Félix Jiménez
El gobierno insiste en aplicar medidas de recorte de derechos y beneficios sociales para reducir costos laborales y, de este modo, supuestamente estimular la inversión y, por lo tanto, el crecimiento de la producción y el empleo. Así, a pesar de haberse derogado –por presión de los jóvenes– la llamada ley Pulpín, la Comisión de Trabajo y Economía del Congreso acaba de aprobar la propuesta del Ejecutivo de reducción de 10 a 5 el porcentaje de los trabajadores para facilitar los ceses colectivos. También ha aprobado «no considerar como remuneración computable el bono de desempeño no menor al 20% de la remuneración anual del trabajador», lo que significa que no se tomará en cuenta para el cálculo de las gratificaciones, CTS, EsSalud y pensiones de jubilación. Con la misma lógica, los neoliberales del gobierno se oponen al aumento del salario mínimo. Creen que bajando los costos laborales (política del cholo barato), las empresas competirán mejor en los mercados internacionales aumentando, consecuentemente, la producción exportable y el empleo.