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Alan Fairlie Reinoso
La región latinoamericana viene siendo una de las regiones más golpeadas en el mundo debido a la crisis actual ocasionada por el COVID-19, con una contracción en la economía de alrededor del 7% en promedio y una caída de la inversión del 20%, dado el impacto en las estructuras productivas y el deterioro del mercado laboral, dejando un saldo de 2.7 millones de empresas cerradas y 44 millones de personas desempleadas. Consecuentemente, el número de personas en situación de pobreza ha aumentado en más de 20 millones, equivalente a más de 3 puntos porcentuales respecto al total de la población. Lo mismo sucede con la pobreza extrema, que aumentará en 8 millones en la región. En suma, tal como lo señala la CEPAL, se estima que la región ha sufrido un retroceso de al menos 10 años, puesto que el PIB per cápita del 2020 es similar al alcanzado en el 2010.
La necesidad de llevar a cabo políticas de protección social y atender la emergencia sanitaria ha llevado a nuestros países a la búsqueda de liquidez en grandes cantidades, lo que ha elevado los niveles de endeudamiento de la región, lo que en el mediano plazo puede poner en peligro la sostenibilidad y la capacidad de recuperación de las economías. En ese sentido, el financiamiento para el desarrollo es importante, tanto en el corto plazo (el aumento del gasto público en salud, con especial atención a los grupos más vulnerables, y mantener las políticas de compensación necesarias frente a las medidas de distanciamiento físico); como en el mediano y largo plazo, promoviendo políticas anticíclicas dirigidas al aumento de la inversión pública que transforme la matriz productiva y la torne más ecológica.
Gráfico N.° 1: Regiones en desarrollo: indicadores de deudas seleccionados, 2020
(En porcentajes)
En este contexto, la CEPAL en su reciente informe “Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID 19 y después”, propone una serie de medidas de política que puedan abordar estos desafíos:
• Ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo: muchos de los países han recurrido a las instituciones financieras multilaterales por medio de distintas líneas de crédito para conseguir la liquidez necesaria en estos momentos de crisis. Sin embargo, las brechas de financiamiento son aún bastante amplias y es necesaria una intervención de urgencia de parte del FMI para que se pueda llevar a cabo una emisión masiva de los Derechos Especiales de Giro (DEG), que son activos que permiten aumentar la liquidez de los países en forma proporcional a las cuotas de cada uno, sin generar mayor endeudamiento. Actualmente, las asignaciones acumuladas ascienden a unos 204 mil millones de DEG (equivalente a 282 mil millones de dólares), de los cuales, el 7.6% podrían destinarse a los países de América Latina y el Caribe. Cabe señalar que, a principios de marzo de este año, el G20 decidió aprobar que el FMI realice una nueva emisión de DEG, tal como ya se hizo en el 2009 durante la crisis financiera.
Gráfico N.° 2: Asignación DEG del FMI por región, diciembre de 2020
• Creación de fondos multilaterales financiados por los países desarrollados: adicionalmente a los DEG, los fondos de liquidez pueden ayudar a los países en desarrollo tomando como base criterios más adecuados y en mejores condiciones que otros mecanismos existentes. Un ejemplo, es la propuesta de la CEPAL del Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE), que tiene la finalidad de proporcionar un financiamiento extraordinario a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, para que puedan atender las urgencias sociales y económicas provocadas por la pandemia. El fondo constaría de aproximadamente 516 mil millones de dólares y se canalizarían por medio de la banca multilateral de desarrollo, con préstamos a un plazo de 50 años, con periodo de gracia de 5 años y tasa de interés casi cero. América Latina y el Caribe podría recibir hasta el 12% de los fondos, unos 60 mil millones de dólares.
• Fortalecer la cooperación regional: se debe aumentar la capacidad de préstamo y mejorar la respuesta de parte de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, coordinando de una manera más estrecha con la banca multilateral de desarrollo. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como los bancos de desarrollo subregionales -el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo del Caribe (CARIBANK)- han tenido un rol importante en el financiamiento de programas de emergencia y el otorgamiento de líneas de crédito contingente. Sin embargo, esta capacidad de otorgamiento crediticio debería incrementarse, lo que se puede lograr por medio del aumento de la capitalización, así como la flexibilización de los criterios de préstamo. De igual forma, el Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), ha apoyado a los países miembros en hacer frente a las dificultades que el COVID-19 causó en la balanza de pagos, mediante préstamos y líneas de crédito excepcionales, con plazos que pueden ir hasta los cinco años, con un período de gracia de tres años.
• Reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral: los problemas de liquidez ocasionados por la crisis se pueden convertir en problemas de solvencia, afectando tanto al sector público como el privado. La estabilidad financiera regional y global corren peligro debido a que no existen alternativas que den solución al endeudamiento de países de ingreso medio, los que representan el 96% de la deuda pública de los países en desarrollo (con exclusión de China y la India), además de tener el 75% de la población mundial y aproximadamente el 30% de la demanda agregada del mundo. En ese sentido, se debe profundizar iniciativas de alivio de la deuda, tales como la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, aumentando la escala, el alcance y el plazo de estas. Hasta ahora, solo 3 países de América Latina y el Caribe (Dominica, Granada y Santa Lucía) habían solicitado este alivio. Además, se necesita de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana, el cual permita hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados, y que debería ir junto a la creación de una agencia multilateral de calificación crediticia.
• Aplicar un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo: existen muchos países, sobre todo del Caribe, que están expuestos a peligros constantes relacionados a desastres naturales, los que deberían contar con cláusulas especiales de reestructuración de la de deuda pública. La aplicación de instrumentos innovadores, tales como los bonos vinculados al ingreso nacional ofrecen menores riesgos que los bonos vinculados al PIB, ya que incluyen más elementos externos y evitan que las crisis de liquidez fiscal en los malos tiempos lleven a una suspensión del pago de la deuda.
Se plantea la necesidad de una acción de cooperación multilateral encaminada a la reforma de la arquitectura de la deuda, para que los países puedan atender las obligaciones financieras y aplicar políticas fiscales que no sean restrictivas. Y, que permitan reorientar el gasto público hacia acciones que protejan el bienestar de las personas, la supervivencia de las pequeñas unidades productivas, así como las actividades que sean capaces de crear empleos y que sean sostenibles ambientalmente.
Concordamos con la CEPAL, en que los países de la región necesitarán fuentes de financiamiento externas que les permitan tener la liquidez necesaria para poder atender los problemas económicos y sociales, producto de la pandemia y post pandemia. Por tal motivo, como parte de mi labor parlamentaria, presenté al Parlamento Andino y se aprobó la Recomendación N.° 430: para Promover la Emisión de los Derechos Especiales de Giro como un Mecanismo de Liquidez para los Países en Desarrollo Frente a la Pandemia de la COVID-19. Esta, insta a los países de la región a sumarse al pedido de las agencias multilaterales y otras organizaciones internacionales para que el FMI atienda las necesidades de liquidez de países en desarrollo a través de una asignación ambiciosa y urgente de DEG, como parte de la respuesta global a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Además, apoyar la creación de un nuevo mecanismo mediante el cual aquellos países que no usan sus DEG puedan cederlos a los países con mayor necesidad de recursos, a los fondos de emergencia o de alivio de deuda del FMI, para aumentar la capacidad de alivio financiero de la institución.
