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Gonzalo Becerra
Recientes movilizaciones en la isla turística de Roatán y la capital, Tegucigalpa, contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), coloquialmente conocidas como «ciudades modelo», trajeron de nuevo a la palestra pública un tema de soberanía en Honduras.
Desde inicios de la segunda década del presente siglo, las autoridades hondureñas intentaron poner en práctica ese modelo de colonización, un proyecto que en su momento «vendieron» como el Hong Kong de América Latina.
Otras referencias asiáticas del patrón inversionista a seguir en tierras catrachas fueron las ciudades de Shenzhen (China) y Songdo (Corea del Sur).
El sitio en Internet de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras conceptualiza las ZEDES como áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial en las cuales los inversionistas estarían a cargo, además, de la política fiscal, seguridad y resolución de conflictos, entre otras competencias.
Luego de que en 2012 la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (2011), el Congreso Nacional (parlamento unicameral, controlado por el oficialista Partido Nacional) aprobó las ZEDES en 2013.
En medio de la campaña electoral de 2017, en las cuales resultó reelecto el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, prometió crear 600.000 empleos mediante las ciudades modelos (también conocidas como chárter), al tiempo que aseguraba haber hallado la clave «para dar un salto en materia de atracción de capitales».
¡HONDURAS NO SE VENDE!
En Roatán (departamento caribeño en el archipiélago Islas de la Bahía) y Tegucigalpa el 20 de mayo los manifestantes enarbolaron la consigna «¡Honduras no se vende, el pueblo la defiende!», al tiempo que exigieron la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y la paralización de cualquier modificación de ese texto jurídico.
«Estamos en contra de la Ley ZEDE y solicitamos su derogatoria, y que no se permitan las nuevas inclusiones y reformas que quieren introducir el Congreso y los interesados en este proyecto ley», dijo la abogada Paola Bonilla, residente en la ínsula turística.
En lo particular, la jurista denunció los artículos que permiten actos de expropiación (25) e incorporación de territorio (26 y 39).
Uno de los aspectos más graves de la Ley ZEDE es que su instalación prepara las condiciones para tomar cada vez más territorio y los municipios terminen por perder jurisdicción sobre su área, advirtió en la capital hondureña el analista político y social, Tomás Andino.
«Si no actuamos ahora vamos a perder lo mejor del territorio nacional», insistió.
Un botón de muestra de la situación en ese asunto de interés nacional la expuso el medio digital Criterio al dar cuenta de que el 23 de marzo directivos de la ZEDE Próspera (en Roatán) aprobaron de manera inconsulta la anexión de Puerto de Satuyé.
Lo contradictorio del caso es que el territorio incorporado pertenece al municipio La Ceiba, en el costeño departamento de Atlántida, totalmente ajeno a la jurisdicción de las Islas de la Bahía.
El vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Antonio García, remarcó el carácter inconstitucional de la Ley Orgánica de las ZEDES y alertó sobre la posibilidad de que sirvan de refugio para personas solicitadas con fines de extradición.
INQUILINOS EN SU PROPIO PAÍS
La bancada parlamentaria de la principal fuerza de oposición hondureña, el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) denunció que: «Las ZEDES representan la entrega/concesión de nuestro territorio a extranjeros, situación que es inconstitucional tal como lo señala el artículo 19 de nuestra Constitución».
En comunicado que divulgó en la red social Twitter bajo el título «Los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio país» el colectivo de 30 legisladores transcribió de manera literal el referido artículo de la carta magna hondureña.
«Ninguna autoridad puede celebrar o ratificar un tratado u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la patria. La responsabilidad en este caso es imprescriptible».
Libre recordó que el proyecto de ley aprobado en 2013 (conocido como diarrea legislativa) jamás fue consensuado con el pueblo hondureño.
El comunicado apuntó que según esa legislación las ZEDES podrán ser de carácter comercial e internacional, minero y forestal o ciudades autónomas sujetas a un sistema jurídico especial, con su propia normativa, cambio de moneda y libre acceso de barcos y aviones sin permiso del Estado.
También dispondrán de como propios de sistemas de salud y educación, seguridad, proceso penal, régimen penitenciario, a lo cual se añade la posibilidad de suscribir tratados internacionales.
«Esto significa que el Estado de Honduras no tendrá ningún papel en el manejo ni la gobernabilidad de dichas concesiones, creando con ellos estados autónomos dentro del Estado de Honduras», advirtió el comunicado de Libre.
Historia Económica de Honduras, un perfil académico en Twitter, indicó que: «Con esto de los ZEDES, les recuerdo que el fundador del Partido Nacional de Honduras, Manuel Bonilla (presidente de la República en los períodos 1903-1907 y 1912-1913) entregó en concesión la Costa Norte de Honduras a principios del siglo pasado, 100 años después, las mismas estructuras siguen en el poder y hacen lo mismo. ¿De qué se asustan?».
Con información de Sputnik
