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Jorge Manco Zaconetti
El miércoles 28 de octubre pasado el Auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República estuvo en un lleno completo, en el evento organizado por la Presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diputada Yenifer Paredes de “Juntos por el Perú”. Hubo más de 200 asistentes con trabajadores que se quedaron sin entrada por razones de seguridad. El lema del evento fue “Por una Minería Para todos: Por una Real Ley MAPE”; es decir por una ley que de verdad promueva la formalización de los trabajadores mineros de la pequeña minería, mineros artesanales y de las propias comunidades campesinas.
La tragicomedia es que ni el propio ministro de energía y minas Ing. Guillermo Shinno Huamaní, operador de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sabe ¿cuántos son?, ¿dónde están? , ¿a quién le venden? Y a qué Planta de beneficio le venden las toneladas de tierra mineralizada, con 5 gr, 10 gr, 40 gramos de oro o más, que pueda tener cada tonelada.
Resulta una cruel paradoja que ni propio ministro del sector sepa cuántos son los trabajadores que se desenvuelven en la mal llamada minería “informal e ilegal”, en la “minería ancestral” propia de las comunidades campesinas, ni el número de las “pallaqueras” mujeres que recogen los desmontes que dejan los pequeños mineros y mineros artesanales. Trabajadores del Perú profundo que han encontrado en la actividad minera una alternativa al subempleo y pobreza agrícola, una fuente de empleo y de riqueza ante el fracaso del modelo primario exportador que no supera el 3 % de tasa de crecimiento anual del Producto Bruto Interno (PBI).
De allí que los diversos gremios que se hicieron presentes en el evento en el uso de la palabra, expresión de una democracia real, como Confemin, Macrosur, Macronorte, Fenamarpe, Consejo Nacional de Minería, Federación de Pataz, las representantes de las mujeres pallaqueras, coincidieron en la aspiración por una formalización real, abierta, moderna que supere las propias trabas burocráticas que el propio ministro del sector reconoció el día anterior en su presentación ante la Comisión de Energía y Minas, al afirmar que había más de 27 mil expedientes ambientales de los mineros en proceso de formalización incorporados en el “Registro Integral de Formalización Minera” (REINFO), durmiendo el “sueño de los justos” en los anaqueles y archivos del ministerio, que no tiene el suficiente personal ni recursos para estudiar y resolver dichos expedientes.
Sin lugar a dudas todos los expositores hicieron hincapié en la necesidad de un Censo Minero integral que englobe no solamente las actividades de los pequeños mineros y mineros artesanales, a los trabajadores de las comunidades campesinas que en nuestro país son más de 8,000 comunidades reconocidas. La oportunidad de un Censo Minero debe ser aprovechada no solamente para identificar a las empresas que están en la exploración, explotación, plantas de beneficio, transporte sino también a las empresas que abastecen de insumos y maquinaria a la actividad minera.
Hay que identificar a las empresas formales que forman parte de la cadena de suministro de mercurio, explosivos, combustibles entre otros a la mal llamada minería “informal e ilegal”, pues en honor a la verdad el primer informal sería el propio Estado por la ausencia de un “Plan y Estrategia de Desarrollo” para sincerar la actividad minera sobre todo aurífera, que con los altos precios del metal amarillo se ha convertido en un estímulo perverso en lugar de ser aprovechado para el fomento de la riqueza de los productores nacionales.
Sirva de indicador de la informalidad oficial de parte del Estado peruano la propia diferencia entre los volúmenes de oro registrado por el propio ministerio de energía y minas entre el 2021 al 2025 y los volúmenes de oro señalados por el propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el mismo período que suman un total de 13,793 miles de onzas. Léase en cristiano un total de trece millones, setecientos noventa y tres mil onzas, que son reconocidas como exportaciones legales, formales que gozan de los beneficios tributarios de todo exportador de acuerdo a ley. Entre ellos los beneficios de la devolución del impuesto general a las ventas IGV (18 %) como crédito fiscal a cuenta del abono del impuesto a la renta (tasa 29.5 %).
Esta diferencia entre los volúmenes registrados en función de las propias declaraciones de las empresas ante el ministerio de energía y minas y los volúmenes de oro exportados según el BCRP solamente en el 2025 fue de 3,220 mil onzas troy (léase tres millones doscientos veinte mil onzas) que a los precios promedio del oro han generado una riqueza de (3,220,000 onzas por US $ 3,458 la onza) US $ 11,142 millones de dólares que constituye el 48 % del total de los ingresos de exportación registrados oficialmente por el BCRP, el Ministerio de Energíay Minas, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y PROMPERÚ. Es decir es la cifra oficial.
Pero aquí hay algo que no cuadra. La gran mayoría de pequeños mineros, mineros artesanos y mineros ancestrales no son exportadores, menos aún los mineros ilegales. Ellos por la necesidad, contratos leoninos con las plantas de beneficio, intermediarios (traders) se ven forzados a vender los concentrados de oro, o la roca con contenido aurífero en condiciones desiguales, asimétricas a la gran minería, ejemplo Mra. Poderosa pero sobre todo a los traders que son intermediarios pero que no tienen producción propia.
