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Ana Delicado Palacios
El COVID-19 ha venido a alterar todos los órdenes de la vida, y a incidir sobre los estamentos de la sociedad más vulnerables. Lo saben los niños y niñas que trabajan en Argentina, pues uno de cada dos se ha visto obligado a hacerlo durante la pandemia.
Este 2021, declarado por la ONU como «Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil», es testigo de cómo la incursión infantil en el mercado laboral afecta a uno de cada diez infantes de entre 5 y 15 años, y a tres de cada diez adolescentes de entre 16 y 17 años.
El 16 por ciento de los menores de entre 13 y 17 años que trabajan se aboca a tareas en el mercado a cambio de una compensación económica.
Ésta es la conclusión a la que llegó una encuesta elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto con el Ministerio de Trabajo y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
En un país en el que está prohibido que trabajen los menores de 16 años, esta problemática aparece entonces como un efecto rebote. Lo explica a Sputnik la coordinadora del proyecto MAP16 de la OIT en Argentina, Bárbara Perrot.
«Los menores funcionan a veces como un trabajador adicional en los hogares», observa. «Sea porque sus hogares pierden algún ingreso, tienen una caída de ventas o hay una pérdida de trabajo, los niños vienen a compensar esa situación».
Así se evidencia que el trabajo infantil está asociado a la pobreza, que «repercute en hogares más vulnerables y profundiza desigualdad», añade la coordinadora.
IMPACTO DE AYUDAS
La Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes descubrió que el 32 por ciento de los menores de 13 y 17 años que trabajan a cambio de un ingreso y que realizan tareas de cuidado viven en hogares endeudados.
Perrot constata que «en los hogares donde los niños trabajan, hay una caída en los ingresos o hubo una pérdida de empleo».
Es así que «el 56 por ciento de estos hogares en donde los niños trabajan fueron destinatarios de alguna de las ayudas que implementó el Estado», estima la investigadora de la OIT.
Es decir que estas transferencias del Estado contribuyen «a que los niños trabajen en menor magnitud, lo que permite reducir la tasa de trabajo infantil, al igual que hay una menor deserción escolar en los hogares que reciben estas asignaciones».
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una asignación implementada por el Gobierno de Alberto Fernández para los hogares más empobrecidos, tuvo un papel importante en la franja etaria de niños de entre 16 y 17 años.
«Los adolescentes de esa edad se volcaron menos hacia el mercado de trabajo que los niños con hogares que no reciben ese ingreso», advierte Perrot al destacar la importancia de esta asignación.
RUTINA AFECTADA
Al contestar la encuesta, realizada a 2.351 hogares entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre, «la mitad dijo que recibió algún tipo de ayuda con la que compensó la pérdida de ingreso laboral de los adultos del hogar», de acuerdo con la coordinadora de la OIT.
Esas ayudas, en general, van destinada a pagar alimentos o servicios básicos, «que en el contexto de aumento de la pobreza, es donde uno puede ver la mayor necesidad», confirma Perrot.
Uno de cada 10 adolescentes buscó trabajo durante la pandemia, al margen de que ya realizara o no actividades.
«Un porcentaje aún más alto, ocho de cada diez, realiza tareas domésticas», destaca la referente del organismo.
Los niños y adolescentes también padecieron «una sobrecarga de tareas de cuidado dentro del hogar, lo que incidió en sus actividades dadas las restricciones, las dificultades para obtener una oferta pública de servicios de cuidado y los impedimentos de tener la escuela como el espacio como antes se tenía», profundiza.
En suma, sean tareas para el mercado, de cuidado, o de servicio doméstico, éste es un tiempo «que los niños no dedican al ejercicio de sus derechos básicos asociados con la educación, la cultura, el esparcimiento o el ocio», valora Perrot.
«Eso es evidente cuando una piensa en que el impacto de covid-19 se dio fuertemente en mujeres, jóvenes e informales, debido a la inserción precaria o la poca inserción de estos grupos poblacionales», pondera la coordinadora.
La encuesta dejó al descubierto, por otro lado, que el 84 por ciento de los hogares pudo sostener un vínculo con el sistema educativo, frente a un 16 por ciento que no.
En Argentina las clases presenciales estuvieron suspendidas durante todo 2020, pero a medida que avanzó el año se registró una mayor conectividad.
El aumento del trabajo infantil no es un problema aislado del país sudamericano. La investigadora de la OIT alerta de que el trabajo infantil en la región puede aumentar entre un 1 y 3 por ciento.
Con información de Sputnik
