir vender o traspasar una concesión, lo cual es sólo prerrogativa del Estado, quien debería retomar la concesión dejada por una empresa y volverla a licitar, ganando con ello millones por la revalorización de los yacimientos. No sólo eso, las empresas concesionarias deberían estar obligadas a un número mínimo de años de operación —que podría ser 20 años por ejemplo—, y ser sancionadas con una fuerte multa en caso de dejar la concesión antes de ese plazo.

Es tiempo de poner freno a este marco legal, diseñado con intenciones corruptas y traidoras, que permite estos cuestionables traspasos. Además, se requiere de empresas postoras solventes, tanto económica como técnicamente, y las licitaciones necesitan de más transparencia y publicidad nacional e internacional, de modo que todos los peruanos sepamos cuándo se producen estas licitaciones y dónde se publicitaron, pues tras el escándalo de los “petroaudios” hemos visto que la invitación a las licitaciones adoleció de oscuridad y poca difusión, lo que permitió el ingreso de mafiosos.