Reforma del Estado debe empezar por simplificar los trámites administrativos. Excesivas regulaciones y la ineficiencia administrativa devienen en sobrecostos
En su primer informe del año el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que la ineficiencia de la burocracia gubernamental así como la corrupción están considerados como los factores más problemáticos para los empresarios al momento de poner en marcha un negocio en el país, según la información recopilada por el World Economic Forum (WEF).
Las excesivas regulaciones y la ineficiencia administrativa devienen en sobrecostos que deben pagar las personas naturales y jurídicas en la oferta de servicios públicos y en la recaudación de impuestos, monto que se estima equivale a un punto porcentual del PBI.
En ese sentido, el IEDEP resaltó que es imperativo profundizar la reforma del aparato estatal para así incrementar, por un lado, la eficacia de las instituciones públicas en la provisión de servicios y, por otro, promover la igualdad de oportunidades sobre la población.
Si bien se han logrado avances en temas como: la gestión de las cuentas fiscales (Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-), el proceso de descentralización política, simplificación administrativa y gobierno electrónico en algunas instancias del gobierno central como SUNAT, SUNARP y RENIEC, la creación de la Autoridad Civil (SERVIR) y otorgarle independencia al Banco Central de Reserva; aún quedan en agenda temas de mucha relevancia para la sociedad, y donde el Estado está ausente, como la reforma de la educación y la salud, el sistema de justicia, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la imagen y producción del Poder Legislativo (Congreso), a más de un clima favorable para los negocios y la inversión.
El informe señala que si bien cada uno de estos temas, de amplio debate en el mundo académico y empresarial, merece su propio análisis, este último, sobre barreras burocráticas, será motivo de nuestra atención, pues muchas empresas peruanas, en especial las microempresas, deben lidiar con estos obstáculos administrativos diariamente que les impiden ingresar al mercado o en todo caso mantenerse en él debido al desfavorable entorno empresarial.
Ello conlleva a que este segmento de empresas actúe en el mundo informal o en el peor de los casos dejen de operar en el mercado debido a los altos costos que implica ser formales, esto se refleja en la tasa de mortalidad empresarial ostentada por el Perú, una de las más altas en la Región (según cifras de la SUNAT dos de cada tres empresas creadas cierran en el primer año de operación).
Para el IEDEP, es vital impulsar la reducción de estas barreras burocráticas dando prioridad a la simplificación administrativa y a mejorar el conjunto de indicadores que maneja el Banco Mundial medidos a través del Doing Business (DB) y los de competitividad global del WEF.
La evidencia a nivel internacional muestra que aquellos países con un mejor entorno regulatorio, promotor del desarrollo del sector privado, ostentan los mayores niveles de ingresos por habitante. Es importante destacar el grado de desarrollo alcanzado por las instituciones públicas de países modelos como Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda, pertenecientes a las economías del primer mundo y cuyos ingresos per cápita en términos de paridad de poder de compra (PPP) superan los US$ 28 mil.
En el Perú las regulaciones engorrosas y excesivas dificultan o frenan los procesos de inversión en sectores claves para la economía como minería, hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, transporte y saneamiento, haciendo menos rentables y atractivas las concesiones y las asociaciones públicas-privadas (APP). Lamentablemente en nuestro país solo se aprueba entre uno y dos proyectos de APP por año teniendo que invertirse hasta dos años en este proceso.
El actual marco jurídico genera una serie de distorsiones y entrampamientos (retrasos, conflictos sociales, mala coordinación entre las entidades públicas, cambios legislativos, adendas, etc.) que se convierten en escollos que tiene que enfrentar el sector privado para poner en marcha proyectos de inversión de gran envergadura.
Por lo antes expuesto, el IEDEP sostiene que el hilo conductor de esta reforma debe ser la claridad en el rol del Estado y la búsqueda de eficiencia, eficacia y equidad en su acción, que las “tres E” estén siempre presentes. La eficiencia, entendida como la gestión permanente de optimizar el uso de los recursos, para generar excedentes que puedan aplicarse a otros rubros o ahorrarse para atender contingencias y políticas anti cíclicas; la eficacia, entendida como el compromiso de cumplir con los objetivos y metas; y, la equidad, como el propósito de evitar sesgos de cualquier naturaleza.
En ese sentido, se requiere modernizar el Estado de manera que propicie el cambio hacia un mejor uso de los recursos públicos y así asegurar un ritmo de crecimiento económico sostenido e inclusivo, adecuando un marco legal que genere confianza en los mercados implementando políticas transparentes y eficientes con participación de la sociedad civil.
2 comentarios
Reforma del Estado
El Estado Peruano debería convertirse en un facilitador para el ingreso de nuevas inversiones, considerando que es fundamental su desarrollo para el crecimiento económico de nuestro país, sin embargo, para que este crecimiento sea equilibrado, este sector debe preocuparse por implementar la Responsabilidad Social Empresarial.
En lo concerniente a la Reforma del Aparato Estatal y al Proyecto de Ley del Servicio Civil N° 1846 /2012 –PE, este instrumento lejos de ser algo que permita el acceso a los beneficios de la globalización de la economía a fin de resolver las necesidades socioeconómicas humanas de los servidores públicos, vulnera los derechos fundamentales en el trabajo, pretendiendo circunscribir las negociaciones colectivas a condiciones de trabajo o empleo como: jornada de trabajo, permisos, etc. negando todo incremento o compensación económica, desnaturalizando así el objetivo fundamental de toda negociación colectiva. Aún más, pretende limitar también los laudos arbitrales estrictamente sólo para condiciones de trabajo. En realidad muy preocupante por el efecto social que puede desencadenar, muy improbable que esta proyecto incremente la eficacia de las instituciones públicas.
Mientras los directivos o funcionarios de confianza accedan a los cargos públicos para beneficiarse y no para servir, no habrá ley que realmente mejore los servicios del estado, mientras no haya una carrera pública los funcionarios seguirán ingresando con el gobierno de turno, generándole al Estado costos innecesarios que implican modificaciones constantes, idas y contramarchas, capacitaciones costosas, etc.
buena onda
Creo hay un error en peru no hay corrupcion.