Como asesor laboral ligado al sector desde 1989 soy testigo de excepción de la articulación de la gran minería, mediana minería con la pequeña minería y minería artesanal. Son varias las empresas formales de la gran o mediana minería aurífera que permiten la explotación de sus concesiones a terceros, pequeños o mineros artesanales, sobre todo en las concesiones marginales, de baja ley para su explotación. Se le llama producción de acopio, de terceros que se formaliza como producción propia y claro está se exporta con todos los beneficios de la exportación.
Por ello, los voceros de la SNMPE y sus espadachines a sueldo debieran narrar la verdad completa, los mayores volúmenes de exportación están oleados y sacramentados por el Banco Central de Reserva del Perú, que dicho sea de paso mantiene inalterable por más de 20 años la participación de 36 toneladas de oro físico como parte de las Reservas Internacionales Netas.
El nuevo problema que aparece es que hay ahora una competencia entre los intermediarios (traders) que estarán ofreciendo mejores condiciones de precios por el mineral con contenido aurífero, con condiciones de pago en efectivo de allí las dificultades para una bancarización. Sirva como ejemplo, en el 2021 con los precios de la onza de oro de US $ 1,799 había 291 titulares mineros con concesiones propias que producían y exportaban. La mayoría están registrados en la SNMPE, COMEX En el 2025 el panorama cambia.
Con los precios del oro sobre los US $ 3,458 dólares la onza, los titulares de las concesiones formales, con producción propia y que exportan suman los 289 empresas registradas por PROMPERU. Sin embargo las empresas exportadoras, comercializadoras, traders totalizan las 1,316 empresas.
Solamente en el 2025 las cinco primeras empresas exportadoras que compran el metal amarillo, que tienen plantas de beneficio donde obtienen el “oro doré”, es decir volúmenes de oro con contenido de plata tales como la suiza Trafigura Perú SAC, Procesadora Sudamericana, IXM Trading Perú, Paltarumi, y Mra. Veta Dorada han totalizado para dicho año exportaciones por un valor de US $ 3,717 millones de dólares.
Es decir, las cinco primeras empresas que compran oro o procesan oro de terceros, traders han exportado por un valor de US $ 3,717 millones que representan el 16 % del valor exportado en el 2025 que sumaron los US $ 23,244 millones, gozando con todos los beneficios tributarios del exportador.
La bonanza de los precios del cobre y oro continúan al mes de agosto del 2026, pues las exportaciones auríferas sumaron los US $ 21,631 millones de dólares un poco menores al valor de exportaciones de todo el año 2025 que llegaron a ser de US $ 23,244 millones. Esta riqueza es la que está en cuestión. En especial el ministro del sector Shinno Huamaní, operador de la SNMPE está ofreciendo más de lo mismo con el proyecto del ejecutivo sobre la Pequeña Minería y Minería Artesanal, proyecto que fue unánimemente cuestionado por los gremios participantes en el evento de “Una Minería para Todos”.
LO CENTRAL
El proyecto de ley MAPE del ejecutivo ha sido elaborado en poco tiempo como lo ha reconocido el propio ministro en la sustentación del mismo ante la Comisión de Energía y Minas, pues no cuestiona ni resuelve los denominados “contratos de explotación” que suponen un acuerdo entre los titulares de la concesión y el productor minero informal que está explotando dicha concesión.
Si se tiene presente que la ley N.º 27651 “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal” promulgada en enero 2002, promovida por el congresista aprista José Carlos Carrasco Távara, apoyada por casi todas las bancadas. Un proyecto que contó con el apoyo de la Cooperación Suiza, y que tenía el reconocimiento del Banco Mundial por su carácter promotor, resultó un fracaso en el proceso de formalización de los trabajadores mineros del rubro que se estimaban en no más de 50 mil peruanos.
Los pobres resultados obtenidos se explicaban por el reglamento a la ley aprobada cuya responsabilidad le corresponde al ministerio de energía y minas, que al poner las vallas tan altas sobre todo en el costo de los estudios de impactos ambientales para un minero artesanal definido en su momento como una actividad de sobrevivencia.
Si desde el 2002 a la fecha la formalización ha sido un fracaso, como lo ha reconocido el propio ministro padre espiritual y material del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), que se inició durante el gobierno liberal de PPK en el 2016 solamente se han formalizado 2,343 mineros de un total de 31,572 expedientes.
De allí la necesidad de un Censo Minero Integral en todas las fases de la actividad minera y a nivel nacional. La revisión de la política de concesiones mineras donde de un plumazo en el gobierno del inefable Pedro Pablo Kuzcynski y ministro de energía y minas el lobista Gonzalo Tamayo director de Macroconsult, repito de un plumazo con el DL 1320 se amplió la vigencia de las concesiones mineras que pasaron de 15 años a 30 años con mínimas inversiones y penalidades.
Una real y efectiva ley MAPE debe promover y formalizar de verdad, a los miles de pequeños mineros, mineros artesanales y mineros de comunidad que han encontrado en la explotación del oro, una oportunidad para obtener mayores ingresos, y una fuente de generación de riqueza que capitaliza el país; mientras la minería transnacional exporta las utilidades a su país matriz. Por último, hoy más que nunca es vigente el principio del general Juan Velasco Alvarado: “Las minas son de quienes la trabajan”.
Diario Uno, 31.10.2026
