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Alexánder Dunaev
A partir del 1 de julio el Gobierno italiano suspende el programa de reembolso por pagos con tarjeta, que fue introducido para combatir la evasión fiscal, pero se reveló oneroso para el Estado e injusto para los ciudadanos.
El primer ministro italiano Mario Draghi pone en pausa el «cashback», o el reembolso, hasta finales del año. La medida, introducida por su predecesor Giuseppe Conte en diciembre de 2020, preveía una recompensa por las compras efectuadas con tarjetas de crédito o débito en tiendas, almacenes, bares y restaurantes. Haciendo más de 50 pagos en seis meses, el consumidor podía recuperar hasta el 10 por ciento del gasto, a condición de que la suma del reembolso no superase los 150 euros.
El Gobierno dio una gran publicidad al programa, presentándolo como una medida eficaz contra la evasión fiscal que en Italia alcanza la cifra exorbitante de 110.000 millones de euros al año. Al incentivar los pagos electrónicos, las autoridades esperaban reducir el uso del dinero en efectivo, mucho más difícil de controlar para la Hacienda.
Los consumidores más virtuosos incluso podían ganar un premio especial: según prometía el Ejecutivo, los 100.000 ciudadanos con el mayor número de transacciones con tarjetas cobrarían el «super cashback» de 1.500 euros cada seis meses.
UNA MEDIDA REGRESIVA Y COSTOSA
Seis meses después el Gobierno reconoce que el programa de reembolso no trajo los resultados esperados.
En la reunión del Consejo de ministros del 30 de junio Mario Draghi expuso las razones que lo indujeron a suspender la medida. En primer lugar, cuesta demasiado al Estado, el cual, por culpa del coronavirus, vio evaporarse una buena parte de ingresos en forma de impuestos y, al mismo tiempo, tuvo que incrementar drásticamente los gastos para mitigar la crisis pandémica.
El Gobierno tenía previsto asignar unos 4.750 millones de euros a la financiación del programa de cashback que debía durar desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. Sin embargo, ya en los primeros meses las autoridades se dieron cuenta de que producía efectos sociales muy poco deseables.
Según explicó Draghi a los ministros, «el reembolso tiene un carácter regresivo y está destinado a dirigir los recursos hacia las categorías y las zonas del país que se encuentran en mejores condiciones económicas».
Los pagos electrónicos son más frecuentes en las regiones más ricas del Norte del país y, en particular, en las grandes ciudades. Además, resultan más propensos a pagar con medios electrónicos los ciudadanos con una renta media o alta, los cuales preferían la tarjeta al efectivo ya antes de la introducción del reembolso. Dicho de otra manera, son los ciudadanos más adinerados los que reciben los premios por los pagos electrónicos, lo que no hace más que exacerbar las desigualdades sociales.
REACCIONES CONTRADICTORIAS
En el mundo político italiano la decisión de Draghi provocó reacciones muy variadas. El Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas, que el año pasado habían apoyado el reembolso, calificaron de «grave error» su suspensión y pidieron al primer ministro restablecerlo lo antes posible.
Según subrayó el diputado del PD Marco Furfaro, el cashback «estimuló el consumo y para 2025 generaría unos ingresos fiscales de 9.000 millones. Suspenderlo es un regalo para los que lo odiaban por estas razones».
A su vez, los partidos de derecha le aplauden a Draghi. Para Forza Italia el reembolso no era más que una «medida inútil y muy costosa, cuyo efecto más inmediato fue el de favorecer a los que durante meses dividieron en varios tramos el pago de sus compras para aumentar la cantidad de las transacciones y obtener el reembolso».
Aún más duro fue el veredicto de Giorgia Meloni, la jefa del partido Fratelli d»Italia, que tacha el cashback de «una idiotez que nos cuesta 4.000 millones» y de «un intento de controlar a los italianos a cambio de una limosna».
Mientras tanto, el Ejecutivo no hace caso a la polémica entre los partidos y piensa usar el dinero que se ahorrará con la suspensión del reembolso en incentivos sociales. En particular, unos 1.500 millones de euros se destinarán al fondo que el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales planea crear en 2022 a fin de mejorar el funcionamiento de los amortiguadores sociales.
¿Y la lucha contra la evasión fiscal? Con los tiempos de vacas flacas que corren, sigue siendo un objetivo prioritario, pero parece que el Gobierno deberá buscar métodos más eficaces y menos onerosos para combatir este mal endémico.
Con información de Sputnik
