Carlos Alonso Bedoya
Lo que dijo PPK sobre que no se puede renegociar el gas, no es un tema de saber o no saber. Es un tema del lado de la mesa en que estás: o con los intereses nacionales, o con los de Repsol, Hunt Oil, Sonatrach, SK y demás empresas que extraen y exportan el gas peruano.
En un político eso responde a sus ingresos, propiedades, amistades, etc. forjados a lo largo de la vida, que en el caso de PPK son abiertamente vinculados a inversiones extranjeras. No por nada es miembro de decenas de directorios.
PPK, cuando fue alto funcionario del gobierno de Toledo, autorizó todos los contratos para la exportación del Gas de Camisea, algo que no se podía hacer hasta ese momento. Luego, Repsol (miembro del Consorcio Camisea y también exportador del gas – ahora es Shell) pactó con los mexicanos el precio Henry Hub (marcador norteamericano), hoy por los suelos.
Por eso el gringo quiere impedir que siquiera se discuta el tema y tilda de ignorantes a los que se lo encaran. Para eso no tiene mejor arma que usar ese axioma neoliberal que se ha instalado en el Perú y que dice que los contratos con la inversión son intocables.
Claro, cuando los privados como LAP (aeropuerto), APM Terminals (Puerto de Paita), Metro de Lima 2, u otros plantean renegociar y llenan de adendas los contratos con el Estado, todo es muy correcto y nadie chista. Pero si es el Estado el que lo plantea, ahí sí es un atentado a la inversión y no tardan las amenazas de demanda en el CIADI.
En fin, la negociación que hizo PPK sobre la exportación del gas fue pésima. Hoy el precio Henry Hub está en la lona, y por ende el Consorcio Camisea paga una miseria de regalías por exportar el gas de todos los peruanos. Sin embargo, desde el 2011, una vez que el hidrocarburo dejaba el Callao, el exportador lo empezó a reexportar de México a otros países con un precio de 2, 3, 4, y hasta 5 veces mayor al Henry Hub (es que el gas no es un commodity y no tiene precio estándar en el mundo). El diferencial resultó enorme a favor de los privados, claro sin pagar un centavo al fisco peruano por el real precio de venta.
De eso se dio cuenta Perupetro y se lo increpó al consorcio de marras. A lo que éste respondió nada menos que con una demanda ante el CIADI. Pero ¡oh sorpresa!, el Estado peruano ganó la demanda en 2015 porque el tribunal internacional le ordenó al Consorcio Camisea indemnizarnos con más de 60 millones de dólares entre regalías no pagadas y costos del arbitraje.
Lamentablemente, el gobierno peruano no usó esa coyuntura para renegociar varias cosas con un inversionista a todas luces tramposo. Y lo peor, el Consorcio lo sigue haciendo impune. De esa realidad es que parten Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea para plantear renegociar, pero no solo por un tema de precio de exportación, sino por la propiedad y uso del gas para el mercado interno, tan necesario para la industria y las familias peruanas.
Diario Uno, 06.03.2016